Cuando comenzó la crisis, Zapatero –bien por esa absurda manía que tiene algunos políticos de aparentar optimismo, bien por incapacidad para entender realmente el alcance de la crisis– pretendía tranquilizarnos diciendo que el sistema financiero español era uno de los más sólidos del mundo. Pues bien, tres años más tarde nos damos de bruces con la dura realidad: nuestro sistema financiero tiene unos 185.000 millones de euros de activos tóxicos entre créditos dudosos e inmuebles y la política de fusiones y las ayudas del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) han sido claramente insuficientes.
Es evidente que la debilidad del sistema financiero es el principal problema para la reactivación económica –dificulta enormemente la concesión de créditos y genera desconfianza en el exterior, lo que se traduce en un incremento de los tipos de interés que se pagan a los prestamistas– pero ni el PSOE ni el PP han priorizado su puesta a punto. Han preferido echar las culpas a los “privilegios” de los trabajadores fijos (aquí no han tenido miramientos con hacer una reforma muy agresiva), funcionarios… o al “despilfarro” que suponen la enseñanza y la sanidad públicas.
Mientras tanto, ante la pasividad de los responsables políticos y económicos, el problema ha ido creciendo y ahora Bankia necesita otra inyección de dinero público, el Gobierno obliga a ampliar las provisiones de los bancos en 30.000 millones de euros para hacer frente a posibles impagos, obliga a separar los activos inmobiliarios y pone a disposición de la Banca otros 15.000 millones. ¿Será esta la reforma necesaria u otro parche para ir tirando? En Europa se hacen la misma pregunta y, lógicamente, la credibilidad de nuestro sistema financiero y de nuestras perspectivas económicas es comparable al de los países intervenidos.
Sin duda la mayor responsabilidad de la situación financiera es del Gobernador del Banco de España que no ha sabido o no ha querido limitar la financiación del sector inmobiliario (se encuentra más cómodo haciendo de ariete contra los derechos de los trabajadores), pero el Partido Popular no tiene ninguna autoridad moral para dar lecciones: tanto en la Comunidad de Madrid como en la de Valencia el PP ha considerado las Cajas como meros instrumentos al servicio de sus intereses políticos o personales. Hay responsabilidades políticas y posiblemente penales que no deberían olvidarse y mucho menos compensarse con indemnizaciones o ascensos.
Esta es una buena oportunidad para crear el embrión de una banca pública que, al menos, supla las deficiencias de la privada; pero que nadie se haga ilusiones, en la religión neoliberal de Rajoy eso sería pecado mortal. Casi me conformaría con conocer la verdad, que se aborde con rigor de una vez la restructuración del sistema financiero y que su coste no la paguemos entre todos.