viernes. 29.03.2024

El plan de la CEIM es más de lo mismo

El Plan 400 K continúa apostando por la destrucción del Estado de bienestar y la desregulación laboral.

ceim

El Plan 400 K fue una especie de carta de presentación de Juan Pablo Lázaro como presidente de la Confederación Empresarial del Madrid-CEOE (CEIM). En ella el presidente habló desde un inconcebible optimismo al entender que “la economía se encuentra en un proceso de recuperación” y valoraba positivamente algunas de las reformas emprendidas en estos últimos años, que han permitido el inicio de la recupera¬ción, pero que éstas no son suficientes. Y por tanto, la CEIM ha elaborado 215 medidas para “seguir profundizando en las reformas emprendidas”, (…) “eliminar las rigideces que dificultan la actividad de las empresas e impiden abaratar sus costes” y “exigir a los responsables a las distintas Administraciones Públicas que trabajen activamente para crear el entorno adecuado en el que las nuevas empresas —y las ya existentes— puedan desarrollar su actividad, crecer y producir beneficios que, con toda seguridad, redundarán en el conjunto de la sociedad”. 

Este Plan de la CEIM constituye la hoja de ruta para el período 2015-2019 fijada por los empresarios de la Comunidad de Madrid.  Desconocemos si esta “hoja de ruta” excluye a las empresarias, pero según la CEIM el objetivo último sería la creación de 400.000 nuevos empleos en la Comunidad de Madrid. Sin embargo, la simple lectura del mismo permite constatar que, nuevamente, bajo la excusa de la competitividad, el Plan 400 K continúa apostando por la destrucción del Estado de bienestar y la desregulación laboral. En materia laboral se siguen afianzando las estrategias de las anteriores reformas laborales: reducir aún más el precio de los salarios, debilitando la posición de las y los trabajadores, y limitando la posibilidad de negociación colectiva y de acción sindical. 

Además, si se analiza el plan desde una perspectiva de género se comprueba también cómo las medidas propuestas no sólo persiguen una mayor vulnerabilidad de las y los trabajadores, sino que también pretenden volver a enclaustrar a las mujeres en casa.

¿Para qué un Estado de bienestar?

Habría que recordar a la CEIM que es necesario crear empleo, pero de calidad, porque  España es el segundo país de la Unión Europea donde existe mayor desigualdad de rentas y que —como explica la Fundación 1º de Mayo (2014)—  se ha producido un incremento de la pobreza laboral. España es el tercer país con una pobreza más alta entre los trabajadores. Este empobrecimiento no sólo se debe a la falta de empleo, sino también a la reducción salarial impuesta y a los recortes en el sistema de bienestar. 

El empobrecimiento de la población en el último periodo está estrechamente ligado a las medidas que se han ido tomando en el marco de las políticas de austeridad, centradas en el pago de la deuda y no en las necesidades de las personas. Éstas arrojan un resultado desastroso, con una fuerte destrucción de empleo y una caída de los salarios, la precarización de las condiciones de trabajo y una mayor desprotección de los derechos laborales, así como un drástico recorte de los derechos y recursos sociales.

Y así las cosas, la CEIM aún se plantea “revisar la actual configuración del Estado de bienestar, aligerando estructuras administrativas, rediciendo el gasto público y el personal de libre designación, reorganizando competencias de las diferentes Administraciones, suprimiendo entes y empresas públicas y revisando el Estado de bienestar, así  como las políticas asociadas al mismo”. Esta patronal apuesta por una profunda revisión del “funcionamiento de los servicios públicos de empleo, garantizando su coordinación con los servicios privados” y “el elenco de prestaciones de la Seguridad Social para excluir las que poco tienen que ver con el factor trabajo, sino que vienen a suponer políticas públicas que, en su caso, habría que abordar con otras fuentes de financiación". Este es el caso, a su juicio, de la prestación por paternidad o la de atención a familiares con enfermedades graves.

Las medidas son variadas, pero en ellas se descubre un modelo de Estado débil, pues otorga más peso a los servicios privados de contratación frente a los servicios de empleo y otorga a las mutuas la posibilidad de declarar el alta de la persona trabajadora. Además propone que se supriman impuestos (el de patrimonio, el de sucesiones y donaciones, el que recae sobre los gases fluorados efecto invernadero, etc.), que se aligeren las obligaciones tributarias de las empresas, se reduzca la cotización de la Seguridad Social a las empresas y a éstas se las bonifique fiscalmente; a la par que no se penalicen las infracciones de carácter formal. Ahora bien, y junto a esto, en base a sus propios intereses, plantean que sea ese mismo Estado el que cubra determinados gastos empresariales (las prestaciones sociales por incapacidad temporal o la reducción de jornada por cuidado de menores y dependientes). 

Vulnerabilidad de la clase trabajadora 

Ya en su presentación a los medios, el Plan 400 K se mostró como un programa multisectorial con medidas como la reducción de costes laborales y cargas fiscales. 

Los empresarios apuestan por limitar los plazos de duración de la incapacidad temporal, reducir la modalidades de contratación, establecer una tarifa plana en contratación para pymes, no penalizar el despido de trabajadores que tienen cubierta su carrera de cotización, reducir “drásticamente” las bonificaciones a la contratación para limitarla a colectivos de especial inserción; y flexibilizar las condiciones del contrato de prácticas, por ejemplo.  Nunca el trabajo se mostró tan claramente como objeto mercantil, lo cual es terrible si se piensa que el trabajo no se puede separar de la persona que lo desempeña, pero la situación es aún peor, porque el mercado lo que ofrece es una negociación a la baja. A este paso no sólo se trabajará gratis, sino que incluso habrá que pagar por trabajar. 

Para imponer todas estas medidas, se hace preciso acabar con las posibles resistencias a las mismas. Así, entre las medidas plantean que la responsabilidad social sea voluntaria y limita la potencial protesta. En el apartado del ámbito laboral figura la de reducir el número de representantes de los trabajadores en la empresa, así como el crédito horario, que se limitará a 15 horas mensuales y éstas se dedicarán sólo a representar directamente a las trabajadoras y trabajadores que les han elegido. 

A la huelga se destinan varias medidas. Según la CEIM se debería “regular claramente el contenido del derecho de información durante la huelga, diferenciándolo de toda medida coactiva o violenta y estableciendo qué actuaciones se consideran como labor de información sobre la convocatoria. Ha de protegerse eficazmente a los trabajadores que no deseen secundarla. Los piquetes informativos ya no tienen sentido en el marco actual de comunicación”. Preocupados por la ciudadanía, según ellos “es imprescindible la regulación de la ejecución sustitutoria inmediata en los casos en que no se respeten los servicios mínimos”. 

Y la vuelta a casa de las mujeres

Como el resto de propuestas y en la misma lógica neoliberal patriarcal del resto de las aplicadas por el Ejecutivo durante estos últimos años, el Plan 400 K plantea medidas que claramente refuerzan la división sexual del trabajo. La patronal madrileña cree que debería promoverse de manera "urgente" la aprobación de una Ley de Protección Integral de la Maternidad, con una financiación pública que facilite y apoye la conciliación y evite que recaigan sobre la gestión de la empresa las medidas que se están aprobando en los últimos tiempos, como por ejemplo, la ampliación de la edad de los hijos que faculta la posibilidad de solicitar la reducción de jornada. 

Para esta confederación empresarial, “la protección de la familia constituye un importante objetivo social, debe revisarse la imposición a la empresa de asumir peticiones de reducción de jornada por cuidado de menores y dependientes, así como la excesiva protección jurídica que conlleva, ya que ocasiona problemas de gestión, discriminación con respecto al resto de la plantilla y sobrecostes, además de lastrar la contratación y la carrera profesional de las mujeres. Proponemos una revisión del régimen de reducción de jornada, a la par que políticas sociales más favorables a la conciliación familiar y laboral”.

En esta apuesta por volver a meter a las mujeres en casa, la CEIM incluye la promoción del teletrabajo, para que las mujeres sigan cuidando cuando acaben la excedencia, se supone.  Eso sí, la reforma tiene la componente de clase. Entra las medidas figura el que los gastos por la contratación de servicio doméstico sean deducibles.

El plan de la CEIM es más de lo mismo