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miércoles. 01.02.2023

En esta España nuestra todo huele a podrido, como si fuera un albañal

En 2009, el entonces presidente de Sacyr, Luis del Rivero, se mostró eufórico al haber ganado a los estadounidenses el concurso...

Se ha convertido en noticia estos días que el (GUPC) Grupo Unidos por el Canal, liderado por la empresa española Sacyr (48%), junto con la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña CUSA, que ganaron la puja para determinadas obras de ampliación en el Canal de Panamá  con una oferta de 3.118 millones de dólares, muy inferior al precio de salida estimado por la Autoridad del Canal que era en 2006 de 3.481, amenazan con paralizar las obras, si esta no compensa con 1.200 millones de dólares extra.

Conviene hacer un poco de historia. En 2009, el entonces presidente de la constructora española Sacyr, Luis del Rivero, se mostró eufórico al haber ganado a los estadounidenses el concurso. Llegó a cantar al estilo futbolístico “Así, así, así gana Sacyr”. La oferta de Sacyr fue la más barata, cuando los demás competidores presupuestaban casi el doble. En aquel entonces, los competidores manifestaron sus dudas de que el proyecto se pudiera llevar a cabo por ese presupuesto. El Gobierno de Zapatero presionó para que la adjudicación del conocido como “contrato grande”, fuera a parar a manos españolas. La operación comenzó en el año 2007 con un viaje a Centroamérica. El 18 de julio de ese año, José Luis Rodríguez Zapatero acudió a Panamá acompañado por los presidentes de las principales constructoras: FCC, Acciona, Ferrovial, Adesa, Isolux, OHL y Sacyr-Vallehermoso. El viaje de ZP fue para defender los intereses de unas constructoras españolas privadas, no de la ciudadanía española. Lo mismo que está haciendo ahora la ministra de Fomento en Panamá. 

Sacyr confiaba en repetir en Panamá el modelo de puja habitual en España en los grandes concurso públicos: asegurarse la contrata ofreciendo un precio ínfimo (conocido en el sector con el nombre de “baja temeraria”) y negociar, recurriendo incluso a la presión, como acabamos de ver con la paralización de las obras, un ajuste al alza con las autoridades locales, alegando desviaciones imprevistas de costes, aprovechando conexiones personales o en otras vías, vinculadas con la corrupción. Sacyr para ganar el concurso ya jugó la baza de incorporar a su consorcio a una empresa panameña, CUSA, una constructora propiedad de la familia del presidente de la Autoridad del Canal que adjudicaba las obras.

Estas prácticas han sido, reitero, las usuales en la política española. Y han sido así, por la confabulación mafiosa entre las grandes constructoras con el mundo de la alta política. Si pujaban por debajo del precio de licitación era porque sus contactos políticos les garantizaban que las administraciones que adjudicaban las obras aceptarían luego la revisión al alza de los precios. Las pequeñas empresas que no cuentan con estos contactos no podían pujar con precios tan bajos.  Por ello, toda la geografía española está salpicada de grandes obras públicas realizadas por estas grandes constructoras, que han superado con creces el presupuesto inicial. En Aragón, se denunció hace meses ante los juzgados el abono de supuestos sobreprecios irregulares desde  Plaza, la Plataforma logística  en Zaragoza, a empresas por valor de 15 millones de euros. El presupuesto inicial para el soterramiento de la M-30 de Madrid fue de 1.700 millones de euros, después pasó a 3.500 y acabó costando más de 6.000: casi cuatro veces más. La terminal T-4 de Barajas pasó de 1.033 a 6.200 millones, cinco veces más. La ampliación del aeropuerto de El Prat duplicó su precio, de 1.471 millones a más de 3.000. El AVE entre Madrid y Barcelona costó un 31,4% más de lo previsto, 1.400 millones más. Y la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia pasó de 308 millones a 1.282, cuatro veces más. La construcción del AVE ha costado 50.000 millones de euros. No quiero llegar a pensar en la cantidad de millones de dinero público que se han ido por un sumidero en sobrecostos, mordidas y comisiones. Y todos esos millones robados a las arcas públicas, hoy forman parte de la deuda pública, mas deberían estar claramente incluidos en lo que se llama deuda odiosa, por lo que no la deberíamos pagar los ciudadanos.

Esta lamentable situación tiene un porqué. En la capital del Estado pululan unas élites financieras, empresariales, mediáticas y políticas perfectamente ensambladas e interconectadas entre sí e inaccesibles para otros sectores de la sociedad, que comparten unos mismos intereses y tratan no solo de mantenerlos, sino también de acrecentarlos. Determinados políticos forman parte de los consejos de administración de las grandes empresas, de los grandes bancos, de las grandes constructoras, en pago por los servicios prestados, conseguidos muchas veces producto de la corrupción. Aquí en la capital del Estado es donde se toman las grandes decisiones de política económica. Como el reparto, cual si fuera un botín, de las grandes obras públicas, como estamos viendo, para beneficio de estas grandes empresas constructoras. A estas élites se les podría aplicar perfectamente un concepto mediático de éxito reciente, el de “élites extractivas”, divulgado por los economistas Daron Acemoglu y James A. Robinson  en su libro Por qué fracasan los países. Estas élites, son aquellas que se despreocupan totalmente del bien común y dedican exclusivamente sus esfuerzos a su propio bienestar y al del grupo al que pertenecen. Las instituciones extractivas concentran el poder en manos de una élite reducida. Estas élites establecen un sistema de captura de rentas que les permite, sin crear riqueza, detraer rentas de la mayor parte de la ciudadanía en beneficio propio. Por supuesto, no creo sea necesario señalar que esas élites empresariales donaban dinero a las cajas B de los dos grandes partidos. Todo esto es corrupción. Todo esto es podredumbre.  Esto es lo más parecido a un pozo negro.

Lo explica muy bien también todo esto Cesar Molinas en su libro encomiable Qué hacer con España “Desde que a Felipe II se le ocurrió colocar la capital en Madrid, la única razón para ir a Madrid era ver al rey. Y a verle iban porque, como gusta en señalar Luis Garicano, las únicas maneras de ser rico en España eran ser hijo de rico o estar próximo al rey. Al calor de la corte se desarrolló en España un capitalismo castizo, mal llamado capitalismo financiero, basado en la captura de rentas y en la proximidad al poder, que es típicamente madrileño y que sigue siendo hoy día la forma de capitalismo dominante en nuestro país. Hay una continuidad histórica, de concepción de los negocios y del mundo, entre personajes decimonónicos como Fernando Muñoz, el general Serrano y el marqués de Salamanca, por una parte, y los que hoy se sientan en el palco del Santiago Bernabeu, por otra. Es una misma manera de prosperar por el favor del poder político, gracias al BOE, que se ha mantenido inalterada a lo largo de los siglos.

Hasta ahora he procurado mantener cierta compostura en mis palabras. Como estoy al final, voy a tomarme la licencia de calificar a estas élites de auténticos buitres, que con una voracidad insaciable se han enriquecido vergonzosamente a costa de haber llevado a buena parte de la ciudadanía a un autentico genocidio social. En  esta España nuestra todo huele a podrido, como si fuera un albañal.

Por ello me parecen muy oportuna la pregunta que se hizo Manuel Azaña en una conferencia pronunciada el día 4 de febrero de 1911 en la Casa del Pueblo de Alcalá de Henares, titulada El problema español: ¿Vamos a consentir que la inmensa manada de vividores, de los advenedizos manchados de cieno usurpe la representación de un pueblo y lo destroce para saciar su codicia? En nuestras manos está.

En esta España nuestra todo huele a podrido, como si fuera un albañal