Vivimos un momento clave en el actual proceso de privatización de la asistencia sanitaria pública en la Comunidad de Madrid. En realidad, asistimos a un histórico cambio de modelo sanitario que tendrá repercusiones en el resto del estado, si tenemos en cuenta que los sucesivos Gobiernos del Partido Popular han utilizado Madrid, como laboratorio de propuestas neoliberales para plasmarlas con posterioridad al resto de regiones donde gobierna. En Sanidad también. Y de llevar a cabo la privatización de seis hospitales más, nada será como antes.
La tradicional concepción del sistema sanitario público, universal, gratuíto, solidario, equitativo, que todos respetábamos, con independencia de la orientación política de los ciudadanos, y que incluso, todavía, consagra nuestro ordenamiento jurídico, quedaría más que entredicho. Quedaría, sencillamente, pulverizado en favor de un modelo de gestión bajo una formula que el Ejecutivo Regional lo denomina como una colaboración público-privada, o una externalización, pero que en realidad es una gran privatización de un derecho ciudadano que viene reconocido en la parte dogmática de nuestra Constitución. Es decir, la gestión de los grandes centros sanitarios públicos son llevados a cabo, no por la Administración Pública, sino por sociedades con ánimo de lucro, con lo que esto conlleva pues se introducen conceptos de mercado, como beneficios y costes, en un servicio que debe ser un instrumento público cohesionador en un momento de tanto sufrimiento para muchos trabajadores sin recursos y ahora sin derechos.
Ante esta mayoría absoluta que al Partido Popular le permite llevar a cabo este proceso, la única esperanza para gran parte de la ciudadanía es que algún proceso judicial logre parar estas concesiones administrativas. Realmente hay otras vías de defensa que pueden conseguir, y están consiguiendo, logros importantes, a pesar de la gran fuerza institucional que tiene hoy el Partido Popular.
En primer lugar, en sede institucional. Este proceso privatizador ha evidenciado un auténtico caos en la gestión del Servicio Regional de Salud, tan complejo por el número de centros y de recursos humanos en el conviven hospitales de gestión pública, los privatizados, empresas públicas, fundaciones así como conciertos. Un entramado muy opaco para su control que necesita intensificar iniciativas parlamentarias que ponga en valor el sistema tradicional público como más eficiente económicamente. Sólo un ejemplo de los muchos que podríamos hacer referencia: el hospital de Collado Villalba. Este centro lleva un año construído, y no inaugurado, en el que cada mes se le transfiere 900.000 euros mensuales a una empresa sin prestar ninguna asistencia sanitaria, por este perverso, y caro, sistema de construcción, explotación y gestión que tiene estas concesiones administrativas. Este sistema hay que revertirlo.
En segundo lugar, no menos importante, es la movilización. Más de ocho meses de encierros, paros, jornadas de huelga, concentraciones y Mareas Blancas han conseguido un perfecto nexo de unión entre profesionales sanitarios públicos y ciudadanos, que lo han convertido en un conflicto social sin precedentes. Gracias a la movilización se han modificado partes importantes del famoso Plan de Medidas, no se ha llevado a cabo todavía la privatización de la Atención Primaria y no se han intensificado más privatizaciones previstas. Una movilización no esperada por el Gobierno en la que participa activamente la propia base electoral del Partido Popular. Factor a tener muy en cuenta.
Y por último, la vía judicial. Las admisiones a trámite que ha hecho el Tribunal Constitucional sobre aspectos del Plan, y sobre todo, la que ha realizado los juzgados sobre la querella de AFEM, en la que están imputados ex Consejeros de Sanidad que iniciaron esta privatización, Lamela y Güemes, han demostrado que se pueden haber sobrepasado los límites de nuestra propia legislación, ya muy permisiva a conceder la gestión de servicios a empresas sanitarias privadas.
Pero necesitamos, además, la urgente necesidad de abordar una seria reflexión sobre la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario público en una coyuntura económica difícil. Es fundamental, por tanto, un pacto con todos los agentes sanitarios (asociaciones de médicos, sindicatos, colegios profesionales, partidos y organizaciones de usuarios), con el objetivo de sacar a la Sanidad Pública de la privatización. Lógicamente un pacto de estas características debe tratarse en sentido amplio, y más allá de los límites de la gestión sanitaria, como por ejemplo, establecer un sistema fiscal más justo y progresivo que genere recursos a las Administraciones.
Estamos ya en una situación límite y en un momento que ya no puede esperar. Por eso es necesario abordar este pacto, si queremos preservar nuestro sistema sanitario público como un derecho de todos y todas, gestionado y controlado por la Administración Pública. Ya no podemos considerarlo como Universal, después de la última contrarreforma sanitaria de Mariano Rajoy. Y la salida conservadora y neoliberal que nos propone el PP en Madrid, no puede garantizar un sistema sanitario público, puesto que éste pasa a depender peligrosamente de la sostenibilidad económica de empresas sanitarias privadas, algunas pertenecientes a fondos de inversión de alto riesgo.
Debemos trabajar por una urgente alternativa a esta privatización sanitaria que empeora el sistema. Eso es lo que demandan y esperan los ciudadanos de la Comunidad de Madrid.