8 de mayo de 2010, 4:23
Joseph Stiglitz, Premio Nobel de economía en 2001, y Linda J. Bilmes acaban de publicar en la edición de enero de la revista Harper’s el artículo “La cruda de los 10 billones de dólares”, con el claro subtítulo de “Pagando el precio por ocho años de Bush”.
Los datos del artículo son contundentes sobre las cuentas del presidente que dejará la Casa Blanca en unas semanas: casi todos los indicadores económicos se han deteriorado, así como el déficit público, el déficit comercial o los niveles de endeudamiento. En datos que atañen más a la calidad real de la economía del vecino del norte y de sus habitantes, cerca de cuatro millones de puestos de trabajo en la industria manufacturera han desaparecido y más de cinco millones de estadunidenses se sumaron en estos años a quienes carecen de cobertura sanitaria. De acuerdo con Stiglitz y Bilmes, el costo por familia para adquirir un seguro médico creció en 87%, las personas sin cobertura médica se extendieron 19% –rebasando los 45 millones de individuos–, las familias en una situación de pobreza aumentaron en 19% –habiendo ya 7.6 millones de núcleos familiares en tal extremo–, el ingreso medio de las familias cayó uno por ciento en ocho años, al tiempo que los beneficios de las corporaciones se expandieron en este periodo en 68%.
A pesar de que las administraciones republicanas en Estados Unidos se identifican con la ortodoxia económica, ocurre que con frecuencia son sus gobiernos los más irresponsables en el control de los equilibrios entre ingresos y gastos públicos. Ocurrió en su momento en la era Reagan, pero en esta ocasión el descontrol alcanza marcas históricas para la economía mundial: Bush Jr. llegó al gobierno recibiendo un superávit público de 128 mil millones de dólares, pero estimaciones de la oficina presupuestal del Congreso situaban el déficit para noviembre del año pasado en 750 mil millones de dólares. Nunca un gobierno, en un ejercicio fiscal, había debido tanto.
Eso, hasta ahora. A ello hay que agregar los costos que deja la herencia –si así se le puede llamar al legado de deudas– de Bush, que se desagrega, según los cálculos de los autores referidos, en: aumento de la deuda nacional: 4.9 billones; déficit fiscal proyectado para 2009: 0.75 billones; costo del rescate de los gigantes financieros Fabbie Mae y Freddie Mac: 1.6 billones; costo de otros rescates por bancarrotas: medio billón de dólares; intereses futuros en los próximos 10 años por la nueva deuda contraída en los ocho años previos: 1.5 billones; pagos a compañías farmacéuticas por el llamado “Medicare Part D” –que no negocia el precio de las medicinas con los proveedores–: 0.8 billones de dólares; costos en pensiones a veteranos de guerra de Irak y Afganistán y a sus familias: 0.1 billón; reconstrucción de la defensa nacional tras la guerra: 0.2 billones. En total: 10.35 billones de dólares. Es la loza económica de Bush a Obama y, sobre todo, a los estadunidenses.
Ahora bien, en medio de la magnitud del desastre revelado en los últimos meses es la hora en que no deja de haber ganadores: entre ellos a los que se les dejó hacer y se les dejó pasar cualquier medida con afán de lucro –así fuera el engaño puro y duro de las pirámides–, y ello fue posible merced la predominancia de un discurso sobre el control de la economía que los gobiernos de Bush encarnaron al extremo, el de la desregulación. ¿A dónde fue el dinero en estos años? Ya se mencionó el aumento en las ganancias corporativas, pero Stiglitz y Bilmes dan cuenta de que 10% de los hogares más ricos vieron aumentar sus ingresos en 95%.
Por supuesto, el desastre no es sólo responsabilidad de una persona o de una administración, pues en buena parte de los problemas asociados con decisiones de política también participaron otros agentes, como el Congreso, que aprobó una reducción de impuestos favorecedora de los segmentos de altos ingresos –responsabilidad que, por cierto, en nuestro país también comparte la Cámara de Diputados junto con el gobierno de Vicente Fox–, o la Reserva Federal y distintas agencias reguladoras de los mercados financieros que por omisión dieron rienda a la espiral de especulación y fraude que precipitó la crisis económica mundial en curso. En el sector privado hay, asimismo, responsabilidades, que van de las empresas partícipes del engaño hasta los propios consumidores.
Pero, con todo, la responsabilidad directa de los dos gobiernos de Bush Jr. en el desenlace económico es intransferible. Demuestra que la acción pública siempre tiene consecuencias en el devenir económico, pero que también las tiene la inacción, esto es, que la pretendida verdad revelada de que las fallas en la acción estatal se resuelven con la inhibición de la política pública y la abdicación de las responsabilidades estatales es falsa. El problema no es que el Estado actúe, o que deje de hacerlo, sino de la calidad y la orientación de las acciones. Unas administraciones que apostaron por la reducción de impuestos, la desregulación y por favorecer la concentración del ingreso dejan tras de sí una delicada situación económica que afectará a varias generaciones. En esa experiencia triste hay, o debería haber, claves de lo que los gobiernos no se pueden permitir y de lo que no se les puede permitir. Es hora de tomar nota en clave doméstica.
Ciro Murayama - Economista, es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es editor de la revista “Nexos” y en la actualidad escribe semanalmente en “La Crónica”.