Como otras veces, nuestra clase política trata de alcanzar un Pacto educativo, para dar una estabilidad a nuestro sistema educativo y evitar que esté inmerso en un continuo cambio legislativo. Eso sí, todos los partidos políticos aducen la trascendencia de la educación, como instrumento clave para salir de la crisis. Tendría un poder taumatúrgico para transformar nuestra sociedad; para combatir la crisis económica, el cambio climático, la droga, el sexismo, la xenofobia, el desempleo, la enfermedad, los accidentes de tráfico, etc. Con ello se demuestra la impotencia de la política. En lugar de plantearnos las reformas necesarias en el ámbito del trabajo, la cultura, la salud, el cambio climático... buscamos un mediador neutro que convierta esos retos, en una responsabilidad individual en lugar de una tarea colectiva. Desde ese punto de vista la educación te capacitaría para ser un trabajador responsable, creativo, competitivo, solidario, consumidor responsable, ciudadano crítico.
No han empezado bien el proyecto de este gran Pacto, ya que el simple nombre del pacto educativo ha dado lugar a discusiones políticas interminables. De "Pacto Nacional" se pasó a "gran Pacto de Estado" y, finalmente, a "gran Pacto de Estado Social y Político por la Educación", para que la comunidad educativa no se sintiera excluida. Pero a los partidos nacionalistas sigue sin gustarles esta denominación porque tienen miedo de que la nueva ley "legisle pensando que hay una única España. La Comisión de Educación del Congreso ha aprobado una subcomisión que tiene como finalidad poner las bases del pacto educativo, y que ha sido aprobada con 26 votos a favor y 11 abstenciones, las de Unidos Podemos, ERC, PNV, PdeCat (la antigua Convergència) y Bildu. La subcomisión, tendrá como misión la elaboración de un informe de diagnóstico y conclusiones sobre el sistema educativo en un plazo de seis meses. El documento servirá de base para que el Gobierno redacte un proyecto de ley que "sustituya" la actual normativa y "dé estabilidad" a la política educativa.
Dudo mucho que a este gran Pacto de Estado Social y Político por la Educación se sumen todas las fuerzas políticas por diferentes razones, sobre una de ellas me extiendo más adelante. Ya sabemos que no fue posible recientemente con el ministro de Educación, Ángel Gabilondo y posiblemente no lo fue porque todo aquello que se haga en el ámbito educativo es para pasado mañana, y nuestra sociedad, sobre todo la clase política, está volcada en lo inmediato, en el corto plazo.
Unas consideraciones previas. Tengo la impresión de que el partido socialista carece hoy de un proyecto educativo claro y convincente. Parece reducirse a la reimplantación de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, reducir las horas de Religión. Y poco más. En cambio, la derecha ha construido un claro discurso en el ámbito educativo, basado en la calidad de la enseñanza, la libertad de elección de centro, la defensa de la excelencia, la competitividad entre los centros, la evaluación, etc. Nos gusten o no sus planteamientos, están ahí y los tienen muy claros.
La rivalidad entre la enseñanza pública y privada ha sido una fuente continua de tensiones en nuestra historia. Hoy prácticamente ha desaparecido del debate político, salvo por parte de Podemos e IU. En el Programa de Podemos se señala: “La oferta de plazas escolares concertadas seguirá financiándose con recursos públicos solo en los casos en que sea necesario, es decir, debido a una insuficiencia de la oferta en la red pública (con el fin de paliar estas insuficiencias, se incrementará progresivamente el porcentaje de los fondos públicos destinados a la red pública”. En el Programa de Unidad Popular se especifica claramente “Moratoria inmediata de los Conciertos educativos, paralela a un plan de supresión progresiva”.
El PSOE, una vez llegado al poder, renunció a su programa primitivo expuesto en su XXVII congreso de 1976, todavía en la clandestinidad, de defensa de la escuela pública única, lo que significaba la progresiva desaparición de la enseñanza privada. De acuerdo con el artículo 27 de nuestra Carta Magna, la LODE, Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación, en su preámbulo distingue los centros privados y los sostenidos con fondos públicos, y en estos, los privados concertados y los de titularidad pública. Y su artículo 51.1.: "El régimen de conciertos que se establece implica, por parte de los titulares de los centros, la obligación de impartir gratuitamente las enseñanzas objeto de los mismos". Situación que legalmente se mantiene. La LOE, Ley Orgánica 2/2006, de Educación, modificada por la LOMCE, Ley Orgánica 8/2013, para la Mejora de la Calidad Educativa, su artículo 88.1, dedicado a las garantías de gratuidad, dice: "Para garantizar la posibilidad de escolarizar a todos los alumnos sin discriminación por motivos socioeconómicos, en ningún caso podrán los centros públicos o privados concertados percibir cantidades de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito...". Mas la realidad es que en los colegios concertados existen las "cuotas convenidas" o "aportaciones voluntarias" pagadas al APA pero destinadas al centro. Son voluntarias, pero si no las pagas puedes sufrir represalias. Todo ello significa medidas segregadoras para evitar el acceso a determinados colectivos de alumnos: minorías étnicas, emigrantes, alumnos con necesidades educativas especiales. Es una práctica generalizada e innegable, con un claro incumplimiento de la ley.
Cuando se implantaron los conciertos en 1985 se justificaron porque toda la demanda educativa no la podía asumir la enseñanza pública, por lo cual tendrían un carácter subsidiario y provisional, hasta que pudiera asumirla la pública. Mas, como estamos constatando la concertada no solo no decrece sino que aumenta cada vez más su oferta a costa de la pública, hecho del que son responsables tanto los gobiernos del PP y del PSOE. Por eso, cuando Pablo Iglesias dijo en un programa de televisión que, en su opinión, la enseñanza concertada debía ser eliminada para quedar reducida a situaciones experimentales, la respuesta de un dirigente de la UGT fue: “Es una utopía, es irrealizable”.
Por tanto la realidad es la que es. Según César Rendueles en su artículo Reescolarizar la escuela, nuestro sistema educativo en el tramo obligatorio acarrea una anomalía insólita en los países de nuestro entorno: el sistema de los conciertos educativos. Alrededor del 32% de los escolares españoles de primaria y secundaria acuden en colegios de gestión privada, en su gran mayoría subvencionados con fondos públicos. Las familias clientes de esta red privada y concertada son mayoritariamente de clase media-alta, con mayor estatus social y cultural. Es un pilar básico de estos privilegiados. La gran beneficiaria de los conciertos es la iglesia católica aunque se mostró reacia a las condiciones legales exigidas para los conciertos. El Estado se ha puesto al servicio de la clase media-alta con los conciertos, la cual en sus centros concertados ha podido eliminar los problemas asociados a la escolarización de las clases populares- En España la red pública escolariza el 85% de los emigrantes, mientras los privados y concertados el 15%. Como la mayoría de los concertados tienen un ideario cristiano no parece muy evangélico tal proceder. Ni el PSOE ni el PP se han planteado nunca la incorporación de los centros concertados a la red pública, sobre todo por razones políticas. Que no lo haga el PP es lógico, pero que tampoco lo haga el PSOE no lo es, si sigue siendo un partido socialista. Un partido socialista debería inclinarse claramente por la enseñanza pública y tratar de incorporar los centros concertados a la red pública, que al ser más integradora, plural, intercultural, laica, participativa, democrática e igualitaria, es uno de los ejes básicos de vertebración de una sociedad.
Según el Colectivo Lorenzo Luzuriaga: “Los sistemas educativos públicos bien podrían seguir siendo una palanca, en los Estados que decidan utilizarla, para reducir los riesgos de la creciente desigualdad y exclusión social, para favorecer el sentimiento de identidad colectiva múltiple, fomentar una lealtad plural a diversas comunidades que conviven en un mismo territorio, y promover la mezcla positiva de diversas culturas”.
Además de razones políticas en el tema de los conciertos hay otro aspecto estrictamente económico a tener en cuenta y más en estos momentos de austeridad. Para ello me serviré de un Informe del sindicato CGT recién publicado sobre los Conciertos educativos en la ciudad de Zaragoza. He extraído los puntos fundamentales.
Durante los últimos cinco años se ha producido el cierre de casi un centenar de aulas en la Escuela Pública Aragonesa. La Administración alegó que eran debido a la evolución demográfica o a la necesidad de llevar a cabo recortes en materia educativa. Sin embargo, estos argumentos no fueron válidos ni aplicados en las aulas concertadas de los colegios privados. Por ello, resulta llamativo, cuando no escandaloso, que la decisión política adoptada haya sido el cierre de aulas en los colegios públicos al tiempo que se realizaban nuevos conciertos con entidades privadas -Ánfora, Virgen de Guadalupe, entre otros ejemplos-.
En vista que en este curso se renuevan los conciertos educativos (el proceso de renovación se realiza cada 6 años), la Administración tiene la posibilidad de reducir los conciertos educativos a los estrictamente necesarios para completar la oferta educativa allá donde la escuela pública no sea capaz de cubrir toda la demanda.
Por tanto, consideran de vital importancia que el gasto educativo se realice de forma racional, de modo que no se desperdicien recursos que bien utilizados traerían una mejora de la educación pública. El informe comprueba dónde existe una redundancia de la oferta educativa en Zaragoza y, lógicamente, un desperdicio de recursos públicos. Dicho de otro modo, se daría una situación similar si un hospital público tuviera decenas de camas vacías listas para ser usadas y al mismo tiempo se destinasen millones de euros para disponer de camas en un hospital privado. Los datos utilizados son los aportados por la Administración educativa en la Comisión de Escolarización de la ciudad de Zaragoza para el curso 2016-20117.
La conclusión a la que llegan es clara y contundente. Un total de 41 aulas no deberían ser concertadas de nuevo en favor de una buena administración de los recursos públicos en la Comunidad.
Al mismo tiempo, la Administración podría dedicar estas cantidades de dinero ahorradas directamente a la mejora de la calidad educativa en los cursos en los que se produce el ahorro.
A modo de ejemplo, los 823.490 euros del primer año equivaldrían a:
1) Aumentar en 60 el número de técnicos auxiliares de Educación Infantil. En la actualidad en Aragón hay solo 80.
2) 956 nuevas becas de comedor.
3) 5143 becas de material escolar.
4) 32920 libros para las bibliotecas de los colegios
5) Contratar 24 profesores extra de apoyo en educación infantil.
6) 102 auxiliares de conversación nativos.
Añaden que el ahorro es sumativo y, por tanto, el primer año podríamos hacer uno de estos seis ejemplos, pero el sexto año se podrían hacer todos a la vez.
Se puede decir que los alumnos aragoneses padecen una merma en la calidad de la educación que reciben debido a la existencia de conciertos educativos no necesarios con un coste anual de 5.000.000 de euros.