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miércoles. 10.08.2022

La cuestión de la “Auditoría de la Deuda Pública” en los diferentes programas electorales

Una de las cuestiones clave de nuestra actual situación económica es la deuda pública, que en el mes de marzo...

Una de las cuestiones clave de nuestra actual situación económica es la deuda pública, que en el mes de marzo llegó a los 990.466 millones de euros, un 96,8% del PIB, según los datos actualizados por el Banco de España. Según la serie histórica de la entidad supervisora, que arranca en 1990, es el nivel más alto de deuda pública al que ha llegado el país. La previsión del Gobierno es que la deuda de las administraciones alcance un 99,5% del PIB a cierre de año.

Todo el discurso político del gobierno del PP se basa en la prioridad absoluta de reducir la deuda pública. Totalmente falso. Reduciendo la deuda, nos dicen que llegará el crecimiento económico, al aflorar más capital para la empresa privada que es la que en definitiva crea empleo. Cada vez estoy más convencido de que a los gobiernos del PP la deuda no les preocupa en absoluto. Ya lo dije en un artículo anterior, pero conviene recordar por su trascendencia. Maurizio Lazzarato nos explica en su impresionante libro La fábrica del hombre endeudado que la deuda actúa como mecanismo de "captura", "depredación" y "extracción" con respecto a la sociedad en su conjunto, como un instrumento de mandato y gestión macroeconómicos y como mecanismo de redistribución de la renta. La deuda implica además un determinado tipo de relación con el poder, ya que al hombre endeudado se le obliga a interiorizar la culpa de haberla contraído, y el asumir la promesa de satisfacerla, de lo contrario será castigado duramente. El neoliberalismo, desde su aparición, ha descansado sobre la lógica de la deuda y ahora más todavía. Los grupos de poder vinculados a la economía de la deuda se han servido de la reciente crisis financiera como la ocasión perfecta para extender y profundizar en la política neoliberal. Amenazando con una visión apocalíptica del impago de la deuda soberana, los grupos de poder perseveran y profundizan en un programa con el que llevan soñando desde los años setenta del siglo XX: reducir salarios y pensiones al mínimo imprescindible, eliminar derechos socio-laborales y recortar el Estado de bienestar. No hará  falta señalar quiénes son los grandes beneficiarios de la deuda pública.

Mas, supongo que si los españoles tenemos que pagar esa deuda con el incremento de nuestros impuestos, recortes de nuestros salarios  y de nuestras prestaciones del Estado de bienestar, entre otros sacrificios, tenemos derecho -¡qué menos!- a conocer el origen de esta deuda. Debemos saber por qué, para qué, por quiénes y cómo se contrajo la deuda, el montante, las condiciones, tipos de interés, plazos de devolución, garantías, avales, o, por otro lado, a qué se dedicó la financiación. En definitiva, una auditoría veraz de la deuda pública, realizada por una comisión de expertos. Y así podríamos conocer el porcentaje de deuda odiosa o ilegítima. Este concepto se atribuye a un jurista y profesor de derecho financiero, Alexander Sack, que en 1921 publicó un tratado denominado Los efectos de las transformaciones de los Estados sobre sus deudas públicas y otras obligaciones financieras, donde sostenía que una deuda es ilegítima cuando se dan tres circunstancias: que se ha comprometido sin el conocimiento de los ciudadanos (o sus representantes); que se ha gastado en actividades que no redundan en beneficio del pueblo; y que los prestamistas (los bancos) son conscientes de esta doble situación anterior. Obviamente en estricta justicia, el Estado español, es decir todos los españoles estaríamos exentos de pagar esa deuda odiosa, aunque tendríamos que exigir responsabilidades a quienes la contrajeron, y que han causado y los siguen causando tantos sufrimientos a tantos españoles. Hace falta voluntad política, como la hubo  en el  Ecuador de Correa donde se creó una Comisión de Auditoría de la Deuda en julio de 2007 para analizar la deuda en el periodo 1976 – 2006.

Dicho lo cual, me he tomado la licencia de repasar los programas de las principales candidaturas para las elecciones al Parlamento europeo del 25-M y ver si aparece o no la cuestión de la auditoría a la deuda pública.

- Ni que decir tiene que en los programas del PP, UPD, la Coalición por Europa (CIU, PNV, Coalición Canaria..) no se hace mención alguna a una auditoría de la deuda pública. En el del  PSOE, tampoco, aunque habla de mutualizar la deuda  con los eurobonos.

- En “PODEMOS” hay un apartado 1.2 - Auditoría ciudadana de la deuda. Auditoría ciudadana de la deuda pública y privada para delimitar qué partes de éstas pueden ser consideradas ilegítimas para tomar medidas contra los responsables y declarar su impago. Reestructuraciones del resto de la deuda y derogación del artículo 135 de la Constitución española con el objetivo de garantizar los derechos sociales frente a los intereses de los acreedores y los tenedores de la deuda..

- En el de  la Coalición Primavera Europea (Compromís, Equo, Chunta Aragonesista  en ECONOMIA, SOCIEDAD Y EMPLEO. Solución europea a la deuda: Solvencia, solidaridad y sostenibilidad aparecen los siguientes apartados:

3.6.1 La solución a la crisis de la deuda, debe basarse en la solvencia, la solidaridad y la sostenibilidad. El rumbo de las políticas económicas de cualquier país de la UE, debe dejar de establecerse únicamente en función de su nivel de endeudamiento, que, en todo caso, debe ser sostenible, tanto en lo referente a deuda pública, como privada. Rechazamos el Pacto de competitividad que provoca recortes salariales, retrocesos en el estado del bienestar y la privatización de los bienes públicos.

3.6.2 Dado que en la UE conviven países deudores y acreedores, ambos deben ser partícipes de un análisis, re-estructuración, auditoria y renegociación de la deuda (detectando qué parte de ella se considera ilegítima), en un marco de solidaridad. Es necesario poner freno a las políticas de recortes en los Estados miembro intervenidos, en materia de salud, educación y prestaciones sociales. Apostaremos porque la auditoría sea sujeta a control ciudadano, estableciendo los mecanismos necesarios de participación.

- Figura también la auditoría en el programa de la Izquierda Plural, formada por IU y sus aliados de Iniciativa per Catalunya (ICV), Esquerra Unida i Alternativa (EUiA), Anova-Irmandade Nacionalista, Espazo Ecosocialista Galego, Batzarre, Federación Los Verdes, OpcióVerda-Els Verds, GiraMadrid-Los Verdes, Construyendo la Izquierda-Alternativa Socialista (CLI-AS) y Etzkerreko Ekimena-Etorkizuna Iratzarri.

En el programa específico de IU aparece el apartado 4. EL PROBLEMA DE LA DEUDA ILEGÍTIMA. En el 2000 la deuda pública española fue del 59,4% del PIB, a comienzos de 2014 es el 95% y en los Presupuestos 2014  se estima que llegará al 98,9%. En 2014 el Gobierno necesitará 243.800 millones para refinanciar la deuda y pagaremos 36.590 millones en intereses. Esta deuda tiene diferentes orígenes, como consecuencia de la crisis financiera y económica, y sin más datos es difícil dilucidar qué parte corresponde a las necesidades de financiación de la activación de los estabilizadores automáticos, de los planes de estímulo o de los rescates bancarios. Pero sí cabe reconocer que en comparación con las grandes entidades financieras el contexto de financiación del Estado ha sido enormemente injusto. Al menos en dos formas:

1. Mientras el BCE pone a disposición de las entidades financieras una financiación muy barata y prácticamente ilimitada, los Estados tienen que recurrir a los mercados financieros de deuda pública en un contexto de recesión económica –con sus implicaciones en términos de rentabilidad y precio de los títulos de deuda-. Esta situación, derivada de las fallas de la construcción europea, lleva a la creación de espacios de arbitraje que los bancos han aprovechado. Las entidades financieras pueden acceder a financiación a un tipo de interés muy reducido y prestar esas cantidades al Estado a tipos de interés mucho más elevados

2. Gran parte de la financiación obtenida por el Estado ha sido para salvar el sistema financiero. El Estado se endeuda no para hacer frente a los gastos corrientes o de inversión en la economía real, sino para prestar el dinero en condiciones favorables a sujetos privados cuyos intereses no coinciden con los de los ciudadanos. Informes independientes dicen que el total de este endeudamiento “ilegítimo” asciende a 95.671 millones sólo entre 2008 y 2010.

Gran parte de las emisiones de deuda pública se han suscrito a través de estos mecanismos, produciéndose un ilegítimo rescate a las entidades financieras de toda Europa. Por esa razón IU considera que es posible calificar gran parte de los contratos de deuda pública con el concepto de “deuda odiosa” tal y como aparece recogido en la doctrina internacional.

Los casos de Argentina en 2001 y Ecuador en 2007 ilustran que es posible realizar estas medidas y que son instrumentos útiles para garantizar el desarrollo económico. En un contexto de recesión es previsible que la capacidad de ingreso del Estado siga mermándose hasta el hacer insostenible el crecimiento de la deuda pública. Hay datos que apuntan a esta dificultad creciente. Entre 2011 y 2010 el déficit primario descendió un 9’09% (hasta el 7% según Eurostat) como consecuencia de las políticas de austeridad, pero el déficit público final sólo descendió un 3’09% (hasta el 9’4% según Eurostat). Este diferente ritmo de crecimiento revela el lastre que supone el creciente peso del pago de los intereses de la deuda pública, los cuales ejercen una punción sobre los recursos públicos e impiden que éstos puedan dedicarse a políticas de reactivación económica. Se confirma así la creciente limitación de la democracia, asumiendo la Troika y los oligopolios el papel de decisores de los asuntos públicos.

La descrita aquí es una peligrosa senda que aúna socialización de las deudas privadas, crecimiento del endeudamiento público, recesión económica y creciente peso de la carga financiera. No es éste un problema que pueda resolverse con más austeridad como ilustra el caso griego, sino que manifiesta la necesidad de liberar parte del lastre financiero que supone la deuda pública. La deuda ilegítima no se paga. Y la deuda contraída para ayudar al sector financiero debe cobrarse a este sector estableciendo planes concretos y medibles de cobro.

Y en el específico  de ICV Iniciativa per Catalunya, existe un apartado 2. Cal un cancellació i reestructuració del deute públic immediat, amb la quita necessària i amb Banc Central Europeu que intervingui quan calgui (i no exclusivament amb el mandat de controlar la inflació sinó també per estimular el creixement i la creació d’ocupació). Cal convocar una Conferencia especial sobre el deute europeu, com es va fer a Londres el 1953 per fer front a les conseqüències de la 2a GM amb Alemanya.

- En Esquerra Republicana, el cabeza de lista de ERC, Josep Maria Terricabras, ha propuesto que "las deudas tremendas que tienen algunos Estados periféricos de la UE se aparquen temporalmente y al menos en una parte".Lo ha propuesto para poder destinar recursos públicos a la reactivación de la economía. Lo ha dicho en un acto de campaña celebrado ante las puertas de la delegación de la Comisión Europea y la Eurocámara en Barcelona, donde ha precisado que estos Estados deberían pagar la deuda pública contraída en un 60 por ciento del PIB y, el resto, "mutualizarla" en eurobonos y pagarla --cada país la suya-- entre 20 y 25 años vista.

- En la Coalición: EH Bildu y BNG, juntos en 'Los pueblos deciden' , en el del BNG se especifica que defenderá políticas estruturais transformadoras que avancen na dirección de superar a actual UE como as seguintes: Auditoría na débeda pública e privada do Estado español, insubmisión ante o pagamento da débeda ilexítima, que hipoteca o futuro dos pobos.

- En el programa del PARTIDO X se especifica: Auditoria de la deuda pública y el impago de la que sea ilícita. Ahora nos toca a los ciudadanos renegociar estas condiciones, revocando el Memorándum de entendimiento (MoU) firmado por España y la Comisión Europea el 23 de julio de 2012, realizando una auditoría de la deuda que especifique los componentes ilegítimos de la misma, y concertando con el resto de países europeos un plan de acción y una moratoria sobre el límite de déficit.

La cuestión de la “Auditoría de la Deuda Pública” en los diferentes programas electorales