lunes 01.06.2020

Mi compañero, Jorge Fernández Díaz, ya no es ministro, por lo que no hay responsabilidad política que exigirle

La cuestión catalana nos tiene hasta tan alto grado ocupados y preocupados a los españoles que otros asuntos políticos, dotados de una extraordinaria gravedad para un sistema democrático, pasan prácticamente desapercibidos. Ya se preocupan la mayoría de los medios de comunicación al servicio incondicional del gobierno, de ocultarlos convenientemente. Para algunos de estos periodistas les dedico estas palabras de John Berger, recientemente fallecido, extraídas de su artículo Sin importar lo que traiga el futuro de 2012: «Vayan al lugar de los hechos, observen, investiguen, informen, rescriban, redacten una versión final que se publicará y será leída en extenso. Vuélvanse escritores controvertidos, uno de los que son amenazados con frecuencia, pero que también reciben respaldo… Los acusarán de arrogancia pero sigan escribiendo, sigan desmadejando esos proyectos de los poderosos que provocan más y más inmensas tragedias evitables…».

Dicho esto trataré de describir el hecho ocurrido poco ha e insisto extraordinariamente grave para nuestra democracia, ya profundamente deteriorada.

El Pleno del Congreso de los Diputados  aprobó el pasado 21 de septiembre con el voto en contra del PP y la abstención de Ciudadanos-el partido de la regeneración democrática-, el dictamen de la comisión de investigación que señaló al ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, que ya fue reprobado con anterioridad por el Congreso; al ex director general de la Policía Ignacio Cosidó y al ex director adjunto operativo (DAO) de ese mismo Cuerpo Eugenio Pino como responsables políticos del uso partidista de este departamento.

Durante el debate del dictamen, el portavoz del PP, Carlos Rojas, ha insistido en que la mayoría de las conclusiones de la comisión son "inverosímiles". "No hay caso porque no hay un solo documento que demuestre un uso político de Interior. Tenían sus conclusiones dictaminadas de antemano y lo que ha habido es un buen Gobierno y un buen ministro", ha afirmado. En la encendida defensa que ha hecho de la gestión de Fernández Díaz, Rojas ha recordado que su compañero ya no es ministro, por lo que no hay responsabilidad política que exigirle, y ha acusado a la oposición de haberle impedido presidir una comisión del Congreso, lo que ha definido como "un castigo injusto y partidista para un leal servidor público" al que se ha cuestionado por "unas grabaciones ilegales" que la oposición ha tomado como "verdad suprema", pese a estar "manipuladas". En la misma línea se ha manifestado el diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Carlos Salvador. De su lado, Ciudadanos, por boca de Miguel Gutiérrez, ha justificado su abstención a las conclusiones en que sólo puede censurar a los exresponsables de Interior por "incompetencia" y "dejación de funciones", pero no por la existencia de pruebas, que puedan llevar a concluir que existiera una "policía política" que persiguiera a los adversarios del PP.

Por contra, el socialista Juan Carlos Campo ha defendido las conclusiones de la que, desde su punto de vista, ha sido una "comisión rara" y ha dedicado duras críticas al PP por el uso que hicieron del Ministerio. "Las democracias sufren tormentas, nubarrones y muchas tentaciones, pero se escriben con renglones rectos y palabras indelebles y en los meses y años analizados por esta comisión sus renglones fueron muy torcidos", ha resumido.

Podemos, al PP: "Son un peligro para la democracia porque son expertos en vivir fuera de la ley", ha espetado a los populares la portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, quien ha subrayado que los de Mariano Rajoy deberían sentir "vergüenza democrática" por el uso partidista que hacen de las instituciones. "Usaron Interior para crear una estructura parapolicial con el único objetivo de fabricar pruebas falsas contra el adversario políticos. Sientan vergüenza democrática y así sentirán lo que sentimos los españoles", ha afirmado.

Tanto los portavoz del PDeCAT, Sergi Miguel, como el de ERC, Joan Tardà -el comisionado de los independentistas fue Gabriel Rufián, hoy ausente-, han centrado sus intervenciones en denunciar la actuación del Gobierno para tratar de frenar el referéndum secesionista del próximo 1 de octubre, como ha hecho el primero, o en exigir libertad para los 14 detenidos este miércoles en Barcelona, en el caso de

Las conclusiones del dictamen leídas por el presidente de la Comisión Sr. Legarde Uriarte son demoledoras:

Punto 1. La comisión defiende que “en ningún momento su tarea ha consistido en evaluar la constitucional y encomiable labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”. Entienden los diputados que “de manera amplísimamente mayoritaria” los agentes vienen desarrollando un trabajo encomiable en “pro de la ciudadanía en la lucha y en contra del crimen”.

Punto 2. Los diputados apuntan a que la información documental solicitada por la Comisión de Investigación ha tenido una respuesta diversa, “pero debe señalarse de manera clara que la requerida del Gobierno ha sido atendida de forma impuntual e incompleta”.

Punto 3. “En el Ministerio del Interior, bajo el mandato del señor Fernández Díaz, usando de manera fraudulenta el catálogo de puestos de trabajo, se creó una estructura policial bajo las instrucciones del señor Cosidó Gutiérrez y por orden del DAO Eugenio Pino”. Y todo ello, con el conocimiento y consentimiento del ministro. Esa estructura estaba “destinada a obstaculizar la investigación de los escándalos de corrupción que afectaban al PP y al seguimiento, la investigación y, en su caso, la persecución de adversarios políticos”. La comisión señala como víctimas de esa persecución al PSOE, a Podemos o a los nacionalistas catalanes.

Punto 4. Para la comisión, las “decisiones” tomadas por Fernández, Cosidó y Pino han “supuesto una inaceptable utilización partidista de los efectivos, medios y recursos de Interior y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”. Entiende el Parlamento que ha habido por tanto “un abuso de poder que quebranta reglas esenciales de la democracia y del Estado de Derecho”.

Quiero terminar con unas consideraciones.

Me vienen a la memoria las palabras tan solemnes de diferentes ministros del Gobierno: "Nadie está por encima de la ley", "Este es un Estado de derecho", "La Carta Magna obliga a todos los españoles", "La ley es igual para todos…” Bla. Bla. Bla.           

Si la sede de la soberanía popular determina que un ministro se ha servido de los medios policiales e beneficio de su propio partido y para perseguir a los contrarios, parece comprensible que algo tendrá que decir la justicia. ¿Se ha cometido algún delito? ¿Tendrá alguna responsabilidad penal además de política el ministro y su partido? Unidos Podemos ha señalado que llevará a la Fiscalía las conclusiones  de la Comisión. No tendría que ser necesario, la Fiscalía debería intervenir de oficio. Intuyo que no lo hará, al estar ocupada y preocupada por otras cuestiones.          

Termino, si tras estas conclusiones no se hace nada, necesariamente me tengo que hacer la pregunta de: ¿Para qué sirve el Parlamento? ¿Y las comisiones de investigación?

De verdad, ¿Esto es una democracia o un simulacro?

Mi compañero, Jorge Fernández Díaz, ya no es ministro, por lo que no hay...