martes 15.10.2019

Una reforma educativa que olvida al profesorado

El equipo del Ministerio de Educación cometerá un error imperdonable si, como se apunta en el anteproyecto de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), prescinde del profesorado en su empeño por reformar una vez más el sistema educativo.

El equipo del Ministerio de Educación cometerá un error imperdonable si, como se apunta en el anteproyecto de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), prescinde del profesorado en su empeño por reformar una vez más el sistema educativo. Ninguna reforma podrá prosperar sin una implicación entusiasta de quienes tienen que implantarla y el anteproyecto aprobado por el Gobierno no solo olvida al profesorado, sino que lo desprecia, adoptando medidas contrarias a sus intereses, que se suman a las que se derivan de los recortes.

Es un hecho que el profesorado, representado institucionalmente por sus representantes legales, apenas ha sido consultado. El anteproyecto se está tramitando con una urgencia inusitada en un momento en que se coarta nuestra actuación institucional, en lo que parece un intento deliberado de impedir nuestra participación activa.

Por otra parte, ya el propio anteproyecto deja entrever un evidente desprecio hacia la labor del profesorado, a su objetividad y al trabajo de la evaluación continua, al ordenar que sean agentes externos los que evalúen al alumnado en los momentos clave que van a decidir su progresión educativa. Semejante propuesta sólo puede interpretarse como una muestra de absoluta desconfianza en la tarea docente.

Algunas de las medidas relacionadas con el profesorado dañan gravemente la calidad de nuestra educación. Por ejemplo, amplía la posibilidad de cambiar al profesorado de enseñanzas, niveles y etapas, eliminado su carácter excepcional en las plantillas estables de los centros. Además abre la puerta a desplazamientos forzosos, con pérdida de los actuales destinos y con cambios de localidad. Esta medida puede resultar especialmente grave en algunas especialidades que perderán carga lectiva. También aumentará la inestabilidad en las plantillas de los centros, con el consiguiente perjuicio para la calidad, la innovación y la implicación en proyectos educativos específicos.

La LOMCE supone un enorme paso atrás en lo que se refiere a la participación. Aunque, según el borrador de la ley, el claustro mantiene sus competencias, el director asume una gran parte de las que corresponden al consejo escolar convirtiéndose de esta forma en el único órgano decisorio del centro. En cambio, el consejo escolar será un órgano meramente consultivo, que no participará ni siquiera en la elección del equipo directivo y pierde la condición de órgano de gobierno del centro. Además, en el anteproyecto el profesorado pierde influencia en la comisión de selección de los directores, donde tendrá una representación un 15%, frente al tercio que tiene en este momento. De esta manera la capacidad decisoria en la elección del director pasa en manos de la Administración.

Al redactar el anteproyecto de la ley el Ministerio olvida las actuales ratios, manteniéndolas, aunque recientemente se han incrementado hasta en un 20%. También elude la jornada lectiva, que ha sido aumentada, y no se establece límite temporal a los actuales recortes.

En las últimas reformas educativas, incluida la franquista Ley General de Educación publicada en 1970, se incluyeron algunas mejoras laborales y profesionales para el profesorado. Las únicas excepciones fueron la LOCE, promulgada en 2002, y la LOMCE, ambas normas elaboradas por gobiernos del Partido Popular. No ocurrió lo mismo en las leyes educativas anteriores.

La LODE, de 1985, la LOGSE, de 1990, y la LOE, de 2006, incluían mejoras para los docentes, tales como un sistema de jubilaciones anticipadas e incentivadas, promociones intercorporativas mediante el procedimiento de concurso, la reclasificación en grupo más alto de algunos colectivos, mejoras en las clasificaciones de los cuerpos funcionariales y la posibilidad de establecer procedimientos para reducir la temporalidad, etc. También en el ámbito de la enseñanza concertada estas leyes contemplaban medidas que han beneficiado a su profesorado, como la regulación del “pago delegado” o facilitar que se avance hacia la equiparación.

En estas normas se establecieron mecanismos para solucionar las situaciones de colectivos desclasificados en la Función Pública, se integraron en los cuerpos generales colectivos integrados en otras administraciones, se potenció la acción tutorial y o se abrió la posibilidad de concretar reducciones de jornada lectiva para el profesorado de más edad, entre otras cuestiones importantes.

Por el contrario, texto aprobado por el Gobierno no contempla ninguna mejora laboral o profesional. El compromiso de elaborar un Estatuto Docente después de la publicación de la ley nos recuerda al formulado por el anterior Gobierno en 2005. Entonces hubo ley, la LOE, pero no Estatuto Docente. Ahora nos tememos que suceda lo mismo.

Otro ejemplo es que eluda cualquier posibilidad de recuperar un sistema de jubilaciones específico de los docentes, análogo al que contemplaron la LOGSE y en la LOE, una cuestión especialmente sensible para el profesorado desde que CCOO firmó el primer acuerdo hace casi 25 años. Tampoco se plantea que el personal docente integrado en el Régimen General de la Seguridad Social pueda acogerse a la jubilación voluntaria.

Si a esto añadimos los pavorosos efectos de los recortes educativos en las plantillas de profesorado de los centros y el aumento del alumnado en las aulas, no hace falta ser un profeta para augurar que la calidad de nuestra educación se hunde as pasos agigantados. De poco vale que se intente maquillar las cifras y las estadísticas o recurrir a un lenguaje economicista para ocultar la realidad. Los que trabajamos en los centros la conocemos demasiado bien como para que traten de engañarnos.

La historia reciente de nuestro sistema educativo nos ha demostrado que una reforma que prescinda del respaldo de los profesionales de la enseñanza estará abocada al fracaso por la sencilla razón de que son éstos quienes han de aplicarla en sus centros de trabajo.

Una reforma educativa que olvida al profesorado
Comentarios