1 de octubre de 2010, 15:11
NUEVATRIBUNA.ES - 5.2.2010
Que el Gobierno propusiese atrasar dos años la edad de jubilación, al mismo tiempo que se comprometía a reducir el gasto en 40.000 millones, ya era un indicio, pero después de conocer el apartado sobre pensiones del “Programa de Estabilidad” enviado por el Gobierno a Bruselas, no cabe ninguna duda de que objetivo de Zapatero no era garantizar el futuro del sistema de pensiones, sino utilizar éste como un instrumento para cumplir con las exigencias de la UE.
Para ser un presidente que se considera progresista, ya le vale. Intenta reducir el déficit renunciando a incrementar la presión fiscal (aún mantiene los cheques bebe), recortando el gasto y limitando su capacidad de generar empleo (disminución de plantillas de trabajadores públicos, importante recorte en inversiones…), que debería ser el objetivo principal en estos momentos. Y pretende completar el ajuste exigiendo mayores sacrificios a las personas mayores, reduciendo en un 4% del PIB el gasto en pensiones en la década de 2020, casi la mitad de lo que suponen actualmente. Todo un ejemplo de ortodoxia económica liberal.
No es de extrañar la alegría de la CEOE, los únicos que han aplaudido la iniciativa. Además de los beneficios que puedan esperar del cambio de orientación en la política económica del Ejecutivo, si se llevase a delante la propuesta de Zapatero, el excedente de la Seguridad Social, que lo habría, les facilitaría la tan reclamada reducción de las cotizaciones sociales.
Mantener el sistema de pensiones requiere ajustes periódico, reformas que garanticen su futuro, con propuestas equilibradas, que contemplen todas las variables (no solo los gastos, también los ingresos), que cuenten con importantes consensos y que vayan acompañadas de la imprescindible labor de explicación a la sociedad. Nada de esto ha hecho el Gobierno.
En las formas ha despreciado la existencia del Pacto de Toledo, a la oposición y a los agentes sociales; no solo no ha explicado las reformas que pretendía sino que ha informado de ellas en el contexto de un paquete de medidas para frenar el déficit y ha provocado un debate social poco riguroso, aderezado con prejuicios, lugares comunes e importantes dosis de demagogia.
Claro que las pocas explicaciones dadas por parte del Gobierno no han contribuido precisamente a aclarar el panorama. Responsabilizar a las prejubilaciones del problema de las pensiones es crear cortinas de humo para confundir al personal o, en el mejor de los casos, atender a correcciones de 3º orden. Que empresas con beneficios despidan a sus trabajadores con 52 años es inaceptable socialmente, pero estos trabajadores siguen cotizando hasta los 61 y a esta edad se pueden jubilar con la correspondiente reducción en su pensión. El balance económico para la Seguridad Social será positivo o negativo en función de los años que viva la persona. En todo caso, si la única propuesta del Gobierno es impedir las llamadas prejubilaciones antes de los 58 años, poco van a ganar las arcas de la Seguridad Social, repercusión será nula.
Algo parecido sucede con la situación demográfica. El problema no es que con la baja tasa de natalidad en España no se puedan garantizar las pensiones del futuro, el problema es que, con el actual sistema, sea cual sea la pirámide demográfica, las pensiones no se mantienen si no se crean los suficientes puestos de trabajo. Hasta el comienzo de la crisis, con baja tasa de natalidad, el balance ingresos-gastos era positivo (incluso en 2009 lo ha sido) gracias a los puestos de trabajo creados que ocupaban inmigrantes. Un aumento de nacimientos en las últimas décadas, para lo único que serviría en estos momentos es para incrementar el número de parados.
En las pensiones, como en el déficit, el Gobierno solo se plantea actuar sobre el gasto rechazando cualquier modificación en los ingresos, cuando en éstos todavía hay un camino que recorrer. Hay que seguir avanzando en la separación de las fuentes de financiación, en evitar que parte del dinero de las pensiones se destine a otras prestaciones o gastos, solo con esto, según un estudio de CCOO, se conseguiría un incremento de los ingresos de 7.000 millones al año. Pero además es lógico pensar que debe haber aportaciones del Estado procedentes de los impuestos, bien directamente o bien asumiendo alguna de las prestaciones. La protección social, y las pensiones son un núcleo fundamental, tiene que estar relacionada con la riqueza de un país y el incremento de productividad permite crear más riqueza con menos mano de obra, lo que nos lleva a revisar el criterio de que los ingresos dependan solo del número de trabajadores.
Pero, ¿hay que retrasar la edad de jubilación? Probablemente en el futuro sí, empezamos más tarde a trabajar y vivimos más tiempo, con lo que, para mantener la actual situación, habría que garantizar una cantidad de ingresos a la caja de las pensiones, que no está claro que pudiese soportarlo nuestra economía, pero no es este el momento de plantearlo.
No es el momento porque todavía aumenta el Fondo de Reserva, incluso en la situación de crisis económica, porque la edad real de jubilación está aumentando (una media de un mes por año en los últimos cinco años), porque todavía están pendientes de aplicación reformas que supondrían un incremento de los ingresos, porque en España nos jubilamos a más edad que la media europea y porque no es de recibo que se pretenda dar carpetazo a la reforma del sistema de pensiones con una medida tan radical e inflexible como la propuesta por el Gobierno.
El actual sistema de pensiones, está regido por el principio de “café para todos” en una sociedad cada día más diversa, lo que le hace escasamente equitativo y esa es una de las cuestiones que habría que cambiar. No tiene sentido que haya una edad mínima de jubilación al margen de los años cotizados, ni que las pensiones de orfandad o viudedad no estén condicionadas por la situación económica de la persona beneficiaria.
También habría que introducir elementos de flexibilidad en torno a la edad de jubilación, primando la continuidad de la vida laboral, pero de igual forma permitiendo la jubilación anticipada con reducción de la pensión a recibir.
Sería lamentable que la iniciativa del Gobierno frustrase, en el Pacto de Toledo, un análisis sosegado de la situación de la Seguridad Social y se perdiese una oportunidad de avanzar en el ajuste, la estabilidad y equidad de las pensiones. Si Zapatero se quiere hacer el harakiri político es su problema, peo no debemos permitir que nos arrastre al precipicio.
Enrique Tordesillas es colaborador de El Periódico de Aragón y Radio Zaragoza y miembro del Observatorio de la Fundación 1º de Mayo "Sindicalismo y cambio en el mundo del trabajo".
Que el Gobierno propusiese atrasar dos años la edad de jubilación, al mismo tiempo que se comprometía a reducir el gasto en 40.000 millones, ya era un indicio, pero después de conocer el apartado sobre pensiones del “Programa de Estabilidad” enviado por el Gobierno a Bruselas, no cabe ninguna duda de que objetivo de Zapatero no era garantizar el futuro del sistema de pensiones, sino utilizar éste como un instrumento para cumplir con las exigencias de la UE.
Para ser un presidente que se considera progresista, ya le vale. Intenta reducir el déficit renunciando a incrementar la presión fiscal (aún mantiene los cheques bebe), recortando el gasto y limitando su capacidad de generar empleo (disminución de plantillas de trabajadores públicos, importante recorte en inversiones…), que debería ser el objetivo principal en estos momentos. Y pretende completar el ajuste exigiendo mayores sacrificios a las personas mayores, reduciendo en un 4% del PIB el gasto en pensiones en la década de 2020, casi la mitad de lo que suponen actualmente. Todo un ejemplo de ortodoxia económica liberal.
No es de extrañar la alegría de la CEOE, los únicos que han aplaudido la iniciativa. Además de los beneficios que puedan esperar del cambio de orientación en la política económica del Ejecutivo, si se llevase a delante la propuesta de Zapatero, el excedente de la Seguridad Social, que lo habría, les facilitaría la tan reclamada reducción de las cotizaciones sociales.
Mantener el sistema de pensiones requiere ajustes periódico, reformas que garanticen su futuro, con propuestas equilibradas, que contemplen todas las variables (no solo los gastos, también los ingresos), que cuenten con importantes consensos y que vayan acompañadas de la imprescindible labor de explicación a la sociedad. Nada de esto ha hecho el Gobierno.
En las formas ha despreciado la existencia del Pacto de Toledo, a la oposición y a los agentes sociales; no solo no ha explicado las reformas que pretendía sino que ha informado de ellas en el contexto de un paquete de medidas para frenar el déficit y ha provocado un debate social poco riguroso, aderezado con prejuicios, lugares comunes e importantes dosis de demagogia.
Claro que las pocas explicaciones dadas por parte del Gobierno no han contribuido precisamente a aclarar el panorama. Responsabilizar a las prejubilaciones del problema de las pensiones es crear cortinas de humo para confundir al personal o, en el mejor de los casos, atender a correcciones de 3º orden. Que empresas con beneficios despidan a sus trabajadores con 52 años es inaceptable socialmente, pero estos trabajadores siguen cotizando hasta los 61 y a esta edad se pueden jubilar con la correspondiente reducción en su pensión. El balance económico para la Seguridad Social será positivo o negativo en función de los años que viva la persona. En todo caso, si la única propuesta del Gobierno es impedir las llamadas prejubilaciones antes de los 58 años, poco van a ganar las arcas de la Seguridad Social, repercusión será nula.
Algo parecido sucede con la situación demográfica. El problema no es que con la baja tasa de natalidad en España no se puedan garantizar las pensiones del futuro, el problema es que, con el actual sistema, sea cual sea la pirámide demográfica, las pensiones no se mantienen si no se crean los suficientes puestos de trabajo. Hasta el comienzo de la crisis, con baja tasa de natalidad, el balance ingresos-gastos era positivo (incluso en 2009 lo ha sido) gracias a los puestos de trabajo creados que ocupaban inmigrantes. Un aumento de nacimientos en las últimas décadas, para lo único que serviría en estos momentos es para incrementar el número de parados.
En las pensiones, como en el déficit, el Gobierno solo se plantea actuar sobre el gasto rechazando cualquier modificación en los ingresos, cuando en éstos todavía hay un camino que recorrer. Hay que seguir avanzando en la separación de las fuentes de financiación, en evitar que parte del dinero de las pensiones se destine a otras prestaciones o gastos, solo con esto, según un estudio de CCOO, se conseguiría un incremento de los ingresos de 7.000 millones al año. Pero además es lógico pensar que debe haber aportaciones del Estado procedentes de los impuestos, bien directamente o bien asumiendo alguna de las prestaciones. La protección social, y las pensiones son un núcleo fundamental, tiene que estar relacionada con la riqueza de un país y el incremento de productividad permite crear más riqueza con menos mano de obra, lo que nos lleva a revisar el criterio de que los ingresos dependan solo del número de trabajadores.
Pero, ¿hay que retrasar la edad de jubilación? Probablemente en el futuro sí, empezamos más tarde a trabajar y vivimos más tiempo, con lo que, para mantener la actual situación, habría que garantizar una cantidad de ingresos a la caja de las pensiones, que no está claro que pudiese soportarlo nuestra economía, pero no es este el momento de plantearlo.
No es el momento porque todavía aumenta el Fondo de Reserva, incluso en la situación de crisis económica, porque la edad real de jubilación está aumentando (una media de un mes por año en los últimos cinco años), porque todavía están pendientes de aplicación reformas que supondrían un incremento de los ingresos, porque en España nos jubilamos a más edad que la media europea y porque no es de recibo que se pretenda dar carpetazo a la reforma del sistema de pensiones con una medida tan radical e inflexible como la propuesta por el Gobierno.
El actual sistema de pensiones, está regido por el principio de “café para todos” en una sociedad cada día más diversa, lo que le hace escasamente equitativo y esa es una de las cuestiones que habría que cambiar. No tiene sentido que haya una edad mínima de jubilación al margen de los años cotizados, ni que las pensiones de orfandad o viudedad no estén condicionadas por la situación económica de la persona beneficiaria.
También habría que introducir elementos de flexibilidad en torno a la edad de jubilación, primando la continuidad de la vida laboral, pero de igual forma permitiendo la jubilación anticipada con reducción de la pensión a recibir.
Sería lamentable que la iniciativa del Gobierno frustrase, en el Pacto de Toledo, un análisis sosegado de la situación de la Seguridad Social y se perdiese una oportunidad de avanzar en el ajuste, la estabilidad y equidad de las pensiones. Si Zapatero se quiere hacer el harakiri político es su problema, peo no debemos permitir que nos arrastre al precipicio.
Enrique Tordesillas es colaborador de El Periódico de Aragón y Radio Zaragoza y miembro del Observatorio de la Fundación 1º de Mayo "Sindicalismo y cambio en el mundo del trabajo".