20 de septiembre de 2010, 16:49
NUEVATRIBUNA.ES - 9.7.2009
De ser cierto lo que este jueves dice El País, que la permanencia en su cargo del señor Camps puede deberse a la confianza que el PP tiene en la presión política que el president como tal puede ejercer sobre la judicatura más conservadora, estaríamos ante la constatación (una más de una larga lista) del desprecio que el principal partido de la oposición siente hacia las instituciones.
Lo demostró sobradamente durante la investigación del 11-M, cuando con su célebre teoría de la conspiración intentó ensuciar la labor de jueces, policías y políticos enredándoles en un enmarañado ovillo de supuestas insidias con el único fin de lograr un vuelco político en las elecciones. El PP, en definitiva, no podía ni quería aceptar que el varapalo se lo hubieran dado los votantes, en el democrático ejercicio de su derecho, como castigo a sus desvaríos en política nacional e internacional.
Lo ha vuelto a demostrar desde que estalló el caso Gürtel, atribuyendo el cerco judicial en torno a algunos de sus cargos electos al afán de venganza personal de un solo magistrado, Baltasar Garzón, a quien ha convertido en el paradigma de sórdidas maniobras para cercernar sus posibilidades de recuperar el poder. El PP, una vez más, no podía ni quería aceptar que los excesos en el desempeño de un cargo público se pagan, máxime cuando se producen a costa del dinero de todos, y que estar en política no es un salvoconducto que garantice la impunidad.
Ahora, de ser cierto eso que hemos leído, estaríamos ante la prueba definitiva del talante con el que los "populares" se sitúan frente a la res pública, la cosa pública que con tanto sacrificio y esfuerzo sostenemos los ciudadanos.
Ahora se entiende, además, tanta saña contra Garzón. Como dice el refrán, “cree el ladrón que todos son de su condición”, y es normal que un partido que piensa que puede manejar a los jueces a su antojo sea incapaz de ver detrás de sus actuaciones otra cosa que no sea el simple y puro interés por hacer justicia.
Es el mismo principio que ha guiado a Rita Barberá en esas desafortunadas declaraciones en las que comparaba los trajes de Camps con las latas de anchoas que Miguel Ángel Revilla regala a Zapatero, admitiendo de paso que algo de cierto hay en el "caso" en el que está imputado el president.
El PP olvida, sin embargo, lo más importante: el auto del juez José Flors. El texto, impecable desde el punto de vista jurídico, establece que existe "constancia" de que las prendas de vestir adquiridas por Francisco Camps en diferentes tiendas fueron pagadas por sociedades vinculadas a Orange Market y no por él mismo, "como afirmó en su declaración judicial". El juez entiende en el mismo auto que estos hechos "pudieran ser constitutivos de un delito de cohecho previsto y penado en el artículo 426 del Código Penal".
De momento, no parece que vayan a primar supuestas tendencias ideológicas sobre los hechos probados y sobre la letra y el espíritu de la ley. Yo, en su lugar, iría pensando en un plan D, de dimisión, claro.
De ser cierto lo que este jueves dice El País, que la permanencia en su cargo del señor Camps puede deberse a la confianza que el PP tiene en la presión política que el president como tal puede ejercer sobre la judicatura más conservadora, estaríamos ante la constatación (una más de una larga lista) del desprecio que el principal partido de la oposición siente hacia las instituciones.
Lo demostró sobradamente durante la investigación del 11-M, cuando con su célebre teoría de la conspiración intentó ensuciar la labor de jueces, policías y políticos enredándoles en un enmarañado ovillo de supuestas insidias con el único fin de lograr un vuelco político en las elecciones. El PP, en definitiva, no podía ni quería aceptar que el varapalo se lo hubieran dado los votantes, en el democrático ejercicio de su derecho, como castigo a sus desvaríos en política nacional e internacional.
Lo ha vuelto a demostrar desde que estalló el caso Gürtel, atribuyendo el cerco judicial en torno a algunos de sus cargos electos al afán de venganza personal de un solo magistrado, Baltasar Garzón, a quien ha convertido en el paradigma de sórdidas maniobras para cercernar sus posibilidades de recuperar el poder. El PP, una vez más, no podía ni quería aceptar que los excesos en el desempeño de un cargo público se pagan, máxime cuando se producen a costa del dinero de todos, y que estar en política no es un salvoconducto que garantice la impunidad.
Ahora, de ser cierto eso que hemos leído, estaríamos ante la prueba definitiva del talante con el que los "populares" se sitúan frente a la res pública, la cosa pública que con tanto sacrificio y esfuerzo sostenemos los ciudadanos.
Ahora se entiende, además, tanta saña contra Garzón. Como dice el refrán, “cree el ladrón que todos son de su condición”, y es normal que un partido que piensa que puede manejar a los jueces a su antojo sea incapaz de ver detrás de sus actuaciones otra cosa que no sea el simple y puro interés por hacer justicia.
Es el mismo principio que ha guiado a Rita Barberá en esas desafortunadas declaraciones en las que comparaba los trajes de Camps con las latas de anchoas que Miguel Ángel Revilla regala a Zapatero, admitiendo de paso que algo de cierto hay en el "caso" en el que está imputado el president.
El PP olvida, sin embargo, lo más importante: el auto del juez José Flors. El texto, impecable desde el punto de vista jurídico, establece que existe "constancia" de que las prendas de vestir adquiridas por Francisco Camps en diferentes tiendas fueron pagadas por sociedades vinculadas a Orange Market y no por él mismo, "como afirmó en su declaración judicial". El juez entiende en el mismo auto que estos hechos "pudieran ser constitutivos de un delito de cohecho previsto y penado en el artículo 426 del Código Penal".
De momento, no parece que vayan a primar supuestas tendencias ideológicas sobre los hechos probados y sobre la letra y el espíritu de la ley. Yo, en su lugar, iría pensando en un plan D, de dimisión, claro.