lunes 01.06.2020

El Estado frente a las ciudades

Entre los libros leídos este verano, me ha llamado poderosamente la atención  La España de las Ciudades. El Estado frente a la sociedad urbana del periodista J.M. Martí Font. En la misma portada en un ventanilla aparece la siguiente frase del alcalde de Londres Sadiq Khan “Si el siglo XIX fue el siglo del imperio, el siglo XX el de los estados-nación, el siglo XXI es el siglo de los alcaldes y las ciudades, que es donde está la acción”

La idea fundamental la expresa claramente el mismo título. Los Estados tratan de controlar el territorio y consideran a las ciudades como unos rivales en ese objetivo. En España el Estado y la administraciones autonómicas no soportan la competencia de otros poderes paralelos, como en el de las ciudades. Por ello, dotar a las ciudades de personalidad política e institucional, concederles capacidad de gestión y autonomía financiera, supondría renunciar a controlarlas. De ahí, el control asfixiante a nivel presupuestario sobre las ciudades por parte del Ministerio de Hacienda y Administración Pública, dirigido por  el ínclito Cristóbal Montoro, el de la amnistía fiscal, que fue declarada anticonstitucional por el Tribunal Constitucional. 

La Constitución de 1978 no contempla la existencia de ciudades, no tiene ningún capítulo dedicado a ellas. Absortos y preocupados por resolver el problema territorial que planteaban las nacionalidades históricas, fundamentalmente Euskadi, Cataluña y Galicia, los padres de la Constitución establecieron las Comunidades Autónomas, que también se han impregnado de las prácticas del Estado: el control del territorio. No pensaron en el espacio urbano ni en las grandes conurbaciones. Todavía más grave, mantuvieron la obsoleta división provincial de Javier de Burgos de 1833, con sus instituciones del XIX, las diputaciones provinciales. Instituciones que continuamente se habla sobre una hipotética y conveniente desaparición, pero que siguen, al ser un lugar de colocación para muchos políticos sumisos y de segunda fila.

Que las grandes ciudades encajan también mal en la estructura autonómica lo podemos constatar por los siguientes ejemplos. Las tensiones entre Zaragoza y el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Aragón han sido constantes. Mas, tras muchos años de tiras y aflojas el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma aprobó en abril de este año el anteproyecto de la ley de capitalidad, que reconoce el modelo de "ciudad-capital" que el propio Estatuto de Autonomía de 1982 marca para Zaragoza, y que incluye una dotación, por varios conceptos, de 21,5 millones de euros para 2017. Y otro ejemplo fue en Cataluña, ya que en 1987 con Jordi Pujol el Parlament aprobó  la Ley de Ordenación Territorial que eliminaba el Área Metropolitana de Barcelona.

El enfrentamiento de ciudades con otras instituciones estatales o autonómicas con las correspondientes tensiones es, pues, claro. No obstante, se ha incrementado con la llegada de los Comunes tras las elecciones municipales de 2015 a determinados Ayuntamientos. Ayuntamientos que han querido revitalizar las instituciones municipales, al considerar que la escala de los Estados no es la adecuada para enfrentarse a  los muchos y graves problemas de la población urbana, como señalan Antonio Ariño y Juan Romero en su libro La secesión de los ricos.  Para Oriol Nel-lo, las ciudades  tienen que hacer frente a tres retos fundamentales: la desigualdad, la desigualdad y la desigualdad. La recesión ha ocasionado un aumento sin precedentes en las ciudades del desempleo, de la pobreza y la exclusión social. La crisis del sector inmobiliario ha afectado con mayor intensidad a aquellas regiones, en las que el avance del proceso urbanizador había generado mayor actividad y empleo vinculado a la construcción. Pero además las ciudades deben atender a las necesidades de vivienda, educación, deporte, cultura; gestionar grandes infraestructuras de transporte urbano, llevar a cabo políticas de generación de empleo para potenciar la cohesión social. Y existe un tema clave en las ciudades cual es la sostenibilidad ambiental, ya que la contaminación del aire es un problema crucial, que puede servir de claro ejemplo, otro más, de las tensiones entre el Estado y las ciudades, movidos por intereses contrapuestos. Madrid, Barcelona, Valencia, Murcia y Granada superan los límites de óxidos de nitrógeno establecidos por la Unión Europea. Al Estado le da igual, ya que está mucho más preocupado por defender los intereses de la industria del automóvil y sus puestos de trabajo, que por la salud de sus ciudadanos.

Siendo tantas las necesidades de las ciudades no pueden atenderlas por sus estrecheces presupuestarias. Como señala Martí Font, la distribución del gasto público en 1980, antes de que arrancara el proceso de descentralización, era del 88% para el Estado y un 12% para los municipios. Dos décadas más tarde la parte municipal era del 15%. Ahora tras la crisis el reparto es 50%-·38%-12% (Estado-Comunidades Autónomas-Ayuntamientos) y según algunos economistas los entes locales no llegan al 10%. En Suecia el Estado gestiona el 40% del gasto público y el ámbito local el 60%.

Quiero terminar con las palabras de inicio del libro de Martí Font, que nos pueden servir como motivo de reflexión para entender mejor lo expuesto en las líneas precedentes. “Donald Trump no ganó en ninguna ciudad de más de un millón de habitantes. Sus vecinos de Manhattan le detestaban tanto que solo le votó el 10%. Peor aún les cae en Washington, donde obtuvo el 4,1%. En el Reino Unido, los londinenses, al contrario que sus compatriotas, votaron abrumadoramente por seguir en la Unión Europea”.

El Estado frente a las ciudades