En su gran mayoría prefieren en aras a la audiencia el barro. Lo cual supone un gran daño a nuestra convivencia democrática. Leer algunos artículos y editoriales, ver algunas portadas, escuchar a algunos medios día tras día durante la pandemia son una muestra de un periodismo de trincheras. Su objetivo fundamental y exclusivo era derribar el gobierno de Pedro Sánchez. No recuerdo tales ataques tan furibundos y viscerales. Y eso ha llegado a la calle. La actuación de algunos medios ahora recuerda a la de los acontecimientos del Procès. En lugar de propiciar el diálogo, que es el instrumento básico para resolver los problemas políticos, contribuyeron irresponsablemente a agravarlo. Los medios de comunicación deberían reflexionar en profundidad sobre su contribución a la creación e incremento de la crispación y el encanallamiento que observamos en nuestra sociedad.
Me fijaré en las crónicas parlamentarias de los medios. Lo único que les parece noticia son los insultos, los malos modos de los portavoces políticos. Y sin embargo en el Congreso de los Diputados se realizan muchas actividades, tras las cuales hay mucho trabajo detrás, que pueden contribuir al fortalecimiento de nuestra democracia. Me estoy refiriendo al trabajo en las diferentes Comisiones Parlamentarias.
Hay una Comisión para la Reconstrucción Social y Económica presidida por el socialista Patxi López, en la que se están planteando y explicando un conjunto de propuestas muy interesantes para hacer frente a las secuelas sociales y económicas de la pandemia, de algunas de ellas luego hablaré, que para la mayoría de los medios son irrelevantes. Y claro, eso no llega al público. Lo que no se percibe no existe. Lo que sí les merece atención es el altercado entre el vicepresidente Pablo Iglesias y el representante de VOX, Espinosa de los Monteros. Tal asunto salía en todos los medios, audiovisuales, escritos, digitales, por la mañana, al mediodía, tarde, noche y amanecer. ¿El barro y la ponzoña es la noticia? Parece ser que sí. Yo quiero quedarme en este albañal.
Desde su constitución el pasado 7 de mayo la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica ha celebrado varias sesiones. Han intervenido todos los vicepresidentes/as del Gobierno, ministros/as, representantes sindicales y patronales, de la federación de municipios, del colegio de médicos, y de personas de reconocido prestigio en su ámbito profesional, como Sánchez Bayle por la Federación Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), como Rafael Matesanz ex director de la Organización nacional de Trasplantes, y el último, Daniel Raventós, gran especialista en el tema de la Renta Básica Universal.
Yo tengo la costumbre, lo que ya no sé si lo hacen también algunos periodistas, de leer todas estas intervenciones, ya que suelen estar muy preparadas y se puede aprender mucho de ellas. Sin tratar de ser exhaustivo, me han perecido muy brillantes la de Irene Montero, ministra de Igualdad ya que plantea con nitidez la revalorización de los cuidados, tema sobre el que en este mismo medio ya he escrito el artículo Una injusticia sangrante: el trabajo de los cuidados. Ahí va un breve fragmento de Irene Montero: Cuando nos preguntamos qué hace posible que una sociedad funcione, creo que siempre pensamos en las empresas, en los negocios o en el trabajo productivo, pero rara vez pensamos en tareas más cotidianas como hacer la compra, planchar, hacer la comida o cuidar de los niños y niñas o de las personas que lo necesitan. Creemos que España necesita pensar en el cuidado, un trabajo cotidiano y diario de reconstrucción de los cuerpos que implica horas y horas de dedicación, que permanece invisible a los ojos de la sociedad y de las políticas públicas, como si se hiciera por arte de magia, como si no implicase esfuerzo y tiempo y como si no lo hiciera nadie. Lo cierto es que es un trabajo que históricamente ha recaído sobre las mujeres en el interior de las casas y que, cuando se hace en el mercado laboral, sucede bajo condiciones de extrema precariedad y de nulo reconocimiento social. Esta pandemia ha evidenciado la precariedad de unas recortadas estructuras de atención social y de salud públicas, y ha hecho saltar por los aires las casi inexistentes y muchas veces informales estructuras de cuidados y de conciliación que hay en España, haciendo visible con contundencia la crisis de cuidados a la que ya nos enfrentábamos antes de esta emergencia, pero que se ha agudizado con la emergencia social, sanitaria y económica.
Las intervenciones de Sánchez Bayle y de Rafael Matesanz son espléndidas a la hora de explicar los recortes de la sanidad que han incidido en el incremento de las dificultades para hacer frente a la pandemia. Igualmente presentan alternativas para corregir estas deficiencias en nuestro Sistema de Salud. Que yo sepa no han aparecido reflejadas en los medios. ¿No son importantes? Y también excelente y bien argumentada la defensa de la Renta Básica Universal por parte de Daniel Raventós. Expondré sus ideas fundamentales.
Hoy ya ha entrado la RBU en la agenda política, cuando hace unos años su defensa parecía una excentricidad. Ahora mismo se ha producido una movilización de más de quinientas entidades, una respuesta a una encuesta con una proporción de dos a uno entre la ciudadanía a favor de la renta básica y una iniciativa legislativa europea que se iniciará en septiembre. Y además el The Financial Times editorializó a principios de abril que medidas hasta ahora consideradas excéntricas, como la renta básica o un impuesto a las grandes fortunas, deberían empezar a contemplarse; lo decía The Financial Times.
Luego distingue entre RBU y las rentas condicionadas. La RBU es una asignación monetaria a toda la población, sin ningún tipo de condición. Una definición habitual es: pago monetario público regular a toda la población de forma individual, incondicional y universal. De forma más escueta aún, se percibiría simplemente por ser ciudadano, ciudadana o residente acreditado. Incondicional quiere decir que no debería aportarse ninguna condición para tener acceso a la renta básica: sin comprobación de recursos. Mientras las rentas básicas, como el Ingreso Mínimo Vital está condicionadas a determinados requisitos, como no alcanzar un nivel de ingresos. Explica que las rentas condicionadas tienen muchos problemas: las cargas burocráticas, que queden fuera quienes la necesitan y que la consigan quienes no la necesitan; y sobre todo que estigmatiza a quienes disfrutan de ellas, lo cual implica sumisión, producto de la obligación a la que se enfrentan los candidatos a perceptores de tener que identificarse en las ventanillas de la Administración como pobres o enfermos, por no decir directamente culpables ―entre comillas, obviamente― de ser unos fracasados ―entre comillas― o extremadamente pobres. Una RBU acaba con toda esa burocratización y de cualquier tipo de estigmatización, porque la cobraría todo el mundo por ser ciudadano. Raventós nos dice para ejemplificar este trato, qué duda cabe, que estigmatiza: «A los pobres los queremos beatíficos, agradecidos, puros de corazón, impecables, que no digan una palabra más alta que otra, que den siempre las gracias y no insistan, que se acerquen un poco pero que se retiren enseguida, que gasten nuestras limosnas en lo que nosotros decidamos que se las deben gastar, que no haya ni una sola mancha en su pasado ni un desliz». Esta cita es de un librito de Sara Mesa, titulado Silencio administrativo. Es el vía crucis, por decirlo en términos religiosos, que pasó una mujer andaluza, en este caso de Sevilla, al intentar acceder a un subsidio condicionado. Esta referencia bibliográfica de Raventós me ha producido cierto gozo, porque sobre ese libro escribí un artículo en El Periódico de Aragón de fecha 13-04-2019 de título sugerente, Dickens y Kafka vigentes hoy. Aparte de la estigmatización de los pobres, yo me fijaba especialmente en las grandes dificultades burocráticas para acceder en Andalucía a una renta mínima de reinserción social a determinados colectivos. Lo reproduzco:
“Es factible que el título sorprenda. La alusión a Charles Dickens y Franz Kafka aparece en el libro recientemente publicado de Sara Mesa, Silencio administrativo. La pobreza en el laberinto burocrático. Su contenido es muy sencillo y pleno de humanidad, la descripción de la vida de una mujer sintecho, de nombre supuesto Carmen, en la ciudad de Sevilla, sometida a todo tipo de penalidades, que sobrecogen. La Fundación RAIS –Red de Apoyo a la Integración Sociolaboral– calcula que hay en España unos 30.000 sin techo, el mayor estado de vulnerabilidad y desprotección posible. Cáritas en el informe ¿En qué sociedad vivimos? eleva la cifra a 40.000. Por ello, los observamos por todas las ciudades españolas, como también en Zaragoza. Quien transitara por la calle García Sánchez de las Delicias, hasta hace poco podía observar un carro de una gran superficie lleno a rebosar con todas las pertenencias de un sin techo, de nombre Juan, que pasa la mayor parte del día en un bar de chinos. Ahora ya el carro ha desaparecido, al haber conseguido una habitación. Todas estas personas sin techo, recuerdan a aquellas que el gran novelista inglés del siglo XIX, Charles Dickens, reflejó en sus novelas Oliver Twist o La pequeña Dorrit. Obras en las que ejercitó la crítica a la pobreza y a la estratificación social de la era victoriana.
Y en cuanto la alusión al novelista Franz Kafka no está menos justificada. De hecho en la entradilla del libro recurre a un fragmento de una de sus novelas, El Proceso. Sara tiene dos capítulos titulados Silencio administrativo y Laberinto burocrático. Nos cuenta que tras conocer la experiencia terrible de Carmen, investiga la ley para tratar de conseguirle una renta mínima de reinserción social. Y se apercibe que está llena de trampas e impedimentos. Desde el requisito del padrón. Los solicitantes han de acreditar estar empadronados con un año mínimo en un municipio de Andalucía. Carmen no solo no cumple el requisito mínimo de un año, sino que ni siquiera está empadronada. Debe haber alguna excepción para su caso. Sara busca el decreto-ley y lo lee con detenimiento. ¡Sí, parece que hay excepciones! Ser víctima de violencia de género. O víctima de trata de personas. O emigrante retornado. O Refugiado. O Persona sin hogar. Todo debidamente acreditado. Así que no es suficiente con vivir en la calle hay que acreditarlo. Sara sigue leyendo el decreto. No le resulta fácil, a pesar de que es licenciada universitaria. Y encuentra «emergencia social» «situación de excepcionalidad de acceso». Podría servir. Pero para acreditar tales circunstancias, debe adjuntar una solicitud cumplimentada por los servicios sociales del municipio. Llama al teléfono de información, pero no está operativo. Repite varios días. Más de lo mismo. Finalmente contesta un funcionario, pero él no lleva el asunto. Le dice que están saturados. La nueva renta mínima acaba de ponerse en marcha y los técnicos están recibiendo formación. Finalmente acuden Sara y Carmen a los servicios sociales, y les dicen que no les consta la cita. Replican que fue por teléfono. Pero no tienen papel. Pues solicitan una nueva cita con papel. No pueden dársela, porque los trabajadores sociales solo pueden atender a empadronados. Sara sigue describiendo todo este laberinto. Una vez superadas todas estas dificultades, los trámites hay que hacerlos telemáticamente. Y luego llega la espera.
Sara concluye que la ley está pensada para que sea difícil acceder a sus teóricos beneficios. Y que tras hablar con la Asociación de Derechos Humanos comprobó que el caso de Carmen no era el único y ni siquiera el más dramático. Era un caso entre otros muchos. Reconoce que ha recibido apoyo de funcionarios de la administración social que trabajan con vocación y que ven que los mecanismos burocráticos están fallando. El engranaje es muy potente y el funcionario individual puede hacer muy poco, es verdad.
Pero no solo describe el papel de la Administración, también otros aspectos muy negativos de nuestra sociedad actual. La existencia de una caridad institucionalizada, en detrimento de la justicia social, que sería la manera adecuada de resolver este problema. Muchas instituciones caritativas le hacen el trabajo sucio al Estado, el cual así se libera de su responsabilidad. Hay bancos que compatibilizan la práctica de los desahucios con la financiación a instituciones caritativas.
Muestra la aporofobia, el rechazo al pobre. Y este problema ya no es de la Administración, es nuestro como sociedad que rechazamos al que es pobre porque no es como nosotros. Si lo rechazamos estamos provocando y aumentando su marginalidad. Y ese asunto no lo podemos achacar al funcionario sino que es problema nuestro, como sociedad que cultiva unos determinados valores.
Termino con una reflexión. En el libro Vidas al descubierto. Historias de vida de los sin techo, de las sociólogas Elisabet Tejero y Laura Torrabella, nos advierten de la posibilidad de que cualquier persona, en una determinada época de su vida, puede llegar a encontrarse en una situación sintecho. Tal como ha señalado Beck, las teorías de la sociedad del riesgo nos advierten sobre la universalización y democratización de los riesgos, no solo de perder posiciones de bienestar, sino, de manera más radical, verse inmerso en una situación de pobreza y exclusión”.
Continúo con Raventòs. Aparte de las diferencias técnicas entre los subsidios condicionados y la RBU, lo más importante es una distinta concepción antropológica de la dignidad humana. La RBU proporciona dignidad a la persona al recuperar su libertad por la consecución de una autonomía económica. Garantizar de entrada la existencia material es la condición para la libertad; al menos, para los que somos partidarios de la libertad republicana, para la milenaria tradición republicana, igual que para la más reciente tradición socialista, evidentemente en el sentido más amplio que se puede encontrar a finales del siglo XIX y, por supuesto, a lo largo del siglo XX. Por tanto, , para la milenaria tradición republicana, igual que para la más reciente tradición socialista, no basta con que seamos iguales ante la ley o que no nos pongan una pistola en la cabeza para tomar decisiones para decir que con eso ya somos libres. La libertad tiene condiciones materiales. Un pobre no es ni puede ser libre. El propósito de la renta básica no es simplemente una manera de hacer que la vida en la tierra resulte tolerable a los indigentes, a los pobres, sino un ingrediente clave de una sociedad transformada y de un mundo que podamos desear, en palabras expresadas en un reciente libro de unos conocidos defensores de la renta básica. La condicionalidad, una vez más, es súplica y sumisión; la incondicionalidad es un derecho. Como lo es el derecho a la sanidad o a la educación. Precisamente, la universalidad de la sanidad pública, y no condicionada a pobres o a niveles de renta determinados, ha mostrado estas semanas de pandemia una utilidad y necesidad sociales inmensas. Fue precisamente Ernest Lluch, el presidente del tribunal de su tesis doctoral sobre la Renta Básica y que antes había sido su profesor en la Universidad de Barcelona, quien en el mencionado tribunal dijo que universalizar la sanidad pública había sido el mayor logro de su tarea como ministro, y que también se había contemplado la posibilidad de excluir a los más ricos y se había desechado por diversas razones técnicas y normativas; y con normativas se refería a cuestiones de justicia. Esta característica de la renta básica, la universalidad, reconocía Lluch, le atraía.
También explica la posibilidad de su financiación, en la que aproximadamente los perjudicados serían un 20% de la población y los beneficiados el 80% restante.
Un debate tan interesante como la RBU ha pasado prácticamente desapercibido para la mayoría de la prensa. Y no es un tema baladí. Es una de las pocas alternativas para combatir la actual pandemia de la desigualdad, que luego explicaré. Yo en diferentes medios he defendido la RBU. Así lo hice en El Periódico de Aragón el pasado 20-6-2020 en el artículo Contra la desigualdad: renta básica universal. Insisto en algunas ideas de Daniel Raventòs, y añado otras nuevas. Lo trascribo, nunca vienen mal incorporar nuevos argumentos ante un tema tan importante.
“Uno de los problemas mas graves de nuestra sociedad es la insultante desigualdad. Pero, desde los poderes políticos no se hace nada para corregirla. Desde la derecha el discurso es que para «reducirla» se necesita crecimiento económico, que generará empleo a raudales. No dicen qué tipo de empleo. En España con una alta tasa de paro estructural, cuando se crece el empleo es inestable, precario, a tiempo parcial…Por ello, hoy existen trabajadores pobres. Acepto la opción de reducir la desigualdad con pleno empleo y de calidad. Mas, en este sistema capitalista neoliberal es una utopía. Ya en 1944 el economista Kalecki en el artículo Aspectos políticos del pleno empleo: «En verdad, bajo un régimen de pleno empleo permanente, el despido dejaría de desempeñar su papel como medida disciplinaria. La posición social del jefe se minaría y la seguridad en sí misma y la conciencia de clase de la clase trabajadora aumentaría». Por otra parte, según el informe McKinsey de 2016, el 49% de los trabajadores actuales, en los próximos años, está destinado a ser sustituido por la robotización y digitalización. En esta escasez de trabajo, a nadie se le ocurre, y quien lo plantea se le considera un extraterrestre, el repartir el trabajo. Por ende, por la vía del trabajo combatir la desigualdad es impensable hoy. Sobre el tema de que a través del trabajo se puede salir de la pobreza me parecen muy pertinentes estos datos de la intervención de Raventòs. (Solo aportaré un dato: desde 1978 hasta hoy el Reino de España es el Estado de la OCDE en que la tasa de desempleo ha superado más años el 15%, exactamente en treinta y un años distintos en un periodo de cuarenta y uno, muy por encima del segundo Estado de la OCDE en tan desgraciada clasificación. ¿De verdad queremos seguir confiando en que encontrar un trabajo es la mejor alternativa a la pobreza en una sociedad que no es capaz de bajar del 15% de desempleo en un periodo histórico importante? Y no me detengo en la ínfima calidad de muchísimos trabajos asalariados, porque esto sería otra rama).
Continuación de mi artículo:
La única posibilidad es la Renta Básica Universal (RBU) para todos financiada a través de impuestos sobre las rentas. No es una idea de cuatro iluminados. Prestigiosos filósofos y sociólogos han trabajado sobre ella, como Philippe Van Parijs, Daniel Raventòs, Luigi Ferrajoli… Presente hoy en Alaska y experimentada en otros países, como Finlandia. Está llamada a convertirse en una garantía de social del futuro, cuando la población haya aumentado y el empleo se haya reducido en el futuro.
La RBU es el modelo más acorde con el constitucionalismo profundo de nuestras democracias y la que mejor garantizaría la segura y automática plasmación del derecho a la existencia y a una vida digna. El artículo 10.1 de nuestra Constitución señala «La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social. El Art. 15 «Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral…»
Con ella, resultarían excluidos por su carácter universal cualquier connotación caritativa asociada a la renta condicionada y, por consiguiente, el estigma social y la conexa discriminación que se seguirían de una indemnización ligada a la falta de trabajo y a la pobreza. Su atribución a todos como derecho universal, además de ser garantía del derecho a la supervivencia, serviría como un factor de identidad y de dignidad del individuo en cuanto a persona o ciudadano.
El universalismo, ope legis, de tal RBU, reduciría toda la carga burocrática del modelo condicionado, en el que hay que comprobar la existencia de otras rentas, del desempleo involuntario o del estado de necesidad.
A su vez esta medida universal es la única que, asegurando los mínimos vitales, sustraería a los trabajadores al chantaje de la explotación laboral y reforzaría su poder contractual y la fuerza suficiente para hacer valer sus derechos frente al empleador. Supondría una garantía esencial no solo de quien no tiene trabajo, como también del que lo tiene.
Sería ventajosa sobre todo para los más débiles, comenzando por los jóvenes, los grandes perjudicados a nivel laboral; y las mujeres, porque favorecería su emancipación de los vínculos domésticos. Estas verían acrecentada su autonomía frente a padres y maridos. Lo jóvenes podrían emanciparse más pronto de sus familias y proyectar con más libertad su futuro. Así se incrementaría la cohesión social, la seguridad y el sentido de pertenencia a la comunidad política.
Equivaldría a una justa redistribución de la renta nacional que, precisamente al darse a favor de todos, serviría para compensar en pequeña parte su inicua distribución en unos pocos por obra del mercado capitalista.
En suma, la RBU, unida a la gratuidad de los derechos sociales, llevaría a cabo una profunda reforma del welfare (Estado de bienestar). Serviría para incrementar la productividad y la calidad del trabajo, y a su vez mayor seguridad del futuro, con el incremento del nivel de felicidad. En 1789 Lavoisier en los Estados Generales dijo: «El objetivo del gobierno es hacer lo más felices posible a quienes viven bajo las leyes. La felicidad no puede estar reservada a unos pocos, sino a todos». Haría crecer la demanda y con ello el consumo, la producción y las inversiones. Reduciría, en fin, la conflictividad entre capital y trabajo, atenuando la tragedia que supone la pérdida de este.
Obviamente su financiación requeriría una reforma fiscal en profundidad y la eliminación de la elusión y evasión fiscales. Hay que luchar contra el fraude y acabar con los paraísos fiscales (PF). Según el Consejo General de Economistas REAF España pierde cada año 11.000 millones en PF. Para los técnicos de Hacienda (Gestha), la economía sumergida supone unas pérdidas de 70.000 millones de euros, un 25% del PIB. Es el tiempo de arrimar el hombro y especialmente las grandes fortunas, que alardean de patriotas. La política debe corregir está situación”.