20 de septiembre de 2010, 15:10
NUEVATRIBUNA.ES - 20.7.2009
El contencioso de Gibraltar ejemplifica, en líneas generales, uno de los más sonados fracasos de la diplomacia española de los últimos tres siglos. De ahí que en vez de tropezar continuamente con la misma piedra, el Palacio de Santa Cruz lleve unos años cambiando de tercio en esta materia: si resulta impensable en una Europa democrática y unida utilizar la fuerza para domeñar a los yanitos insurgentes, más vale atraérselos. Hasta ahora, la ofensiva española estribaba en lanzarle piedras a la damisela a la que se pretendía conquistar. Desde que se le dio sitio de forma diferenciada al gobierno de la Roca en el foro tripartito que sirve para debatir cuestiones cotidianas referidas al Peñón, hemos empezado a regalarle flores y cajas de bombones. El propósito estriba en que, más tarde que temprano, a los habitantes de la colonia británica no les asuste la posibilidad de cambiar de bandera porque no cambiaría su estatus económico y político si cambiase la titularidad de su soberanía.
Esta semana, el titular español de Asuntos Exteriores, Miguel Angel Moratinos visita Gibraltar. Es la primera vez que uno de nuestros ministros lo hace: Marcelino Oreja incluso se negaba a cruzar la Verja cuando dejó de serlo, hasta en tanto ondease sobre dicho territorio la bandera de la Union Jack. Con cierta perspectiva histórica, resulta raro que uno de los principales artífices del acuerdo de Lisboa de 1980 no tuviera curiosidad alguna en conocer a los calpenses, objeto en suma de muchos de sus desvelos de aquella época.
Ahora, el Partido Popular le ha pedido a Moratinos que no viaje a lo que el franquismo llamó la espina clavada sobre la soberanía española. Los conservadores entienden que su presencia allí reconoce de facto la interlocución del gobierno de Peter Caruana, que no deja de ser autonómico, con el que representan a los intereses estatales del Reino Unido y de España en este histórico litigio. Pero quizá eso constituya un acierto más que un error: ¿cómo vamos a seguir negándole voz y voto a unos ciudadanos que tienen a sus padres, a sus abuelos, a sus bisabuelos y a sus tatarabuelos enterrados en el territorio que pretendemos recobrar? ¿Cómo aplicar en el umbral del siglo XXI las recetas absolutistas de 1704, fecha en la que España perdió Gibraltar en el transcurso de una de nuestras pintorescas y tradicionales guerras civiles? El concepto de soberanía, en aquel entonces, no era precisamente popular sino absolutista, quizá porque todavía faltaban 85 años para la Revolución Francesa.
España desatendió el Tratado de Utrecht de 1713 que consagraba la soberanía británica del territorio, aunque una de sus cláusulas establece que si en algún momento el Reino Unido pretendiera ceder su titularidad, se produciría una inminente retrocesión de la misma a la corona de España. Lejos de aceptar tales capitulaciones, nuestro país firmó aquel documento y se puso de inmediato a asediar la fortaleza en sucesivos y fracasados intentos a lo largo del siglo XVIII. La presión militar aflojó durante el XIX, quizá porque estábamos entretenidos con la batalla de Trafalgar, con la invasión francesa, las Cortes de Cádiz y los sucesivos entierros de la Constitución de 1812 a manos de los triunfales partidarios del antiguo régimen. Durante la centuria de los Cien Mil Hijos de San Luis que decapitaron el trienio liberal, la de la Primera República y la del desastre del 98, España prefirió el pragmatismo y convirtió a Gibraltar en un emporio del contrabando, sucesivamente poblado por genoveses, malteses, ingleses y, por qué no decirlo, judíos que volvían inesperadamente a Sefarad y españoles que huían de la intolerancia que reinaba en el resto de la Península: en 1936, no menos de diez mil personas salvaron el pellejo al otro lado de la frontera, aunque el gobernador militar británico admiraba tanto a Franco como su rey Eduardo admiraba a Hitler, así que no dudó en entregar a numerosos izquierdistas a la revancha fratricida de sus pelotones de ejecución sumarísima.
Aunque la reivindicación de Gibraltar siguió latente en la doctrina diplomática española –y para ello baste comprobar el hecho curioso de que anarquistas como Federica Montseny dieran en coincidir con intelectuales conservadores en esta materia--, la presión internacional al respecto no se recrudeció hasta que el franquismo logró vencer el aislacionismo impuesto por los aliados tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Si en 1953, el dictador firma el primer acuerdo con Estados Unidos y el concordato con la Santa Sede del que todavía somos víctimas, al año siguiente se apresuró a buscar el primer pretexto para convertir a Gibraltar en un enemigo exterior con el que sumar voluntades entre españoles que todavía llevaban abiertas las heridas de la guerra y, sobre todo, las de la brutal represión de dicho régimen. Y es que, en 1954, la reina Isabel II de Inglaterra visitó inopinadamente Gibraltar, un enclave estratégico que había sido fundamental para la causa aliada en el norte de Marruecos y en la Europa mediterránea.
A partir de entonces, la diplomacia de la dictadura española decidió llevar el caso ante la Asamblea de las recién nacidas Naciones Unidas y el comité de descolonización que tanto trabajo tendría en Africa y en Asia durante la década de los 60. El nombramiento de Fernando María de Castiella como ministro de Asuntos Exteriores resultó determinante en dicho proceso. Tanto interés le despertó el caso de Gibraltar, que fue bautizado jocosamente como “el ministro del asunto exterior”. Aunque logró avances para la causa española en la interpretación que la ONU mantiene todavía sobre el litigio hispanobritánico, no pudo impedir que Gibraltar gozara de una Constitución propia cuando nuestro país tenía que conformarse con el paripé autoritario del Fuero de los Españoles y con la llamada democracia orgánica, con lo chungo que resulta añadirle cualquier calificativo a la palabra democracia.
Si, desde aquel momento, los gibraltareños podían gozar de un nivel de autogobierno superior al de las actuales autonomías españolas, ¿cómo iba Franco a ilusionarles con la simple promesa de que no perseguiría a sus partidos políticos y con su incorporación a una nueva provincia andaluza cuyos límites iban a alcanzar desde Ronda a Estepona, desde Alcalá de los Gazules a Vejer de la Frontera? Visto lo visto, El Partdo decidió emprender una nueva ofensiva consistente en sitiar a los gibraltareños para que se rindieran finalmente a las presiones españolas: obligó a los trabajadores españoles a abandonar la plaza, siendo sustituidos por empleados marroquíes, al tiempo que cercenó las comunicaciones telefónicas, marítimas y terrestres, cerrando en 1969 la cancela de la Verja que el colonialismo inglés había levantado a comienzos de siglo, anexionándose el istmo que no aparecía contemplado en el Tratado de Utrecht y sobre cuyo filo levantaron un insólito aeropuerto que aún sigue operativo.
Encerrados en torno a esa enorme piedra caliza, aquellos 30.000 gibraltareños se convirtieron en otros presos políticos del franquismo. Alentados por su orgullo y, sobre todo, por la libra y el respaldo británico, lejos de tirar la toalla, Gibraltar se convirtió en Numancia y resistió el bloqueo española hasta las sucesivas reaperturas del paso fronterizo que acometió el primer gobierno socialista: en diciembre de 1982 a efectos peatonales y en 1985 de forma global.
El acuerdo de Bruselas de 1984, que reabría el diálogo entre España y el Reino Unido sobre todas las cuestiones pendientes, incluyendo la de la soberanía sobre el Peñón, no sentó nada bien entre los gibraltareños que desconfiaban de un entendimiento entre ambas potencias que dejaran al descubierto sus deseos y sus intereses. Así que el acuerdo sobre el uso conjunto del aeropuerto suscrito en 1987 y cacareado por la prensa española como una victoria en la recuperación del istmo, forzó la dimisión del carismático sir Joshua Hassan como chief minister del gobierno local. Al año siguiente, las elecciones dejaron el gobierno en manos de Joe Bossano, un socialista que había bebido del laborismo pero que había formado parte de Integration with Britain, un partido que apostaba por la integración con el Reino Unido. Lejos de dicha bandera, Bossano apostó por conquistar mayores cotas de autogobierno, aunque tuvo que bailar con la más fea: la privatización de los servicios públicos que desde comienzos de dicha década preconizaba Margaret Thatcher y que llevaron al cierre de los astilleros de Gibraltar, el célebre Arsenal que propiciaba miles de empleos. Como en los viejos tiempos, cuando el Ejército ni el Estado ofrecían trabajo, los campogibraltareños se las ventilaban en la economía sumergida: así surgió el repunte del contrabando y del narcotráfico en dicha bahía, favorecido por las restricciones que España impuso a los motores de las lanchas fueraborda que acarreaban tabaco o droga y que provocó que numerosos clanes gallegos se mudaran de las rías al Peñón.
La gran alternativa para la supervivencia económica de Gibraltar la fijó Bossano en la potenciación de un centro off shore, un paraíso fiscal con una legislación potente para aparentar que allí no se blanqueaba, pero con el mismo trato de favor que Suiza, Mónaco, Luxemburgo, Andorra o las islas del Canal de la Mancha dispensan a sus clientes encriptadas bajo 50.000 sociedades inscritas desde los años 30 del siglo XX en el Register of Companies con cuyos títulos comercian los bufetes locales. Dicha situación, que aún hoy se mantiene en gran medida, sirvió a la diplomacia española como ariete a la hora de denunciar a Gibraltar como una formidable cueva de piratas: el problema consistía, sin embargo, en que los expertos se empeñaban en denunciar que se blanqueaba tanto a este lado de la Verja como al otro, aunque aquí no hubiera un centro financiero propiamente dicho sino una pésima legislación contra el blanqueo, que no se convirtió en ley propiamente dicha hasta 1992.
Hartos de su mala imagen internacional, los gibraltareños depusieron a Joe Bossano a través de las urnas y eligieron al conservador Peter Caruana, de Gibraltar Social Democrats, como el ministro principal idóneo para llegar a lo que allí llaman “un arreglito” con España. Ahora, en este asunto, seguimos lejos de los espejismos de soberanías compartidas que los socialistas pusieron encima de la mesa y con el que los populares chutaron a las puertas del Foreign Office en los tiempos de Abel Matutes y de Josep Piqué; pero lejos también de la autodeterminación de la mayoría de los gibraltareños que empiezan a normalizar su vida cotidiana con nuestro país justo cuarenta años después de que les dieran con la Verja en las narices.
Hoy por hoy, parecen normalizadas las comunicaciones aéreas y encontrado un foro de diálogo para que todas las partes puedan entenderse, la actual batalla se libra fundamentalmente sobre asuntos domésticos, que suelen ser los principales: el nuevo aeródromo, las colas fronterizas o el pleito de las aguas territoriales, que ha tenido en estos días una impresentable secuela al reclamar Caruana la insumisión de los navegantes locales ante las lanchas de la Guardia Civil usurpando incluso competencias de la Royal Navy. Tiempo habrá para discutir qué bandera merece ondear sobre Punta Europa. Si las cosas van bien y la Unión Europea terminará siendo Unión Europea, el hecho de que Gibraltar sea español o británico tendrá tanta o tan poco importancia como que El Bierzo sea ahora una comarca gallega o leonesa. Y si la Unión Europea deja definitivamente de serlo, tendremos problemas mucho más serios que el de Gibraltar.
Así las cosas, si Miguel Angel Moratinos fue capaz en su día de transitar la difícil frontera entre Israel y Palestina, ¿por qué no puede cruzar la célebre Focona (Four Corners) gibraltareña? Y si puede llenar su tanque de gasolina barata suministrada por Cepsa, abrir una cuenta en el Royal Scotland, participado por el BSCH y comprar a buen precio un cartón de tabaco exportado por la propia Altadis, mejor que mejor. A fin de cuentas, es lo que hacemos el resto de los españoles cuando cruzamos esa extraña aduana.
Juan José Téllez es escritor y periodista, colaborador en distintos medios de comunicación (prensa, radio y televisión). Fundador de varias revistas y colectivos contraculturales, ha recibido distintos premios periodísticos y literarios. Fue director del diario Europa Sur y en la actualidad ejerce como periodista independiente para varios medios. En paralelo, prosigue su carrera literaria como poeta, narrador y ensayista, al tiempo que ha firmado los libretos de varios espectáculos musicales relacionados en mayor o menor medida con el flamenco y la música étnica. También ha firmado guiones para numerosos documentales.
> Blog de Juan José Téllez
El contencioso de Gibraltar ejemplifica, en líneas generales, uno de los más sonados fracasos de la diplomacia española de los últimos tres siglos. De ahí que en vez de tropezar continuamente con la misma piedra, el Palacio de Santa Cruz lleve unos años cambiando de tercio en esta materia: si resulta impensable en una Europa democrática y unida utilizar la fuerza para domeñar a los yanitos insurgentes, más vale atraérselos. Hasta ahora, la ofensiva española estribaba en lanzarle piedras a la damisela a la que se pretendía conquistar. Desde que se le dio sitio de forma diferenciada al gobierno de la Roca en el foro tripartito que sirve para debatir cuestiones cotidianas referidas al Peñón, hemos empezado a regalarle flores y cajas de bombones. El propósito estriba en que, más tarde que temprano, a los habitantes de la colonia británica no les asuste la posibilidad de cambiar de bandera porque no cambiaría su estatus económico y político si cambiase la titularidad de su soberanía.
Esta semana, el titular español de Asuntos Exteriores, Miguel Angel Moratinos visita Gibraltar. Es la primera vez que uno de nuestros ministros lo hace: Marcelino Oreja incluso se negaba a cruzar la Verja cuando dejó de serlo, hasta en tanto ondease sobre dicho territorio la bandera de la Union Jack. Con cierta perspectiva histórica, resulta raro que uno de los principales artífices del acuerdo de Lisboa de 1980 no tuviera curiosidad alguna en conocer a los calpenses, objeto en suma de muchos de sus desvelos de aquella época.
Ahora, el Partido Popular le ha pedido a Moratinos que no viaje a lo que el franquismo llamó la espina clavada sobre la soberanía española. Los conservadores entienden que su presencia allí reconoce de facto la interlocución del gobierno de Peter Caruana, que no deja de ser autonómico, con el que representan a los intereses estatales del Reino Unido y de España en este histórico litigio. Pero quizá eso constituya un acierto más que un error: ¿cómo vamos a seguir negándole voz y voto a unos ciudadanos que tienen a sus padres, a sus abuelos, a sus bisabuelos y a sus tatarabuelos enterrados en el territorio que pretendemos recobrar? ¿Cómo aplicar en el umbral del siglo XXI las recetas absolutistas de 1704, fecha en la que España perdió Gibraltar en el transcurso de una de nuestras pintorescas y tradicionales guerras civiles? El concepto de soberanía, en aquel entonces, no era precisamente popular sino absolutista, quizá porque todavía faltaban 85 años para la Revolución Francesa.
España desatendió el Tratado de Utrecht de 1713 que consagraba la soberanía británica del territorio, aunque una de sus cláusulas establece que si en algún momento el Reino Unido pretendiera ceder su titularidad, se produciría una inminente retrocesión de la misma a la corona de España. Lejos de aceptar tales capitulaciones, nuestro país firmó aquel documento y se puso de inmediato a asediar la fortaleza en sucesivos y fracasados intentos a lo largo del siglo XVIII. La presión militar aflojó durante el XIX, quizá porque estábamos entretenidos con la batalla de Trafalgar, con la invasión francesa, las Cortes de Cádiz y los sucesivos entierros de la Constitución de 1812 a manos de los triunfales partidarios del antiguo régimen. Durante la centuria de los Cien Mil Hijos de San Luis que decapitaron el trienio liberal, la de la Primera República y la del desastre del 98, España prefirió el pragmatismo y convirtió a Gibraltar en un emporio del contrabando, sucesivamente poblado por genoveses, malteses, ingleses y, por qué no decirlo, judíos que volvían inesperadamente a Sefarad y españoles que huían de la intolerancia que reinaba en el resto de la Península: en 1936, no menos de diez mil personas salvaron el pellejo al otro lado de la frontera, aunque el gobernador militar británico admiraba tanto a Franco como su rey Eduardo admiraba a Hitler, así que no dudó en entregar a numerosos izquierdistas a la revancha fratricida de sus pelotones de ejecución sumarísima.
Aunque la reivindicación de Gibraltar siguió latente en la doctrina diplomática española –y para ello baste comprobar el hecho curioso de que anarquistas como Federica Montseny dieran en coincidir con intelectuales conservadores en esta materia--, la presión internacional al respecto no se recrudeció hasta que el franquismo logró vencer el aislacionismo impuesto por los aliados tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Si en 1953, el dictador firma el primer acuerdo con Estados Unidos y el concordato con la Santa Sede del que todavía somos víctimas, al año siguiente se apresuró a buscar el primer pretexto para convertir a Gibraltar en un enemigo exterior con el que sumar voluntades entre españoles que todavía llevaban abiertas las heridas de la guerra y, sobre todo, las de la brutal represión de dicho régimen. Y es que, en 1954, la reina Isabel II de Inglaterra visitó inopinadamente Gibraltar, un enclave estratégico que había sido fundamental para la causa aliada en el norte de Marruecos y en la Europa mediterránea.
A partir de entonces, la diplomacia de la dictadura española decidió llevar el caso ante la Asamblea de las recién nacidas Naciones Unidas y el comité de descolonización que tanto trabajo tendría en Africa y en Asia durante la década de los 60. El nombramiento de Fernando María de Castiella como ministro de Asuntos Exteriores resultó determinante en dicho proceso. Tanto interés le despertó el caso de Gibraltar, que fue bautizado jocosamente como “el ministro del asunto exterior”. Aunque logró avances para la causa española en la interpretación que la ONU mantiene todavía sobre el litigio hispanobritánico, no pudo impedir que Gibraltar gozara de una Constitución propia cuando nuestro país tenía que conformarse con el paripé autoritario del Fuero de los Españoles y con la llamada democracia orgánica, con lo chungo que resulta añadirle cualquier calificativo a la palabra democracia.
Si, desde aquel momento, los gibraltareños podían gozar de un nivel de autogobierno superior al de las actuales autonomías españolas, ¿cómo iba Franco a ilusionarles con la simple promesa de que no perseguiría a sus partidos políticos y con su incorporación a una nueva provincia andaluza cuyos límites iban a alcanzar desde Ronda a Estepona, desde Alcalá de los Gazules a Vejer de la Frontera? Visto lo visto, El Partdo decidió emprender una nueva ofensiva consistente en sitiar a los gibraltareños para que se rindieran finalmente a las presiones españolas: obligó a los trabajadores españoles a abandonar la plaza, siendo sustituidos por empleados marroquíes, al tiempo que cercenó las comunicaciones telefónicas, marítimas y terrestres, cerrando en 1969 la cancela de la Verja que el colonialismo inglés había levantado a comienzos de siglo, anexionándose el istmo que no aparecía contemplado en el Tratado de Utrecht y sobre cuyo filo levantaron un insólito aeropuerto que aún sigue operativo.
Encerrados en torno a esa enorme piedra caliza, aquellos 30.000 gibraltareños se convirtieron en otros presos políticos del franquismo. Alentados por su orgullo y, sobre todo, por la libra y el respaldo británico, lejos de tirar la toalla, Gibraltar se convirtió en Numancia y resistió el bloqueo española hasta las sucesivas reaperturas del paso fronterizo que acometió el primer gobierno socialista: en diciembre de 1982 a efectos peatonales y en 1985 de forma global.
El acuerdo de Bruselas de 1984, que reabría el diálogo entre España y el Reino Unido sobre todas las cuestiones pendientes, incluyendo la de la soberanía sobre el Peñón, no sentó nada bien entre los gibraltareños que desconfiaban de un entendimiento entre ambas potencias que dejaran al descubierto sus deseos y sus intereses. Así que el acuerdo sobre el uso conjunto del aeropuerto suscrito en 1987 y cacareado por la prensa española como una victoria en la recuperación del istmo, forzó la dimisión del carismático sir Joshua Hassan como chief minister del gobierno local. Al año siguiente, las elecciones dejaron el gobierno en manos de Joe Bossano, un socialista que había bebido del laborismo pero que había formado parte de Integration with Britain, un partido que apostaba por la integración con el Reino Unido. Lejos de dicha bandera, Bossano apostó por conquistar mayores cotas de autogobierno, aunque tuvo que bailar con la más fea: la privatización de los servicios públicos que desde comienzos de dicha década preconizaba Margaret Thatcher y que llevaron al cierre de los astilleros de Gibraltar, el célebre Arsenal que propiciaba miles de empleos. Como en los viejos tiempos, cuando el Ejército ni el Estado ofrecían trabajo, los campogibraltareños se las ventilaban en la economía sumergida: así surgió el repunte del contrabando y del narcotráfico en dicha bahía, favorecido por las restricciones que España impuso a los motores de las lanchas fueraborda que acarreaban tabaco o droga y que provocó que numerosos clanes gallegos se mudaran de las rías al Peñón.
La gran alternativa para la supervivencia económica de Gibraltar la fijó Bossano en la potenciación de un centro off shore, un paraíso fiscal con una legislación potente para aparentar que allí no se blanqueaba, pero con el mismo trato de favor que Suiza, Mónaco, Luxemburgo, Andorra o las islas del Canal de la Mancha dispensan a sus clientes encriptadas bajo 50.000 sociedades inscritas desde los años 30 del siglo XX en el Register of Companies con cuyos títulos comercian los bufetes locales. Dicha situación, que aún hoy se mantiene en gran medida, sirvió a la diplomacia española como ariete a la hora de denunciar a Gibraltar como una formidable cueva de piratas: el problema consistía, sin embargo, en que los expertos se empeñaban en denunciar que se blanqueaba tanto a este lado de la Verja como al otro, aunque aquí no hubiera un centro financiero propiamente dicho sino una pésima legislación contra el blanqueo, que no se convirtió en ley propiamente dicha hasta 1992.
Hartos de su mala imagen internacional, los gibraltareños depusieron a Joe Bossano a través de las urnas y eligieron al conservador Peter Caruana, de Gibraltar Social Democrats, como el ministro principal idóneo para llegar a lo que allí llaman “un arreglito” con España. Ahora, en este asunto, seguimos lejos de los espejismos de soberanías compartidas que los socialistas pusieron encima de la mesa y con el que los populares chutaron a las puertas del Foreign Office en los tiempos de Abel Matutes y de Josep Piqué; pero lejos también de la autodeterminación de la mayoría de los gibraltareños que empiezan a normalizar su vida cotidiana con nuestro país justo cuarenta años después de que les dieran con la Verja en las narices.
Hoy por hoy, parecen normalizadas las comunicaciones aéreas y encontrado un foro de diálogo para que todas las partes puedan entenderse, la actual batalla se libra fundamentalmente sobre asuntos domésticos, que suelen ser los principales: el nuevo aeródromo, las colas fronterizas o el pleito de las aguas territoriales, que ha tenido en estos días una impresentable secuela al reclamar Caruana la insumisión de los navegantes locales ante las lanchas de la Guardia Civil usurpando incluso competencias de la Royal Navy. Tiempo habrá para discutir qué bandera merece ondear sobre Punta Europa. Si las cosas van bien y la Unión Europea terminará siendo Unión Europea, el hecho de que Gibraltar sea español o británico tendrá tanta o tan poco importancia como que El Bierzo sea ahora una comarca gallega o leonesa. Y si la Unión Europea deja definitivamente de serlo, tendremos problemas mucho más serios que el de Gibraltar.
Así las cosas, si Miguel Angel Moratinos fue capaz en su día de transitar la difícil frontera entre Israel y Palestina, ¿por qué no puede cruzar la célebre Focona (Four Corners) gibraltareña? Y si puede llenar su tanque de gasolina barata suministrada por Cepsa, abrir una cuenta en el Royal Scotland, participado por el BSCH y comprar a buen precio un cartón de tabaco exportado por la propia Altadis, mejor que mejor. A fin de cuentas, es lo que hacemos el resto de los españoles cuando cruzamos esa extraña aduana.
Juan José Téllez es escritor y periodista, colaborador en distintos medios de comunicación (prensa, radio y televisión). Fundador de varias revistas y colectivos contraculturales, ha recibido distintos premios periodísticos y literarios. Fue director del diario Europa Sur y en la actualidad ejerce como periodista independiente para varios medios. En paralelo, prosigue su carrera literaria como poeta, narrador y ensayista, al tiempo que ha firmado los libretos de varios espectáculos musicales relacionados en mayor o menor medida con el flamenco y la música étnica. También ha firmado guiones para numerosos documentales.
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