En una situación de extrema incertidumbre como la actual, la obligación fundamental de un gobierno responsable es la de aportar claridad, decisión y liderazgo. Confianza en definitiva. Mientas que España ocupa las portadas de los periódicos como el principal problema de la zona euro, la presentación del presupuesto se ha retrasado varios meses tan solo por intereses electorales del partido del gobierno. Y cuando se presentan es con un presidente desaparecido y en una de rueda de prensa casi esperpéntica en la que solo se informa de generalidades retrasando, otra vez, hasta el martes los detalles del mismo. Un disparate.
Aún así, ya se saben algunas cosas significativas que no resultan nada tranquilizadoras. Primero, que los 12.900 millones en los que se recorta el gasto son en la Administración General del Estado, que gestiona tan solo el 20% del gasto total y que, por lo tanto, el ajuste en el conjunto de las administraciones, Seguridad Social, Comunidades Autónomas y Administración Local, será sensiblemente superior.
Segundo, que a pesar de las declaraciones demagógicas de austeridad, el gasto corriente de la administración se reduce tan solo el 2,5% en comparación con 2011 mientras que el gasto de capital, esto es la inversión pública, se desploma en más del 36%. Tercero la distribución funcional de los ajustes revela que los efectos negativos del recorte afectan especialmente a la economía, al empleo, a la protección social y a la política de solidaridad. En concreto, la inversión pública se reduce en 5.477 millones y al Centro para el Desarrollo de la Tecnología industrial (CDTI), una pieza básica en el cambio del modelo productivo, se le condena a su práctica desaparición al quitarle 442 millones, el 82% de su presupuesto.
Se reduce el presupuesto del Servicio Público de Empleo en 2.458 millones de euros, lo que convierte en papel mojado la idea de dar prioridad a la lucha contra el desempleo de la que habla el gobierno. En la protección social se hace desaparecer en la práctica el sistema de protección a la dependencia al eliminar 283 millones de euros y en educación se recortan otros 830 millones de euros. Por último se liquida la ayuda a los países pobres, la cooperación al desarrollo, porque el gobierno de Rajoy les da un tijeretazo de más de 1.400 millones.
La conclusión es evidente. El presupuesto de 2012 supondrá menos crecimiento económico, menos desarrollo industrial y tecnológico, menos empleo, mas paro, menos protección social y casi nada de solidaridad. Y esto no es una opinión parcial sino el cuadro macroeconómico presentado por el gobierno el 2 de marzo.
La estimación oficial del gobierno es que en 2012 la demanda nacional, que es la suma del consumo y de la inversión tanto pública como privada, caiga en 2012 el 4,6%, lo que va a provocar una recesión de la economía con una caída del PIB del -1,7% ,que supondrá una destrucción de 650.000 empleos disparando la tasa de paro hasta más del 24%.
Este cuadro de los horrores no es, aunque lo pueda parecer, una crítica demagógica de la oposición parlamentaria o de los sindicatos, es la previsión oficial del propio gobierno. Porque el presidente Rajoy se olvida que los objetivos reales de la política económica tienen que ser el crecimiento económico y el empleo y que el equilibrio presupuestario es solo una variable instrumental. Un tratamiento de electroshock para equilibrar las cuentas al precio de provocar la caída en una gravísima recesión y superar la barrera de los seis millones de desempleados, una barbaridad que la sociedad española no le va a perdonar.