“Si vivir es bueno, es mejor soñar, y mejor que todo, madre, despertar”, escribió Antonio Machado. Yo también creo que lo mejor es despertar, aunque no todos tenemos el mismo despertar. Después de varios años viviendo y soñando con gobernar España, Rajoy y su gobierno parecen haber despertado en un país desconocido, lleno de trampas y cambalaches, y aquejado de una muy mala salud económica y financiera. Algo falló en la teoría del saber del ahora presidente. O era un pardillo hace tan solo unas semanas, aficionado impenitente a la siesta, y solo ocupado en zapatearlo todo para llegar a Palacio; o un profesional de la escena cuando pasa a ser actor de la realidad, y nos amenaza con la insoportable crudeza de la crisis, el déficit, el paro y la ausencia de dinero para hacer política.
No queda aquí el extraño caso del presidente desinformado. Mariano Rajoy se presentó a las elecciones sin contar, ni siquiera insinuar, alguna de las medidas ahora aprobadas. Es más, aún están frescas en la memoria alguna de sus intervenciones contra la reforma laboral que el Gobierno de Zapatero aprobó en mayo de 2010, y que a mi juicio, se alimentó de los mismos ingredientes que la suya (despido más fácil y barato, dualidad del mercado laboral, devaluación de la negociación colectiva) si bien, con dosis de menor alcance. Podría afirmarse que unos abrieron la puerta y otros tiraron el tabique. Si las elecciones hubieran arrojado un resultado distinto, sabiendo el electorado lo que votaba, es algo que pertenece a la ficción. Yo creo que no; lo que no es incompatible con exigir a las fuerzas políticas mayor transparencia y honestidad hacia la ciudadanía a la que se dirige para pedirle su voto.
Cada uno en su sitio
Dice el Gobierno que hace lo que hace por responsabilidad con su país. Sus razones tendrá para llamar responsabilidad a eliminar derechos sociales y laborales que diseñaron la arquitectura básica de la democracia en España y de su posterior desarrollo constitucional. Denuncian los medios de comunicación afines, que la izquierda social y política ni siquiera concede los 100 días de cortesía al Ejecutivo de Rajoy. Ni siquiera unas horas nos dieron ellos a nosotros. En su primer Consejo de Ministros, tan solo unos días después de su constitución, el Gobierno aprobó un plan de ajuste centrado en deprimir salarios y reducir gasto social. En poco más de un mes hizo honor a las palabras del presidente (“la reforma del mercado de trabajo me puede costar una huelga general”) y decretó una reforma laboral que cuestiona toda la estructura del derecho del trabajo desde la transición democrática.
¿Y qué nos piden los propagandistas del régimen, que nos quedemos parados 100 días mientras nos desmontan en una semana todo lo construido hasta ahora? Si esa es su responsabilidad la nuestra es defender los derechos de los trabajadores con diálogo, negociación y con todos los instrumentos democráticos que la Constitución pone a nuestro alcance. Han ido demasiado lejos. Acusan al PSOE de liderar la protesta. Algún que otro ministro, necesitado de hacer méritos, le acusa incluso de alentar actos violentos. Ni una cosa ni la otra. Sabe el PSOE que no está en condiciones de liderar la respuesta social, porque todavía están vigentes sus agresiones a los derechos sociales y laborales (reforma del 2010, golpe a la actividad económica, golpe a la inversión pública, golpe a la dependencia, golpe a los pensionistas, golpe a las empleadas y empleados públicos…). Pero el movimiento sindical sabe también que el manual de recortes y de eliminación de derechos de Rajoy es de tal magnitud que no bastará con mantener vivo el conflicto laboral; habrá que tejer una amplia y plural convergencia social de la que únicamente deben sentirse excluidos los que así lo decidan y los violentos.
La situación no es fácil. La última legislatura de Zapatero no fue precisamente para enmarcar. La tasa de paro es insoportable. Pero ya huele mal tanto recurso a la candidez. Nadie se cree el elevado índice de ignorancia que el Gobierno dice tener de la realidad; o como gusta decir al PP, de la torticera manipulación de los indicadores económicos que llevó a cabo el anterior Ejecutivo. Que no se escondan en la ignorancia. Que no justifiquen su gigantesco ataque al Estado de bienestar y al derecho laboral con la cantinela de que “las cosas están peor de lo que nos dijeron”. Vivir en la oposición y soñar con la Moncloa estuvo bien. Pero ahora, superado el sueño, uno debe elegir qué intereses defiende cuando gobierna. La derecha española no se caracteriza por su sensibilidad social. Recibió un aval estimable el 20 de noviembre. Pero nadie es elegido para gobernar con impunidad. Podría equivocarse el PP si llegara a la conclusión de que los votos son el mejor aval para que la ciudadanía lo aguante todo. Su enorme voracidad para aniquilar el Estado social, emprendiéndola simultáneamente contra el movimiento sindical para contagiar el miedo y la resignación en la sociedad, puede acelerar su descrédito. El paro, la exclusión social, la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, el deterioro de los servicios públicos y la cada vez mayor evidencia de que se gobierna al dictado de instituciones financieras, lobbys conservadores europeos, grupos empresariales y la Conferencia Episcopal pueden acabar con la paciencia de cualquiera.
El 9 de marzo, las direcciones confederales de CCOO y UGT decidirán el calendario de la respuesta social. El Gobierno sabe que si descarta el diálogo y elige el camino del decreto, el conflicto social en su máxima expresión está servido.