20 de septiembre de 2010, 17:24
NUEVATRIBUNA.ES - 11.11.2009
PARA FUNDACIÓN SISTEMA
Primera. Hace un año la OCDE publicó un Informe, atípico por autocrítico, titulado “Crecimiento y desigualdades”. Del mismo se desprendían dos claras conclusiones: la primera, que las desigualdades habían aumentado, en los últimos veinte años, en tres de cada cuatro países que forman parte de la organización; en segundo lugar, que “el incremento de las desigualdades está en gran parte vinculado al mercado de trabajo” Aunque no la planteara el Informe, la primera pregunta que se impone tras su lectura es si no habrían sido precisamente sus prescripciones la causa principal de ello. Desde 1980, la OCDE ha venido preconizando un tipo de recetas, que tomaron forma sistemática a partir del Estudio sobre el Empleo que publicó en 1994, que han tenido tanto éxito como destrozos han provocado en la calidad del trabajo y en la estructura del empleo: incrementar la flexibilidad del tiempo de trabajo y de los costes salariales, eliminar los obstáculos a la libre gestión del empleo por parte de la empresas, revisar a la baja los sistemas de indemnización por desempleo que, supuestamente, atentaban contra el buen funcionamiento del mercado de trabajo. Y descentralizar al máximo el ámbito de fijación de las condiciones de trabajo y de remuneración, propiciando los acuerdos de empresa, o incluso inferiores, sobre los sectoriales y nacionales.
Ya en 2006, la OCDE tuvo que reevaluar esta estrategia y reconocer que los países del norte de Europa obtenían tan buenos resultados como los anglosajones en materia de empleo, al tiempo que mantenían sistemas de protección social incomparablemente mejores y que reducían las desigualdades y la exclusión social. El nuevo informe que comentamos, publicado en pleno estallido de la crisis, va más allá en el análisis de los mecanismos que engendran la pobreza y la desigualdad. Dice, además, explícitamente que las políticas fiscales y sociales redistributivas así como el desarrollo de servicios públicos son los medios más eficaces para combatirlas. Tampoco sería extraño que el próximo informe dijera lo contrario. Primero porque ya no estamos en el centro de la crisis.Y, segundo, dado que este informe ha sido realizado por el departamento económico que mantiene una vieja rivalidad conn el que hizo el referido al empleo. Croissance et inegalités. Distribution des revenues et pauvreté dans les pays de l’OCDE, par Michael Föster et Marco Mira d’Ercole (dir.) www.oecd.org/document/36/0.3343/fr
Segunda. Algo de eso es lo que ha pasado con las posiciones del Banco Mundial. Un año después del Informe de la OCDE, el 9 de septiembre de este año, y cuando ya las peores amenazas de que la recesión se convirtiera en una depresión económica parecen, de acuerdo con los analistas de siempre, haber pasado, la revista de mayor difusión del Banco Mundial, Doing Business, califica como anti-productivas las políticas de mejora de la protección social de los trabajadores – cosa que había recomendado un año antes el propio Banco Mundial -, propugna que los países reduzcan las indemnizaciones por despido de los trabajadores y que aminoren o eliminen el preaviso en los recortes de plantillas. En la misma publicación, se sitúa a Camboya en la categoría de los países que dificultan la actividad empresarial ya que ha introducido una contribución a la Seguridad Social. En cambio, elogia y eleva la posición de Georgia por haber abolido su impuesto social. Esta publicación del Banco Mundial critica al gobierno democrático de Honduras porque, antes del golpe de Estado del pasado mes de junio, incrementó, en respuesta a la crisis económica, la indemnización por despido y los requisitos de previo aviso. De igual manera, Doing Business rebaja la categoría a Portugal por haber incrementado en dos semanas el periodo de preaviso en caso de despido.
Por otro lado, el régimen autoritario de Bielorrusia, que perdió su estatus comercial preferente con la Unión Europea por haber violado los Convenios fundamentales de la OIT, ha mejorado su nota al facilitar el sistema de despidos laborales. Así mismo, Ruanda ha ganado este año el premio al “mayor reformador”, otorgado por la publicación, porque (en relación con los recortes de empleo) ya no es necesario que la patronal consulte de antemano a los trabajadores ni lo notifique a la autoridad laboral. La publicación del Banco Mundial elogia también a Macedonia por deshacerse de las medidas existentes para reclasificar a los trabajadores que fueran despedidos a causa de una reducción de plantilla; y a Isla Mauricio por eliminar la indemnización por despido.
En suma, algunas de las buenas intenciones expresadas por el Banco Mundial al final del año pasado y en la primavera de este año, han sido totalmente desmentidas por su principal publicación a principios de septiembre. www.ituc-csi.org
Tercera. No todo son buenas noticias para el Presidente de la patronal española, CEOE. Y no me refiero a las que aluden a sus negocios. En este caso se trata de que a su impresionante lista de instituciones (dos de las cuales acabamos de citar) y de personalidades, nacionales e internacionales, a las que suele invocar en apoyo de sus propuestas de modificación del régimen de despido laboral en España, le han salido un par de fallas. La primera ha sido la propinada por el ex ministro de Economía Miguel Boyer que ha dejado sentado con claridad (El País, 23/10/2009) que “las amplísimas fluctuaciones del empleo en nuestro país… no se deben a que haya más días por año en las indemnizaciones por despido que en otros países”. Y compara, al respecto, la pérdida de empleo de España con la de Irlanda, un país donde impera una extrema flexibilidad laboral: Irlanda ha perdido un porcentaje de empleo (-9,2%), mayor que la pérdida que ha sufrido España (-7,5%) en estos dos últimos años. A lo mejor es porque España no está, en la práctica, tal alejada de Irlanda en cuanto a desregulación laboral.
La segunda noticia, seguramente también sorprendente para el Presidente de la CEOE, proviene de la OCDE. Según el indicador de este organismo sobre el “grado de severidad en la legislación de protección del empleo en la extinción de contratos individuales no temporales”, resulta que España es el país en el que, entre 1990 y 2008, más se ha reducido el nivel de protección del empleo indefinido. En ese período de tiempo España ha reducido un 1,4 su nivel de protección, mientras que Bélgica, Francia, Reino Unido, Alemania o Luxemburgo lo aumentaban entre un 0,1 y un 0,4. Con un indicador de un 2,4 de protección, nuestro país se sitúa por debajo de Portugal (3,5), Alemania (2,9), Holanda (2,7), Suecia (2,7), Luxemburgo (2,7), Francia (2,6), a la par que Finlandia (2,4) y casi en la media de la Europa-15 (2,3). Y algo por encima de Grecia (2,3), Austria (2,2), Bélgica (1,9), Italia (1,7), Irlanda (1,7), Dinamarca (1,5) y Reino Unido (1,2).
De lo que cabe extraer una observación y algunas consecuencias. La observación nos indica que los indicadores de la OCDE adolecen de serias limitaciones para medir el nivel real de rigidez en el funcionamiento del despido. Sólo mide el nivel legal. Y todos sabemos que en muchos de los países en que éste nivel aparece bajo tienen, sin embargo, otro tipo de limitaciones vinculadas a la participación sindical en los procedimientos de despido, además de otros requisitos que, en la práctica, hacen que los despidos sean mucho más rígidos. Pero aún así, estos datos demuestran, primero, que España ha sido el país que más ha cambiado y reducido su legislación sobre el despido, en los últimos 20 años. Segundo, que prácticamente es lo único que nuestro país ha privilegiado a la hora de conseguir unas relaciones laborales más flexibles y equilibradas: en lugar de la flexibilidad interna – pactada, que es la que prevalece en otros países – ha escogido la flexibilidad externa – impuesta- con los resultados ya conocidos. Y, tercero, que aún ateniéndonos solo a esa protección legal del despido de los contratos indefinidos que evalúa la OCDE estamos en el centro de lo que es común a los países europeos. http://stats.oecd.org/index.aspx?DatasetCode=EAR
José María Zufiaur ha sido Secretario General de la Unión Sindical Obrera y miembro de la Comisión Ejecutiva Confederal de la Unión General de Trabajadores. Actualmente es Consejero del CES europeo, en representación de UGT. Forma parte de las secciones de Relaciones Exteriores y de Asuntos sociales y preside, dentro del CESE, el Observatorio del Mercado de Trabajo.
PARA FUNDACIÓN SISTEMA
Primera. Hace un año la OCDE publicó un Informe, atípico por autocrítico, titulado “Crecimiento y desigualdades”. Del mismo se desprendían dos claras conclusiones: la primera, que las desigualdades habían aumentado, en los últimos veinte años, en tres de cada cuatro países que forman parte de la organización; en segundo lugar, que “el incremento de las desigualdades está en gran parte vinculado al mercado de trabajo” Aunque no la planteara el Informe, la primera pregunta que se impone tras su lectura es si no habrían sido precisamente sus prescripciones la causa principal de ello. Desde 1980, la OCDE ha venido preconizando un tipo de recetas, que tomaron forma sistemática a partir del Estudio sobre el Empleo que publicó en 1994, que han tenido tanto éxito como destrozos han provocado en la calidad del trabajo y en la estructura del empleo: incrementar la flexibilidad del tiempo de trabajo y de los costes salariales, eliminar los obstáculos a la libre gestión del empleo por parte de la empresas, revisar a la baja los sistemas de indemnización por desempleo que, supuestamente, atentaban contra el buen funcionamiento del mercado de trabajo. Y descentralizar al máximo el ámbito de fijación de las condiciones de trabajo y de remuneración, propiciando los acuerdos de empresa, o incluso inferiores, sobre los sectoriales y nacionales.
Ya en 2006, la OCDE tuvo que reevaluar esta estrategia y reconocer que los países del norte de Europa obtenían tan buenos resultados como los anglosajones en materia de empleo, al tiempo que mantenían sistemas de protección social incomparablemente mejores y que reducían las desigualdades y la exclusión social. El nuevo informe que comentamos, publicado en pleno estallido de la crisis, va más allá en el análisis de los mecanismos que engendran la pobreza y la desigualdad. Dice, además, explícitamente que las políticas fiscales y sociales redistributivas así como el desarrollo de servicios públicos son los medios más eficaces para combatirlas. Tampoco sería extraño que el próximo informe dijera lo contrario. Primero porque ya no estamos en el centro de la crisis.Y, segundo, dado que este informe ha sido realizado por el departamento económico que mantiene una vieja rivalidad conn el que hizo el referido al empleo. Croissance et inegalités. Distribution des revenues et pauvreté dans les pays de l’OCDE, par Michael Föster et Marco Mira d’Ercole (dir.) www.oecd.org/document/36/0.3343/fr
Segunda. Algo de eso es lo que ha pasado con las posiciones del Banco Mundial. Un año después del Informe de la OCDE, el 9 de septiembre de este año, y cuando ya las peores amenazas de que la recesión se convirtiera en una depresión económica parecen, de acuerdo con los analistas de siempre, haber pasado, la revista de mayor difusión del Banco Mundial, Doing Business, califica como anti-productivas las políticas de mejora de la protección social de los trabajadores – cosa que había recomendado un año antes el propio Banco Mundial -, propugna que los países reduzcan las indemnizaciones por despido de los trabajadores y que aminoren o eliminen el preaviso en los recortes de plantillas. En la misma publicación, se sitúa a Camboya en la categoría de los países que dificultan la actividad empresarial ya que ha introducido una contribución a la Seguridad Social. En cambio, elogia y eleva la posición de Georgia por haber abolido su impuesto social. Esta publicación del Banco Mundial critica al gobierno democrático de Honduras porque, antes del golpe de Estado del pasado mes de junio, incrementó, en respuesta a la crisis económica, la indemnización por despido y los requisitos de previo aviso. De igual manera, Doing Business rebaja la categoría a Portugal por haber incrementado en dos semanas el periodo de preaviso en caso de despido.
Por otro lado, el régimen autoritario de Bielorrusia, que perdió su estatus comercial preferente con la Unión Europea por haber violado los Convenios fundamentales de la OIT, ha mejorado su nota al facilitar el sistema de despidos laborales. Así mismo, Ruanda ha ganado este año el premio al “mayor reformador”, otorgado por la publicación, porque (en relación con los recortes de empleo) ya no es necesario que la patronal consulte de antemano a los trabajadores ni lo notifique a la autoridad laboral. La publicación del Banco Mundial elogia también a Macedonia por deshacerse de las medidas existentes para reclasificar a los trabajadores que fueran despedidos a causa de una reducción de plantilla; y a Isla Mauricio por eliminar la indemnización por despido.
En suma, algunas de las buenas intenciones expresadas por el Banco Mundial al final del año pasado y en la primavera de este año, han sido totalmente desmentidas por su principal publicación a principios de septiembre. www.ituc-csi.org
Tercera. No todo son buenas noticias para el Presidente de la patronal española, CEOE. Y no me refiero a las que aluden a sus negocios. En este caso se trata de que a su impresionante lista de instituciones (dos de las cuales acabamos de citar) y de personalidades, nacionales e internacionales, a las que suele invocar en apoyo de sus propuestas de modificación del régimen de despido laboral en España, le han salido un par de fallas. La primera ha sido la propinada por el ex ministro de Economía Miguel Boyer que ha dejado sentado con claridad (El País, 23/10/2009) que “las amplísimas fluctuaciones del empleo en nuestro país… no se deben a que haya más días por año en las indemnizaciones por despido que en otros países”. Y compara, al respecto, la pérdida de empleo de España con la de Irlanda, un país donde impera una extrema flexibilidad laboral: Irlanda ha perdido un porcentaje de empleo (-9,2%), mayor que la pérdida que ha sufrido España (-7,5%) en estos dos últimos años. A lo mejor es porque España no está, en la práctica, tal alejada de Irlanda en cuanto a desregulación laboral.
La segunda noticia, seguramente también sorprendente para el Presidente de la CEOE, proviene de la OCDE. Según el indicador de este organismo sobre el “grado de severidad en la legislación de protección del empleo en la extinción de contratos individuales no temporales”, resulta que España es el país en el que, entre 1990 y 2008, más se ha reducido el nivel de protección del empleo indefinido. En ese período de tiempo España ha reducido un 1,4 su nivel de protección, mientras que Bélgica, Francia, Reino Unido, Alemania o Luxemburgo lo aumentaban entre un 0,1 y un 0,4. Con un indicador de un 2,4 de protección, nuestro país se sitúa por debajo de Portugal (3,5), Alemania (2,9), Holanda (2,7), Suecia (2,7), Luxemburgo (2,7), Francia (2,6), a la par que Finlandia (2,4) y casi en la media de la Europa-15 (2,3). Y algo por encima de Grecia (2,3), Austria (2,2), Bélgica (1,9), Italia (1,7), Irlanda (1,7), Dinamarca (1,5) y Reino Unido (1,2).
De lo que cabe extraer una observación y algunas consecuencias. La observación nos indica que los indicadores de la OCDE adolecen de serias limitaciones para medir el nivel real de rigidez en el funcionamiento del despido. Sólo mide el nivel legal. Y todos sabemos que en muchos de los países en que éste nivel aparece bajo tienen, sin embargo, otro tipo de limitaciones vinculadas a la participación sindical en los procedimientos de despido, además de otros requisitos que, en la práctica, hacen que los despidos sean mucho más rígidos. Pero aún así, estos datos demuestran, primero, que España ha sido el país que más ha cambiado y reducido su legislación sobre el despido, en los últimos 20 años. Segundo, que prácticamente es lo único que nuestro país ha privilegiado a la hora de conseguir unas relaciones laborales más flexibles y equilibradas: en lugar de la flexibilidad interna – pactada, que es la que prevalece en otros países – ha escogido la flexibilidad externa – impuesta- con los resultados ya conocidos. Y, tercero, que aún ateniéndonos solo a esa protección legal del despido de los contratos indefinidos que evalúa la OCDE estamos en el centro de lo que es común a los países europeos. http://stats.oecd.org/index.aspx?DatasetCode=EAR
José María Zufiaur ha sido Secretario General de la Unión Sindical Obrera y miembro de la Comisión Ejecutiva Confederal de la Unión General de Trabajadores. Actualmente es Consejero del CES europeo, en representación de UGT. Forma parte de las secciones de Relaciones Exteriores y de Asuntos sociales y preside, dentro del CESE, el Observatorio del Mercado de Trabajo.