La crisis de la economía española es una crisis de la sociedad española. Una crisis que, desencadenada en los ámbitos internacionales con el estallido financiero, tiene componentes internos que la propician y agudizan. Tan intensa es la crisis, que en el año 2010 hemos retrocedido en nuestro Producto Interior Bruto a niveles de 2003.
Hacemos además un mal uso del factor trabajo con tasas de paro del 20 por ciento. Dicho de otra manera, no usamos una quinta parte de nuestra capacidad de trabajo. Las cuentas públicas presentan un déficit muy importante. Las empresas y las familias, las Administraciones públicas, nos hemos endeudado en un 268 por ciento de nuestro Producto Interior Bruto. Una deuda con el extranjero de 1,7 veces nuestro Producto Interior Bruto (PIB). Este país se ha endeudado hasta las cejas para comprar suelo, locales, viviendas, que hoy no valen nada y cuyo precio era un espejismo.
Tenemos, por lo tanto, un problema de financiación de deuda con el extranjero, con problemas serios de vencimiento de esa deuda, lo cual origina tensiones especulativas como las que hemos vivido a lo largo de los últimos meses sobre la deuda española.
De otra parte, compramos al extranjero mucho más de lo que vendemos y nuestros bancos, ahogados por los créditos inmobiliarios, tienen serios problemas para dar nuevos créditos a familias y empresas. Todo el capital que captan lo dedican a provisionar y respaldar, riesgos hipotecarios. 800.000 viviendas no vendidas son el mejor ejemplo de un insano modelo de crecimiento que lo ha fiado todo al ladrillo y lo inmobiliario.
La situación es muy dura. El diagnóstico es desalentador. La incapacidad de nuestros gobernantes evidente. En una situación como la que vivimos es necesario aplicar políticas expansivas de inversión. Pero las rebajas de impuestos, deteriorando la base fiscal de este país, han producido dificultades de financiación cuando más necesarios son esos recursos.
No tenemos la baza fiscal, porque la hemos desaprovechado. Además sólo la Administración Central ha reducido su déficit, bajando un -3,7 por ciento del Producto Interior Bruto, mientras Comunidades Autónomas y Ayuntamientos han incrementado su déficit.
El año 2011 va a ser determinante porque es ahora cuando se exige más esfuerzo de ahorro a las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. Pese a la subida del IVA, recaudar más impuestos con una crisis como la que vivimos, es muy improbable.
Los vencimientos de deuda de nuestro país afectan a 203.000 millones de euros que tenemos que renovar. A lo que hay que sumar las renegociaciones de deudas de Comunidades y Ayuntamientos de unos 55.000 millones de euros y otros 100.000 millones de euros de los bancos y cajas, con intereses de en torno al 5,5 por ciento.
Si no tenemos base fiscal para recaudar de forma equitativa y justa. Si debemos mucho y tenemos que pagar intereses más caros. Si el motor inmobiliario del ladrillo se ha quemado y no volverá. Tendremos que concluir que la situación es muy difícil.
Llevamos más de una década con un tejido productivo muy frágil y alta rentabilidad de la especulación inmobiliaria, que genera altos beneficios, rápidos, a costa de un endeudamiento alto durante muchos años.
Los márgenes de beneficio empresarial son muy altos y hacen subir los precios incluso en tiempo de crisis. Por eso, el esfuerzo, no puede ser realizado exclusivamente desde los trabajadores. La pretensión de seguir presionando a los trabajadores, golpeando nuestra capacidad adquisitiva es un grave error de bulto de cara al futuro y al presente de una crisis dura, que se prolongará en el tiempo y que no puede ser abordada, escuchando exclusivamente las voces de los sectores más implicados en una crisis brutal.
CCOO tenemos análisis, propuestas, alternativas y vocación de diálogo, pero tenemos también una voluntad a toda prueba para acometer las luchas necesarias para conseguir una salida justa y negociada de la crisis, para la ciudadanía y la clase trabajadora.