martes 28/9/21

Una reforma laboral basada en falacias

La reforma laboral que acaba de imponer de forma unilateral el gobierno de Rajoy, además de injusta socialmente, es muy negativa para el crecimiento económico y el empleo. El análisis falaz que fundamenta la reforma es que las empresas, y economía española en general, han ido perdiendo competitividad desde la entrada en el euro porque la inflación creció aquí más que en la media de la Unión Europea.

La reforma laboral que acaba de imponer de forma unilateral el gobierno de Rajoy, además de injusta socialmente, es muy negativa para el crecimiento económico y el empleo.

El análisis falaz que fundamenta la reforma es que las empresas, y economía española en general, han ido perdiendo competitividad desde la entrada en el euro porque la inflación creció aquí más que en la media de la Unión Europea. Dado que no ya es posible devaluar la moneda, la única vía para recuperar la competitividad es la llamada devaluación interior. Dicho en plata, reducir los salarios de los trabajadores españoles en un 25%. Este es el objetivo de la reforma, bajar los salarios para que las empresas exporten más y con ello salir de la recesión. Sin embargo esta idea está basada en un diagnostico erróneo que va a tener consecuencias funestas para la economía española, para los trabajadores y también para la mayoría de las empresas.

Porque los alemanes que diseñaron este modelo que Rajoy aplica, no tienen en cuenta que la estructura productiva española está caracterizada por un enorme peso de las pequeñas y medianas empresas, incluso micro empresas, que venden sus productos, y sobre todo sus servicios, en el mercado interior español.

España vende fuera de sus fronteras el 30% de su PIB, pero estas operaciones están concentradas en un número muy reducido de empresas ya que se estima que tan solo 250 acumulan el 80% del total de las exportaciones. Las empresas exportadoras son las únicas que se podrían beneficiar de la bajada de salarios porque al reducir sus costes pueden ser más competitivas en los mercados internacionales. Pero ni eso. Porque en realidad estas son las grandes empresas de la banca, la energía, la industria petrolera, la distribución textil, las grandes constructoras, los fabricantes de automóviles que son precisamente las que tienen las mejores retribuciones y que, por lo tanto, no compiten con salarios bajos.

Pero para más el 95% de las empresas españolas esta estrategia de devaluación puede resultar letal porque sus ventas dependen exclusivamente de la demanda interna, y los salarios son precisamente la componente fundamental de la misma. Por lo tanto, una reducción salarial se traslada de forma directa e instantánea a una caída primero de sus ventas, después a una menor producción para terminar con una reducción de su plantilla.

Lo poco que las pequeñas y medianas empresas pueden generar reduciendo sus costes laborales lo van a perder multiplicado por diez por la caída en su nivel de ventas.

Esta reforma laboral provocará la caída de la demanda por la menor renta salarial y por lo tanto va a agravar la recesión económica, haciéndola más larga y más dura, y llevándose por delante a muchas empresas y a muchos trabajadores. Por eso tienen razón los sindicatos cuando la califican de injusta en lo social, inútil para el empleo e ineficaz para la economía.

Las medidas concretas de la reforma laboral son tan brutales contra los derechos de los trabajadores que el gobierno elude hablar de ellas y se esconde detrás de afirmaciones genéricas que en realidad no son más que falacias.

La primera es que la reforma contribuiría a la creación de empleo cuando la economía se recupere. Esto no es cierto, sino todo lo contrario. El objetivo buscado por la reforma es bajar los salarios de los trabajadores. Si a eso e unimos el miedo a perder el empleo, el resultado va a ser, inevitablemente, un agravamiento de la recesión. Menos salario y más ahorro supone una caída en la demanda y por lo tanto en la actividad económica y en las ventas de las empresas. Por ello, el efecto de la reforma no será el impulso al empleo. Al contrario. Al menos en todo 2012 la reforma hará que se destruya más empleo que el que ya se iba a perder.

La segunda falacia es que la reforma aumenta la flexibilidad interna para evitar despidos. Una afirmación incomprensible porque lo que se hace es justamente lo contrario: se facilita y abarata el despido hasta llevarlo casi hasta el limite del despido libre y gratuito y no se introduce ningún incentivo nuevo para que se utilicen fórmulas alternativas, como las reducciones de jornada u otras.

En la primera fase de la crisis las empresas, ante las caídas en su producción, no respondieron con ajustes internos sino rescindiendo el contrato a los temporales, porque eso no tenía coste. Ahora se abarata el despido y, por lo tanto, lo que se facilita es despedir a los fijos y no esforzarse en buscar acuerdos y medidas de flexibilidad interna.

La tercera idea es que se actúa contra la precariedad laboral mejorando la estabilidad en el empleo. Y sin embargo no solo se mantienen todas las modalidades de los contratos temporales, sino que se añade otra más. En concreto un nuevo contrato para las empresas de hasta 50 trabajadores, el 99% de las que hay en España, con una característica muy peligrosa: el periodo de prueba se amplía hasta un año, un tiempo en el que la recisión del contrato es a voluntad del empresario y sin ninguna indemnización. Es decir, despido libre y gratuito durante un año.

La última afirmación es que una reforma que se hace pensando en los 5,3 millones de personas en paro. Pero esto no pasa de ser una simple frase que no se corresponde con la realidad porque en el texto no hay ninguna medida que de más oportunidades de empleo a los desempleados, que aumente su empleabilidad o mejore su protección.

Las únicas concreciones en el texto son para ver como se reduce el gasto en prestaciones, con medidas que van desde que el parado que sea contratado se pague con su prestación hasta el 25% de su sueldo hasta tratarlo de presunto delincuente, al vincular su legítimo derecho al cobro de prestaciones a trabajos de servicios a la comunidad, algo que por ahora realizan personas condenadas por delitos menores.

Una reforma laboral basada en falacias
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