Nuevatribuna

Algunas reflexiones intrascendentes e inoportunas sobre nuestra Transición modélica

No fue consensuada ya que las fuerzas del régimen anterior se impusieron a las de la oposición democrática

La academia, los medios y la política nos impusieron a los españoles que nuestra Transición de la dictadura a la democracia fue consensuada, pacífica y modélica. Todo un modelo extrapolable a otras latitudes. Ya en este mismo periódico escribí el artículo No olvidadizos, sino olvidadores, negando tales ideas. Ahora las cito y comento de nuevo muy brevemente, aunque incorporo otros aspectos nuevos.

No fue consensuada ya que las fuerzas del régimen anterior se impusieron a las de la oposición democrática. Podemos verlo claramente. Tanto Jordi Solé Tura como Josep M. Colomer afirman que el artículo 2º de la Constitución que trata de la indisolubilidad de la nación española, su redacción no fue producto de la actividad parlamentaria y sí de la imposición de fuerzas ajenas a la misma. Quizá podamos entender la procedencia de tal imposición, si tenemos en cuenta que las Fuerzas Armadas están incluidas en el Título Preliminar, en el artículo 8º, que trata de los elementos fundamentales del Estado y la Nación. Se les asigna, entre otras funciones, la «defensa de la integridad territorial» de España. Esto contrasta con la mayoría de las constituciones democráticas, que colocan el ejército en otro título no tan prominente, que se ocupa del gobierno, de la administración y limitan sus funciones a la defensa externa del país.

Una institución que fue incuestionable en la redacción constitucional fue la Monarquía. Además está blindada frente a eventuales reformas por el artículo 168.

Como también, la Iglesia Católica, a la que se le reconocieron sus intereses básicos en materia educativa (artículo 27) y la renuncia al reconocimiento del carácter laico –y no simplemente aconfesional– del Estado (artículo 16.3), aunque la aconfesionalidad se incumple ya que en dicho artículo «Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones». Un Estado aconfesional no debe hacer una cita expresa a una religión concreta. Ya antes, se le reconoció a la Iglesia Católica, un situación de privilegio con los Acuerdos de la Santa Sede, que ninguna fuerza política ha tenido las agallas de denunciar. Los principales partidos políticos, según William J. Callahan en su libro La Iglesia católica en España (1875-2002), eran conscientes de que la Iglesia seguía siendo una poderosa institución capaz de perturbar una transición ordenada a la democracia, si no se alcanzaba un acuerdo pronto con los intereses eclesiásticos. Consideraban la solución del contencioso histórico de las relaciones eclesiástico-civiles como una necesidad práctica precisa para la naciente y todavía frágil democracia. La cuestión religiosa, declaró el PCE, en el pasado ha dado lugar en este país a “huracanes y ciclones”. Ahora era necesario calmar “los vientos y tempestades…de una vez para siempre”. Entre los socialistas el escepticismo sobre un convenio eclesiástico compatible con los principios democráticos era mayor, pero al final lo aceptaron. Gregorio Peces Barba dijo “el PSOE tiene el deseo de cerrar definitivamente la querella religiosa en nuestro país. La UCD fue de manos de Marcelino Oreja, el mayor impulsor del acuerdo eclesiástico, con el argumento de que sociológicamente la mayoría del pueblo español es católico.

La Transición no fue pacífica. Paloma Aguilar en el libro, del que es coautora Leigh A. Payne, El resurgir del pasado en España. Fosas de víctimas y confesiones de verdugos, de enero de 2018, dice que hubo una violencia muy intensa, en la que participaron desde la extrema derecha a la extrema izquierda, pasando por movimientos independentistas (ETA) y por el aparato de seguridad del Estado. Este proceso de democratización, tesis a la que se suma Sánchez Cuenca, fue el más violento de la época; por ejemplo, comparándolo con los de Grecia y Portugal.

Ni tampoco modélica, ya que la Transición se basó en la amnistía y en el olvido, en lugar de la justicia y de la verdad. Hubo un olvido deliberado de los acontecimientos traumáticos de la guerra civil, la dictadura, lo que suponía la invisibilidad de las víctimas del franquismo. Y por supuesto, también un olvido de la II República, asunto al que me referiré más adelante. Tuvo que ser la generación de los «nietos de la guerra civil» y las exhumaciones de las fosas para que la situación cambiara. Al inicio de la Transición se dijo que era demasiado pronto y podría impedir el establecimiento de la democracia; y ahora es demasiado tarde. La democracia ha sido poco generosa y nada empática con los represaliados por la dictadura. Se ha impuesto y sigue el «pasar página». Paradigma de la impunidad del poder.

Hay otro aspecto que me parece muy importante en cuanto a claudicación de la izquierda en la Transición: el asumir que la democracia se inició en España con la Constitución de 1978 y no con la II República. Resulta incomprensible. La izquierda española ha carecido de autoestima. La derecha no tiene complejo alguno en construir su relato remontándose a tiempos inmemoriales de nuestra historia: Viriato, Pelayo, los Reyes Católicos, Pavía, Lepanto, la Guerra de la Independencia, Cánovas del Castillo, Franco y Juan Carlos I. En cambio, la izquierda miedosa, acomplejada, como si fuera desconocedora de nuestra propia historia, no ha sabido o querido construir su relato, cuando no escasean sus aportaciones: la revolución de 1808-1814, el Sexenio Democrático (1868-1874) y la II República en 1931, momento este último, en que la izquierda burguesa y los socialistas guiados por los principios de justicia, libertad e igualdad, trataron de solucionar viejos problemas enquistados en España para modernizarla y democratizarla. Problemas que no los trajo la II República, según Azaña en La Velada de BenicarlóEn su corta vida, la República no ha inventado ni suscitado las fuerzas que la destrozan. Durante años, ingentes realidades españolas estaban como sofocadas o retenidas. En todo caso, se aparentaba desconocerlas. La República, al romper una ficción, las ha sacado a la luz...

Quiero detenerme brevemente en algunos de estos problemas y cómo trataron de abordarlos en tiempos de la II República.

El agrario, por lo que decidieron poner en marcha una Reforma Agraria, que fue boicoteada desde los extremos: los grandes propietarios y los anarquistas de la CNT.

El militar, que radicaba en la nociva costumbre del ejército de controlar y entorpecer el libre desenvolvimiento del poder político. La pretensión totalmente legítima de crear un ejército profesional y democrático fue brutalmente boicoteada desde determinados sectores del estamento castrense.

El religioso, debido al asfixiante control que la Iglesia católica española ejercía sobre la sociedad en los distintos ámbitos de la política, la educación, la cultura, la moral, las costumbres y la ciencia. Con buen criterio los políticos republicanos del primer bienio (1931-1933) legislaron con el objetivo de alcanzar un Estado aconfesional y una educación laica, por ello prohibieron el ejercicio de la enseñanza a las ordenes religiosas. La oposición de la Iglesia católica fue brutal.

El regional, generado por la negativa del régimen político de la Restauración a reconocer las aspiraciones legítimas a determinadas cotas de autogobierno especialmente a Cataluña, País Vasco y Galicia. En la Constitución de 1931 dentro del Estado integral se reconocía la compatibilidad de la autonomía de los Municipios y las Regiones, que se hizo efectiva en 1932 con la aprobación de un Estatuto para Cataluña.

El social, ya que numerosos obreros, jornaleros y campesinos estaban en una situación lamentable de pobreza. En el texto constitucional de 1931, influido por las Constitución de Weimar aparecían los derechos sociales: el trabajo además de considerarlo como una obligación social, tenía una legislación protectora, ya que la República aseguraría a todo trabajador ante la enfermedad, accidente, paro, vejez, invalidez y muerte; apoyo al trabajo de las mujeres y jóvenes, protección a la maternidad, salario mínimo, vacaciones anuales remuneradas. Igualmente al campesino con medidas como: reducción de impuestos, con créditos, indemnización de pérdidas de cosechas. En definitiva una constitución económica, donde en forma embrionaria aparecía prefigurado el Estado social. Además el texto constitucional incluía los derechos civiles y políticos del constitucionalismo avanzado europeo del momento. La mujer era situada en plan de igualdad jurídica a los hombres. En el art. 40: Todos los españoles, sin distinción de sexo, son admisibles a los empleos y cargos públicos según su mérito o capacidad. En el art. 43: El matrimonio se funda en la igualdad de derechos para ambos sexos, y podrá disolverse por mutuo disenso o a petición de cualquiera de los cónyuges. El divorcio fue autorizado por la Ley de 2 de marzo de 1932. El derecho al voto a las mujeres, en cuya consecución tuvo mucho que ver Clara Campoamor, aparece en el art. 36: Los ciudadanos de uno y otro sexo, mayores de 23 años, tendrán los mismos derechos electorales conforme determinen las leyes.

El educativo y cultural. Difícilmente se podía democratizar el país si buena parte de sus ciudadanos permanecían en la indigencia cultural. Por ello trataron los políticos del primer Bienio (1931-1933) y del Frente Popular de elevar el nivel educativo de los españoles, para convertirlos en auténticos ciudadanos. Se construyeron más de 6.500 escuelas en tres años (frente a sólo 500 entre 1909 y 1931), en el bienio 1931-1933 se crearon 13.580 plazas de maestros, en 1934-35 2.575, y en los meses del Frente Popular 5.300; además de subirles el sueldo en un 50% y proporcionarles una mejor formación. Las campañas para enseñar a leer y escribir a millones de personas no tenían precedente en nuestra historia. Todas estas medidas no hacían otra cosa, sino cumplir lo establecido en la Constitución de 1931, donde se reconocía la educación como una atribución del Estado, la gratuidad y obligatoriedad de la enseñanza primaria, libertad de cátedra, una política de becas para los más necesitados. Además de la creación de Bibliotecas escolares y populares. Las Misiones Pedagógicas.

¿Cómo pudo la izquierda en tiempos de la Transición olvidar todas estas realizaciones republicanas? Tuvo que callarlas, como si la II República hubiera sido una etapa caótica, tal como la derecha ha inventado para justificar el golpe militar de 1936. Y ese olvido en la mayor parte de la izquierda se mantiene todavía. Naturalmente que en la II República hubo errores, es innegable, y hubo tensiones sociales por la impaciencia de las clases trabajadoras, la división de las izquierdas y la insolidaridad de las derechas. Esos errores no fueron mayores que los de los gobiernos precedentes de la Restauración, ni fueron los que provocaron la inquina de la derecha, sino su orientación modernizadora, reformista, laica y popular, ni justificaron la oposición de la Iglesia, la rebelión militar y la larga dictadura.

Termino con unas reflexiones. Lo honesto sería afirmar que en la Transición se hizo lo que se pudo hacer. O lo que dejaron determinados poderes fácticos. Eso sería lo auténticamente honesto. Y además, que trascurridos ya 40 años desde la aprobación de la Constitución, con una democracia tan “firme” y tan “madura”, nos debería preocupar a los españoles que determinadas concesiones, tal como he señalado, que tuvieron que hacerse en tiempos de la Transición, no puedan citarse, ni cuestionarse, ni pretender corregirlas, con el argumento perverso de estar poniendo en peligro nuestra democracia. Que hace 40 años, en aquel contexto histórico, se hicieran tales concesiones en el texto constitucional, como también en otras cuestiones políticas, podemos entenderlas en parte, aunque ya resulta más difícil justificarlas. Pero hoy, en 2018, creo que ya va siendo hora de revisar en profundidad nuestra Carta Magna. Stefano Rodotá en su libro El derecho a tener derechos nos recuerda el art. 28 de la Constitución francesa de 1793, el cual especifica «Un pueblo tiene siempre el derecho de revisar, reformar y cambiar su Constitución. Ninguna generación puede atar con sus leyes a las generaciones futuras». O como afirmó el profesor Rubio Llorente “sólo una Constitución reformable es democráticamente legítima”. Y por si alguno no estuviera convencido sobre la necesidad de la revisión de nuestra Constitución, recurro a la demografía. De los 46,5 millones de habitantes actuales en España, solo pudieron votarla los mayores de 58 años, que suponen alrededor de 12 millones.