miércoles. 26.06.2024

Un Gobierno insumiso es un Gobierno omiso (flojo y descuidado)

NUEVATRIBUNA.ES - 11.7.2010El día 5 de Julio de 2010 entró en vigor en nuestro país, la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Una Ley aprobada en el Congreso de los Diputados y Diputadas por una amplia mayoría de los Grupos Parlamentarios.
NUEVATRIBUNA.ES - 11.7.2010

El día 5 de Julio de 2010 entró en vigor en nuestro país, la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Una Ley aprobada en el Congreso de los Diputados y Diputadas por una amplia mayoría de los Grupos Parlamentarios. A nadie nos sorprendió el voto en contra de UPyD y del PP, partido éste que se ha especializado en rechazar leyes que amplían y garantizan derechos, especialmente cuando son derechos de las mujeres.

Conviene recordar, como hicimos a lo largo de su tramitación, que esta Ley no es una Ley del Aborto, ni es una Ley del Derecho al Aborto. Es una Ley que establece el Derecho de la Mujer a decidir libre y responsablemente sobre su maternidad; a decidir si quiere ser madre y cuándo, y cuántos hijos o hijas desea tener.

Por tanto, una vez más aunque resulte obvio, es preciso insistir a la ciudadanía, que esta Ley no obliga a nadie, no obliga a ninguna mujer a interrumpir su embarazo si ella no lo desea. Parece, sin embargo, que esta obviedad tan sencilla, es de difícil comprensión y entendimiento para determinadas personas y grupos, que siguen empecinados en pregonar a los cuatro vientos que esta ley obliga a las mujeres a abortar.

Todavía, estos sectores vinculados a la jerarquía eclesiástica y a grupos ultra conservadores, no se han dado ni quieren darse cuenta, que la palabra “voluntaria” implica una decisión libre y no forzada. Por ello, es necesario llamar a las cosas por su nombre, y decir lo que realmente es y significa interrumpir voluntariamente un embarazo, en el marco de lo establecido por la Ley.

Pero al margen de estas consideraciones, lo cierto es que la Ley lo que sí obliga es a la administración, en este caso, a las Comunidades Autónomas que tienen competencia en la materia, a poner los medios y recursos para el cumplimiento de lo establecido en dicha Ley, y a garantizar a las mujeres el derecho que les asiste, que es precisamente hacer uso de su capacidad de decisión libre y responsable.

Lo contemplado en la Ley y en los decretos que la desarrollan, es de obligado cumplimiento por parte de los Gobiernos Regionales. Por ello, no se pueden admitir “escaqueos”, no se pueden admitir “excepciones”, no se pueden admitir “irresponsabilidades” con el cumplimiento de las leyes, ni con los derechos de la ciudadanía, ni con los derechos de las mujeres.

Y han bastado tan sólo unas horas de entrada en vigor de la Ley, para que salieran varios responsables de los gobiernos autonómicos del PP proclamando su negativa a aplicarla, a obstaculizarla, incluso llamando a la “insumisión”.

A estos responsables regionales hay que recordarles que cualquier Ley nos obliga a todos y a todas sin excepción ni discriminación. Que son responsables de una Comunidad Autónoma y de sus habitantes, y que están para gobernar, no para hacer valer sus convicciones personales, ni obligar a la ciudadanía a adoptar sus criterios morales.

Les guste o no les guste, compartan o no compartan los contenidos de las Leyes, los presidentes autonómicos del Partido Popular, como cualquier responsable público, están obligados a respetarlas además de velar por el cumplimiento de las mismas.

Y, en el caso que nos ocupa, estamos hablando de una Ley que ante todo es preventiva y segura. Preventiva porque su objetivo primordial es la información y educación en salud sexual de la ciudadanía y la prevención de embarazos no deseados. Y segura, para las mujeres porque garantiza su derecho a decidir libre y responsablemente en el marco de las 14 semanas, y segura también para los y las profesionales que practican este tipo de intervenciones, al ofrecerles un marco jurídico sòlido.

Está siendo una práctica habitual del Partido Popular y la de sus responsables gubernamentales, bloquear e incumplir algunas de las leyes emanadas del Congreso de los Diputados. Todos recordamos el incumplimiento de la Ley Antitabaco por parte del gobierno regional de Madrid, el incumplimiento de la Ley de Educación para la Ciudadanía por varios gobiernos regionales, llevando al Tribunal Constitucional leyes como la Ley de Igualdad, o la modificación del Código Civil para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo (aunque alcaldes y concejales del PP están casando a parejas homosexuales muchas de ellas votantes populares ), y recientemente la Ley de Salud Sexual y Reproductiva.

Son muchas las maneras que utiliza el PP para bloquear, dinamitar y poner trabas al cumplimiento de esta Ley. Baste como ejemplo, el caso del presidente del Gobierno de Murcia negando abiertamente su cumplimiento e impidiendo a las mujeres murcianas el acceso a esta prestación en el territorio de su Comunidad Autónoma, o como en el caso de la Comunidad de Madrid, animando a que los médicos, se postulen como objetores.

Pero además, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, hay que pedirle mayor comprensión en la lectura de los textos, y pedirle que lea bien los dos decretos recientemente aprobados, para facilitar información correcta a las usuarias. Para conocimiento público, el Real Decreto 831/2010 dice textualmente en el artículo 3.1. y 3.2.

“1. La prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo incluida en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, se realizará en centros de la red sanitaria pública o vinculados a la misma bajo alguna de las formas previstas en la legislación sanitaria, cualquiera que sea el régimen jurídico mediante el cual se articule esta vinculación.

2. Si, excepcionalmente, el servicio público de salud donde la mujer embarazada haya solicitado la asistencia no pudiera facilitar en tiempo la prestación, el citado servicio público de salud le reconocerá a la solicitante el derecho a acudir a cualquier centro acreditado en el territorio nacional, con el compromiso escrito de asumir directamente el abono de la prestación. “

En este sentido, las declaraciones de la presidenta de Madrid, al indicar que si el aborto se hace en una clínica privada, la intervención será a “coste del contribuyente” no son del todo exactas, conforme a lo reflejado en el decreto.

Asimismo, conviene recordar a estos responsables, que no están actuando a título personal, ni conforme a sus creencias personales, y reclamarles desde todas las instancias, que deben actuar como gobernantes que han acatado la defensa del Estado Democrático y de Derecho, y que por tanto tienen la responsabilidad de respetar y hacer cumplir las leyes. Porque un gobierno insumiso también es un gobierno omiso (flojo y descuidado).

Flojo por no asumir ni ejercitar sus propias responsabilidades y competencias y descuidado por no atender y dejar de lado las necesidades que la sociedad le demanda.

Carmen Toledano, Secretaria de Igualdad de la Ejecutiva Regional del PSM-PSOE

Un Gobierno insumiso es un Gobierno omiso (flojo y descuidado)
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