1 de octubre de 2010, 15:13
NUEVATRIBUNA.ES - 31.1.2010
Díaz Ferrán y sus huestes estarán frotándose las manos y preguntándose emocionados si el siguiente paso será el abaratamiento del despido mientras los trabajadores no podemos evitar la preocupación al ver como nuestros derechos laborales se tambalean.
Si una medida del ejecutivo despierta los aplausos de la CEOE y la oposición de la mayoría del arco parlamentario es cuando menos cuestionable y provoca preguntas que no deberían quedar sin respuesta:
¿Por qué no incentivar el retraso voluntario de la edad de jubilación en determinadas profesiones?
¿Por qué sólo se habla tímidamente de limitar las prejubilaciones?
¿Acaso porque hay miedo a que los no prejubilados pasasen a engrosar las listas del paro?
¿Por qué no se empiezan a tomar medidas reales de activación de empleo?
¿No existen alternativas a alargar la edad de la jubilación para garantizar la viabilidad de las pensiones?
¿Los miembros del Pacto de Toledo tendrán que seguir analizando los problemas estructurales del sistema de la Seguridad Social hasta que cumplan 67 años?
Zapatero le adjudica el calificativo de “razonable” a la propuesta de alargar la edad de jubilación hasta los 67 años sin embargo no parece muy “razonable” ignorar las condiciones, tanto físicas como psíquicas, en las que va a llegar un trabajador a los 67 años si finalmente se materializa la propuesta.
Dice Corbacho que “la propuesta de prolongar la edad de jubilación es un punto de partida para llegar a un acuerdo en el Pacto de Toledo”; si lo que se pretendía era abrir un debate, reconozco que se ha conseguido e incluso admito que la necesidad del mismo porque probablemente algunas de las medidas serán inevitables para garantizar la sostenibilidad del actual sistema de pensiones pero siempre y cuando dichas medidas sean debatidas en una mesa de diálogo social.
UGT y CC.OO ya expresaron públicamente su rechazo a la propuesta y su confianza en que la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo no apoye una medida que Cándido Méndez considera “nacida para contentar a los mercados financieros”
Hagamos un pequeño ejercicio de ¿ficción? Si establecemos un probable paralelismo entre el Pacto de Toledo y un silogismo, llegaremos a la conclusión de que el Pacto partió de una premisa errónea:
Las pensiones tienen que ser contributivas
El sistema de pensiones contributivo estará basado en las cotizaciones
Por lo tanto nunca se contemplará la posibilidad de que el Estado aumente su aportación para garantizar la viabilidad de las pensiones
Para el ex ministro Jordi Sevilla el cambio del sistema de pensiones es evidente:
“De ser un sistema de seguro público financiado con cotizaciones, debe pasar a ser un derecho de ciudadanía financiado mediante impuestos generales".
Un cambio lógico que Sevilla argumenta con total claridad:
"Antes, en España, la sanidad también era una prestación de la Seguridad Social, como ahora las pensiones. Es decir, sólo accedían los trabajadores y se financiaba mediante cotizaciones. Luego, se convirtió en un derecho financiado con impuestos”
Jordi Sevilla no se queda anclado en la crítica y hace la siguiente propuesta:
"Propongo una transición a veinte años que vaya reduciendo las actuales cotizaciones sociales a la vez que se crea e implanta un IMPUESTO GENERAL SOBRE EL GASTO vinculado al IRPF y a Sociedades y cuya base impositiva sería la diferencia entre lo ingresado cada año y lo ahorrado. Es decir, un impuesto sobre el gasto. Por otro lado, todas las pensiones se irían unificando en una sola cuya cuantía sería diferente en función de un número de variables que pueden incluir años trabajados, salarios percibidos o estado de necesidad".
A partir de ahora llega el turno de la negociación con los agentes sociales, negociación en la que la propuesta de Sevilla debería estar sobre la mesa.
Pilar Rego - Educadora Social.
Díaz Ferrán y sus huestes estarán frotándose las manos y preguntándose emocionados si el siguiente paso será el abaratamiento del despido mientras los trabajadores no podemos evitar la preocupación al ver como nuestros derechos laborales se tambalean.
Si una medida del ejecutivo despierta los aplausos de la CEOE y la oposición de la mayoría del arco parlamentario es cuando menos cuestionable y provoca preguntas que no deberían quedar sin respuesta:
Zapatero le adjudica el calificativo de “razonable” a la propuesta de alargar la edad de jubilación hasta los 67 años sin embargo no parece muy “razonable” ignorar las condiciones, tanto físicas como psíquicas, en las que va a llegar un trabajador a los 67 años si finalmente se materializa la propuesta.
Dice Corbacho que “la propuesta de prolongar la edad de jubilación es un punto de partida para llegar a un acuerdo en el Pacto de Toledo”; si lo que se pretendía era abrir un debate, reconozco que se ha conseguido e incluso admito que la necesidad del mismo porque probablemente algunas de las medidas serán inevitables para garantizar la sostenibilidad del actual sistema de pensiones pero siempre y cuando dichas medidas sean debatidas en una mesa de diálogo social.
UGT y CC.OO ya expresaron públicamente su rechazo a la propuesta y su confianza en que la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo no apoye una medida que Cándido Méndez considera “nacida para contentar a los mercados financieros”
Hagamos un pequeño ejercicio de ¿ficción? Si establecemos un probable paralelismo entre el Pacto de Toledo y un silogismo, llegaremos a la conclusión de que el Pacto partió de una premisa errónea:
Para el ex ministro Jordi Sevilla el cambio del sistema de pensiones es evidente:
“De ser un sistema de seguro público financiado con cotizaciones, debe pasar a ser un derecho de ciudadanía financiado mediante impuestos generales".
Un cambio lógico que Sevilla argumenta con total claridad:
"Antes, en España, la sanidad también era una prestación de la Seguridad Social, como ahora las pensiones. Es decir, sólo accedían los trabajadores y se financiaba mediante cotizaciones. Luego, se convirtió en un derecho financiado con impuestos”
Jordi Sevilla no se queda anclado en la crítica y hace la siguiente propuesta:
"Propongo una transición a veinte años que vaya reduciendo las actuales cotizaciones sociales a la vez que se crea e implanta un IMPUESTO GENERAL SOBRE EL GASTO vinculado al IRPF y a Sociedades y cuya base impositiva sería la diferencia entre lo ingresado cada año y lo ahorrado. Es decir, un impuesto sobre el gasto. Por otro lado, todas las pensiones se irían unificando en una sola cuya cuantía sería diferente en función de un número de variables que pueden incluir años trabajados, salarios percibidos o estado de necesidad".
A partir de ahora llega el turno de la negociación con los agentes sociales, negociación en la que la propuesta de Sevilla debería estar sobre la mesa.
Pilar Rego - Educadora Social.