lunes 26/10/20

Un nuevo sistema

Sueño con despertar una mañana y ver la retransmisión en directo, desde el Congreso de los Diputados, de la lectura y aprobación de una nueva Constitución. Uno a uno, se irían leyendo y votando los artículos de la nueva norma fundamental: “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho.

Sueño con despertar una mañana y ver la retransmisión en directo, desde el Congreso de los Diputados, de la lectura y aprobación de una nueva Constitución. Uno a uno, se irían leyendo y votando los artículos de la nueva norma fundamental:

“España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho. La forma de gobierno del Estado español es la República igualitaria de trabajadores y emprendedores de toda clase”… “Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto, cooperando los poderes públicos con todas las confesiones religiosas en orden a su representatividad social”… “Los partidos, formaciones y agrupaciones son instrumentos fundamentales para la participación política”… “Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales son instrumentos fundamentales para la negociación colectiva”… “Trabajadores y emprendedores intervienen en la cogestión de las empresas, teniendo representación ejecutiva en sus órganos de gestión y administración”… “Todos los trabajadores serán partícipes del beneficio empresarial que generen, destinándolo a mejoras de las condiciones de trabajo”…“Queda fijado por ley el salario mínimo y por convenio colectivo el salario máximo, debiéndose fijar también por convenio las retribuciones del personal laboral no regulado por el Estatuto de los Trabajadores”… “Toda la riqueza energética del país está subordinada al interés general y, por tanto, el Estado central y/o los entes territoriales cogestionarán las empresas que extraigan dicha riqueza, reservándose también la posibilidad de participación accionarial, compatibilizando en todo caso la rentabilidad privada con la responsabilidad social”… “Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. A tales efectos, el Estado central y los entes territoriales se dotan de una banca pública”… “Las administraciones públicas garantizarán a los ciudadanos la prestación de servicios esenciales de calidad”…

Y así podría seguir soñando hasta conformar un Estado republicano –federal o autonómico- donde trabajadores y emprendedores se sintieran copartícipes de la buena marcha de las empresas, o donde cualquier ciudadano o asociación pudiera participar en unas elecciones o intervenir en la elaboración de las leyes a través de mecanismos de democracia participativa. Ese Estado republicano e igualitario, como todo Estado, tendría que articularse sobre dos pilares básicos, el económico y el político. ¿Y cuáles serían sus características esenciales?

En el terreno económico las formas societarias del capital, tanto privado como público, incluirían la cogestión y la participación en los beneficios. La cogestión implicaría una representación ejecutiva de los trabajadores en los consejos de administración de las sociedades anónimas, en las juntas generales de las sociedades limitadas y en los órganos de administración del resto de formas jurídicas de empresa. La participación de los trabajadores en los beneficios empresariales se revertiría exclusivamente en la mejora de las condiciones de trabajo. Las retribuciones económicas en las empresas quedarían negociadas en convenio, incluyendo las de las relaciones laborales no reguladas por el Estatuto de los Trabajadores.

Las empresas que extrajeran recursos energéticos estarían cogestionadas por el Estado central y/o los entes territoriales, pudiendo formar parte también del accionariado de dichas empresas. Y en ningún caso se importaría a mayor precio el mismo tipo de energía que también se exportara. El Estado y los entes territoriales dispondrían de una banca pública para satisfacer las necesidades de financiación de particulares y empresas que la banca privada no cubriera. Esta banca pública podría dotarse de fondos propios o captados en el mercado de deuda y lo ideal sería que el Banco Central Europeo se hubiera convertido en el banco público de los países comunitarios. Igualmente, las administraciones públicas cubrirían con criterios de calidad las necesidades básicas de la población en materia de sanidad, educación, ayuda familiar, servicios sociales, pensiones, etc., así como los servicios públicos esenciales de transporte colectivo.

En el terreno político habría que implantar un sistema electoral que garantizara la justa proporción entre los votos recibidos y los representantes repartidos, lo que conllevaría -si así se decidiera- la representatividad de los votos en blanco, contabilizados como una opción política más. Un método directamente proporcional calcularía el número de escaños en función del porcentaje de voto obtenido, incluyendo dos decimales. No se calcularían para las opciones que hubieran obtenido menos del 1% de los votos. Con ese resultado se obtendría una lista de escaños para cada opción política, también con dos decimales. Los escaños se asignarían redondeando al alza (de 0,5 para arriba) o a la baja (de 0,4 para abajo), de tal forma que las opciones que no obtengan un mínimo de 0,5 diputados, no tendrían derecho a representación. Aún así, obtener ese mínimo de 0,5 diputados no aseguraría el escaño, pues la asignación de escaños se iría completando con los diputados obtenidos por las distintas opciones políticas, de mayor a menor hasta completar toda la lista. De quedar algún escaño por repartir, se asignaría a la opción más votada.

Este sistema electoral no difiere mucho del actual si se mantiene la circunscripción provincial, pero demuestra su mayor y más justa proporcionalidad si la circunscripción fuese autonómica o, incluso, estatal. Lo que sí permite es la representación de quienes expresan un rechazo a todas las opciones políticas, siendo su voto tan válido como el resto. Quizá dejar algún que otro escaño vacío no afectaría demasiado al trabajo parlamentario pero, sin duda, supondría una llamada de atención permanente a los representantes políticos y, quizá, se vieran conminados a debatir sobre demandas concretas que hubieran justificado esos votos en blanco. En cualquier caso, la inclusión del voto en blanco como una opción política más sería, sin duda, objeto de largo debate.

El sistema político daría opciones no solo a partidos sino también a formaciones y agrupaciones electorales, de manera real y efectiva. De su financiación quedarían excluidas entidades bancarias y grandes empresas. Esto solo sería posible limitando mucho las campañas electorales y financiándolas con dinero público y transparente. Se podría articular un sistema que asignara recursos publicitarios a partidos, formaciones o agrupaciones que, por ejemplo, recabaran un número determinado de avales que, en cualquier caso, podría ser superior al actualmente exigido para presentarse a las elecciones. Estas asignaciones serían distintas a las que actualmente se perciben por obtener representación parlamentaria y, sin duda, harían posible una sana renovación de aquellos partidos o formaciones que se hubieran quedado anquilosados o desconectados de la ciudadanía.

Es solo un sueño y, además, inconcluso, pues la lista de mejoras que se pueden introducir en el actual sistema político y económico para que, ambos, sean más democráticos, participativos y transparentes es extensa, tan extensa quizá como la lista de personas que, al hilo de esta crisis sistémica que nos atenaza, confluyen sus ideas y sus esfuerzos esperando que, en algún momento, los europeos reaccionen de verdad exigiendo esos cambios profundos que necesita el sistema para que asegure el bienestar de la inmensa mayoría social y no solo de unos pocos privilegiados que nunca pierden.

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