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martes 24/5/22

Un ejercicio de Historia contrafactual sobre el problema de Cataluña

La historia contrafactual  consiste en imaginar escenarios alternativos que respondan a la pregunta, ¿qué hubiera pasado si? Muchos historiadores la critican duramente, considerándola como un mero ejercicio de salón, una patraña ahistórica, juegos inconsecuentes, pura literatura, basura imposible de respetar académicamente, como también que “la historia no conoce el si”. El historiador británico E.H. Carr afirmó: “La historia es el registro de lo que la gente hizo, no de lo que dejó de hacer”. Y estos calificativos tan negativos pueden deberse a que los historiadores tratan de explicar el pasado histórico de una manera total y definitiva. El golpe militar frustrado que fue el origen de la Guerra Civil española sobrevino inevitablemente, porque se habían acumulado unos condicionantes previos. De manera que no podía ocurrir otra cosa diferente a la que ocurrió. Mas, los acontecimientos humanos son mucho más complejos, ya que no se pueden predecir de una manera determinista, tal como señala el marxismo y la escuela de los Anales. La historia contrafactual es interesante metodológicamente, al obligarnos a pensar en las distintas posibilidades que han existido en un momento determinado. De esa forma, captamos mejor la incertidumbre y la fluidez del pasado, y así lo entendemos mejor como proceso impredecible, incierto y, hasta un punto, abierto. Y si finalmente tomó un acontecimiento histórico una dirección determinada pudo deberse a una cuestión meramente accidental o una decisión personal. ¿Con una postura hacia Cataluña más abierta y dialogante del PP estaríamos en la situación actual? Entiendo que no. Trataré de explicarlo.

Nunca los populares se han mostrado comprensivos y abiertos hacia los nacionalismos  periféricos, incluido el catalán. En cambio, ha habido otras posturas muy diferentes, como la expresada por Azaña en tiempos de la II República en un discurso pronunciado en el Congreso de los Diputados el 27 de mayo de 1932. Dice textualmente: No se puede entender la autonomía, si no nos libramos de una preocupación: que las regiones autónomas-no digo Cataluña-, las regiones, después que tengan la autonomía, no son el extranjero; son España, tan España como lo son hoy; quizá más, porque estarían más contentas. No son el extranjero; por consiguiente, no hay que tomar respecto de las regiones autónomas las precauciones que se tomarían con un país extranjero, con el cual acabásemos de ajustar la paz, para la defensa de los intereses españoles. No es eso. Y, además, esta otra cosa: que votadas las autonomías y creados los Gobiernos autónomos, el organismo del gobierno de la región-en el caso de Cataluña la Generalidad- es una parte del Estado español, no es un organismo rival, sino una parte integrante de la organización del Estado de la República española. Y mientras esto no se comprenda así, señores diputados, no entenderá nadie lo que es la autonomía. Además la creación de las autonomías yo nos la voto para quitarme un quebradero de cabeza; no es eso. Se votan los regímenes autónomos en España, primero para fomento, desarrollo y prosperidad de los recursos morales y materiales de la región, y, segundo, por consecuencia de lo anterior, para fomento, prosperidad y auge de toda España. Impresiona semejante forma de pensar de hace 85 años.

Por tanto entra en la lógica del pensamiento político de Azaña lo siguiente: Cataluña dice, los catalanes dicen: “Queremos vivir de otra manera dentro del Estado español”. La pretensión es legítima. Este es el problema y no otro alguno. Se me dirá que el problema es difícil, ¡Ah!, yo no sé  si es difícil o fácil, eso no lo sé; pero nuestro deber es resolverlo, sea difícil, sea fácil. Se podría suprimir el problema, de dos maneras. Una, como quieren los extremistas de allá y de acá: separando a Cataluña de España; pero esto, sin que fuese seguro que Cataluña cumpliese su destino, dejaría a España frustrada en su propio destino. Y la otra sería aplastar a Cataluña, con lo cual, sobre desarraigar del suelo español una planta vital, España quedaría frustrada en su interés y su justicia. Hay, pues, que resolverlo dentro de los cauces políticos..

Pero Azaña liberal como es va todavía más lejos, al defender cuando menos en dos ocasiones, del derecho de secesión para Cataluña, aunque esa defensa se produzca con anterioridad a la aprobación de la Constitución de 1931. En un discurso de 17 de julio de 1931, dice: «Nuestro lema, amigos y correligionarios, no puede ser más que el de la libertad para todos los hispánicos, y si alguno no quiere estar en el solar común, que no esté». Más explícito fue ante audiencia catalana, en 1930: «Y he de deciros también que si algún día dominara en Cataluña otra voluntad y resolviera remar ella sola su navío, sería justo el permitirlo y nuestro deber consistiría en dejaros en paz, con el menor perjuicio posible para unos y otros, y desearos buena suerte, hasta que cicatrizada la herida, pudiéramos establecer al menos relaciones de buenos vecinos».

También es cierto que la postura de Azaña respecto hacia el nacionalismo catalán cambió radicalmente tras el estallido de la guerra civil por su ataque al Estado español, tal como manifestó en La Velada de Benicarló.

En cambio, los dirigentes del PP en lugar de tender puentes hacia Cataluña, lo que han hecho es dinamitarlos a cañonazos verbales. Tarea a la que se han sumado la prensa madrileña, para la cual España acaba en la M-·30. 

El 11 de junio de 2005 convocó el PP una manifestación en la ciudad de Salamanca, para protestar la decisión del Gobierno de ZP de devolver documentos del Archivo de la Guerra Civil a la Generalitat de Cataluña. La pancarta de cabecera, de ocho metros de largo y uno de alto, lució el lema: “Por nuestros valores. Por nuestra historia común. Por nuestra dignidad”. El PP movió los instintos más primarios de sus correligionarios, recurriendo al anticatalanismo más primitivo. ¡Qué fácil es así mover a las masas¡ ¡Qué desmantelan el Archivo¡ ¡El culpable es Carod Rovira¡ Toda la documentación que se iba a traspasar a Cataluña era el 3% del total, con el beneplácito de la Comisión de expertos. Por cierto, no sin antes dejarla convenientemente microfilmada. Además Cataluña proporcionaría más documentación, de la propia. El Archivo no sólo no se iba  a desmantelar, todo lo contrario, iba a ver incrementados sus fondos. Esa documentación del 3% era catalana, ya que está escrita en catalán. Además de estar en catalán, se ha generado por instituciones, como la Generalitat, o por partidos políticos catalanes; como también hay documentación de particulares catalanes. Toda se llevó a Salamanca, como botín de guerra, con la finalidad de ejercer una de las represiones más duras que se han hecho nunca en nuestro país. Que se devolviera a sus auténticos propietarios era de justicia y de sentido común. Se debería haber hecho mucho antes. Es una deuda contraída con Cataluña. También los catalanes tienen su dignidad. Actuaciones como las comentadas generó que  una institución de la derecha catalana, como es el Círculo Ecuestre, su presidente Manuel Carreras, le manifestara a Rajoy unas palabras muy duras: No nos gusta ver al PP en los extremismos, se debe evitar la fractura entre Cataluña y España, aunque le reporte votos en otros lugares, no pueden mantenerse dos  años más una situación como ésta.

Nada más que se inició el proceso de reforma del Estatuto de Cataluña la actitud beligerante del PP fue una constante. El 30 de septiembre de 2005 el Parlamento de Cataluña aprobó el proyecto del nuevo Estatuto, el tercero de su historia, con  120 votos, el 88%  de la cámara, a favor de CiU, PSC, ERC e ICV, y 15 en contra del PPC. El Estatuto  se remitió hacia Madrid, para ser debatido y aprobado en el Congreso de los Diputados.

El PP solicitó a la Mesa del Congreso de los Diputados la paralización de la tramitación del Estatuto catalán con los mismos argumentos que esgrimió cuando le tocó el turno al 'Plan Ibarretxe'. Mariano Rajoy, afirmó que el Estatuto de Cataluña era una "tropelía" y advirtió de que si el texto se aprobaba en las Cortes tal y como había salido del Parlamento autonómico "iba a provocar conflictos y que iría al Tribunal Constitucional". Añadió  que el texto catalán era una "injusticia que se cometía con el pueblo de Cataluña" y "una tropelía producida por unos irresponsables, empezando por el presidente del Gobierno", José Luis Rodríguez Zapatero.

El 2 de noviembre de 2005, tras diez horas de debate, el Congreso de los Diputados aceptó tomar en consideración el proyecto de reforma del Estatuto. Ese mismo día el PP presentó un recurso ante el TC por el hecho de que se tramitara el texto como reforma estatutaria y no constitucional. En marzo de 2006 el TC rechazó la admisión a trámite del recurso. 

El 21 de enero de 2006, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se reunió en secreto con el líder de CiU, Artur Mas. En el encuentro alcanzaron un acuerdo "global" que preveía incluir el término "nación" en el preámbulo, y no en el primer artículo como en el texto del Parlamento catalán, y definir Cataluña como "nacionalidad" en el articulado. Además, pactaron la creación de una Agencia Tributaria propia y la cesión del 50% de los impuestos.

El 31 de enero de 2006, Mariano Rajoy, inició en Cádiz una campaña de recogida de firmas para pedir que se celebrase un referéndum sobre el Estatuto a nivel nacional. Hubo una concentración en Madrid,  delante de la Puerta del Sol, kilómetro cero, de donde salen en sentido radial todas las carreteras de España; se leyeron 19 artículos, elegidos ex profeso, de la Constitución por representantes de cada una de las entidades autonómicas; el segundo leído por el catalán Enric Jardí: “La constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre ellas”. Como colofón Mariano Rajoy proclamó que la única nación era la española.

El 21 de marzo de 2006, la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados aprobó el texto completo con la oposición del PP y de ERC, después de que esta última formación hubiera votado a favor del texto que salió del Parlamento catalán. Se eliminaron los artículos sobre las selecciones deportivas catalanas, la transferencia de puertos y aeropuertos a la Generalitat, la gestión de estos y sobre que Cataluña se convierta en una circunscripción electoral independiente en las elecciones al Parlamento Europeo.

El 30 de marzo de 2006, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó la reforma del Estatuto con 189 votos a favor (PSOE, CiU, PNV, IU-ICV, CC-NC y BNG), 154 en contra (PP, ERC y EA) y dos abstenciones (CHA y Nafarroa-Bai). El PP votó en contra por entender que el texto era inconstitucional mientras que los republicanos catalanes se opusieron por creer que el documento era "exiguo" en comparación con la propuesta original del Parlamento catalán.

El 25 de abril de 2006, el PP presentó en el Congreso de los Diputados la petición de referéndum sobre el Estatuto de Cataluña en toda España, acompañado de cuatro millones de firmas. La Cámara la rechazó el 16 de mayo.

El 10 de mayo de 2006, las Cortes Generales dieron luz verde definitiva al Estatuto, cuando el Pleno del Senado lo aprobó sin introducir cambios con 128 votos a favor (PSOE, CiU, PSC, ICV, PNV, CC, IU y BNG), 125 en contra (PP) y seis abstenciones (ERC, PAR y EA).

 El 18 de junio de 2006 Cataluña acudió a las urnas para votar su nuevo Estatuto. El texto fue aprobado con el apoyo del 72,9% de los votos. Uno de cada dos catalanes con derecho al voto se quedó en casa. La abstención alcanzó el 50,58%.

El 31 de julio de 2006, El PP presentó un recurso de inconstitucionalidad ante al Tribunal  Constitucional contra el nuevo Estatuto de Cataluña al que calificó de "Constitución paralela". Entre los aspectos que pidió al Tribunal Constitucional que eliminase estaba la definición de Cataluña como "nación" y el "deber" de saber catalán. El del PP es el primer recurso de los siete que se presentaron contra el texto.

El 9 de agosto de 2006 entró en vigor el nuevo Estatuto tras su publicación el 20 de julio en el BOE y el DOGC (LO 6/2006, de 19 de julio).

El 28 de septiembre de 2006 el TC admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Partido Popular.

El 28 de junio de 2010 el pleno del TC aprobó después de tres años y medio de deliberaciones la sentencia sobre el Estatuto de Cataluña por seis votos a cuatro. El texto avaló la mayoría de los artículos impugnados por el PP a cinco meses de las elecciones catalanas. Así, el texto declaró inconstitucional14 artículos -algunos de ellos referidos a la creación de un poder judicial catalán- interpretó en torno a otros 24 y avaló el resto de los 245 artículos y disposiciones con los que cuenta el texto catalán.

El 9 de julio de 2010 el TC notificó la sentencia, dejando claro que se puede hablar de nación como una "realidad cultural, histórica, lingüística, sociológica y hasta religiosa", pero "la nación que aquí importa es única y exclusivamente la nación en sentido jurídico- constitucional".

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Como conclusión en todo este proceso del Estatuto de Cataluña, entiendo que ha sido un ejemplo claro irresponsabilidad política por parte del PP. Le dio igual que la propuesta de reforma fuera hecha por el 88% de los diputados del Parlamento catalán. Y una vez aprobado en las Cortes españoles y ratificado en referéndum por el pueblo catalán, todo un ejercicio democrático, presentó y mantuvo el recurso de inconstitucionalidad, basado en determinas cuestiones que las aceptó en las reformas estatutarias de otras comunidades autónomas. Obviamente, actuaciones de este tipo generan muchas reticencias y resquemores en Cataluña, fomentando los sentimientos independentistas entre la población catalana.  Luego llegaron las manifestaciones millonarias en Cataluña en defensa del Estatuto, a las que calificó Rajoy “algarabías”. Según el Diccionario de la Lengua española de la RAE: Gritería confusa de varias personas que hablan a un tiempo. Posteriormente el recurso en exclusividad a los tribunales, excluyendo cualquier solución política.

Planteo de nuevo la pregunta: ¿Con una postura hacia Cataluña más abierta y dialogante del PP estaríamos en la situación actual? Cada cual puede responder lo que le parezca oportuno.

Un ejercicio de Historia contrafactual sobre el problema de Cataluña