La formación de los grupos en el Congreso se está convirtiendo en el sainete que pone la guinda al resultado de las elecciones del 20-N, que bien podrían ser llamadas las elecciones de los tres timos.
El primer timo es el vigente sistema electoral inspirado, dicen, en el principio democrático de la igualdad en el derecho al sufragio -una persona, un voto-, pero vulnerado, en primer lugar, por la propia ley, que en su última aplicación permite a CiU disponer de 16 diputados con el 4,17% de los votos, mientras IU alcanza sólo 11 con casi el 7% (6,92%), que Amaiur, con el 1,37% de los votos, tenga 7 escaños, pero UPyD, con el 4,69% tenga sólo 5, o ERC, con el 1,05%, obtenga tres. En promedios, cada diputado de Amaiur representa a 47.600 votantes, mientras cada uno de los de IU representa a 152.800 y los de UPyD a 228.000 votantes. El único escaño le ha costado a Compromís reunir 125.150 votos, mientras al FAC le ha costado 99.173 y a Geroa Bai sólo 42.411. Mejor suerte han tenido los electores de Álava, que con 32.267 votos han conseguido un escaño para Amaiur y con 31.849 otro para el PNV.
No quiero hacer pupa ni molestar el espíritu patriótico de nadie cuando aludo a estas cifras, pero, al menos electoralmente, el victimismo nacionalista tiene poca base, pues el resultado del 20-N no muestra precisamente opresión política. Es justo decir que, hasta ahora, los nacionalistas no han solicitado una reforma del sistema. Tampoco el PP, que ha obtenido una prima de 8,5 puntos más de escaños que de votos, ni el PSOE, que son los grandes agraciados por la desproporción de la ley. Y ahí van tres ejemplos: el PSOE ha obtenido un diputado en cada una de las siguientes provincias: en Soria con 16.058 votos, en Teruel con 25.203 y en Guadalajara con 36.495, que es un poco más, pero bastante “barato”. En cambio Equo, con 64.828 (1,92%) en Madrid y 215.776 votos (el 0,88%) en toda España, se ha quedado fuera de la Cámara. Podemos seguir haciendo las comparaciones que queramos, pero el resultado no varía: la ley electoral no es igualitaria, pues a efectos de las cuotas de representación política los programas no valen lo mismo -penaliza las opciones minoritarias-, ni los votos de los ciudadanos valen lo mismo, ya que penaliza a los votantes de las grandes urbes. Como en tiempos de la Restauración, la España rural sigue teniendo un peso desmesurado en la política nacional.
El otro timo tiene que ver con el contexto general: la crisis económica. Las elecciones generales se han adelantado para adoptar más y mejores medidas para salir de la crisis, pero las que se exigen desde la Unión Europea siguen la misma tónica de las aplicadas hasta ahora, que han agravado la recesión y aumentado las penalidades de los asalariados y de los sectores de población menos favorecidos, y no han conseguido satisfacer a “los mercados”.
El tercer timo reside en el misterio que ha acompañado a la propia campaña electoral, donde las papeletas más parecían cartas del tarot. ¿Quién saldrá? ¿Quién no saldrá? Y si sale ¿qué hará? El PP, el partido con más posibilidades de ganar, y, por tanto de gobernar, se ha presentado pidiendo confianza en un programa de gobierno secreto. Y su gran adversario, el PSOE, ha ofrecido un programa difícil de creer, pues en parte era contrario al aplicado por el Gobierno. ¿Cuál de los dos programas aplicaría Rubalcaba en caso de salir vencedor en las urnas? ¿El suyo o el de Zapatero? ¿Y cómo podían los electores estar seguros de que Rubalcaba no atendería una llamada de la UE para aplicar el programa de Zapatero, que se parece tanto al programa secreto de Rajoy? Ante la duda, los electores han actuado con la coherencia que le ha faltado al PSOE.
Y vamos con la segunda parte, que es la configuración de los grupos en el Congreso.
Se dice que Don Álvaro de Figueroa, conde de Romanones, prohombre de la Restauración y notorio cacique que logró mantener su escaño en las Cortes durante medio siglo, atribuía un papel fundamental a los reglamentos cuando reclamaba para sí su elaboración y dejaba para otros la redacción de las leyes. Y razón llevaba, como lo prueba la peculiar aplicación del Reglamento de la Cámara para formar los grupos parlamentarios del Congreso, que tras el consabido mercadeo, ha quedado distribuido en siete grupos: PP, PSOE, CiU, IU-LV, UPyD, PNV y un anómalo grupo mixto, compuesto por 8 partidos, de los cuales cuatro disponen de un diputado, dos de 2 diputados, uno tiene 3 y el último (Amaiur) dispone de 7. Pero los criterios para llegar a tal resultado son cuestionables, pues mientras el PNV, con 5 diputados, dispone de grupo propio y lo mismo sucede con UPyD, que tiene 5, Amaiur, que dispone de 7 carece de él, porque la Mesa del Congreso, dominada por el PP, aduce que en Navarra, con el 14,87%, no ha alcanzado el porcentaje necesario, que es el 15%. Viendo lo que podría ocurrir, Amaiur, que no va a facilitar las cosas, solicitó formar grupo solo con los diputados del País Vasco, pero el truco no le ha servido y se ha quedado sin grupo, con lo cual tiene un excelente pretexto para invocar el victimismo. Ha anunciado que recurrirá la decisión, está en su derecho, pero ha recibido el mismo trato que los abertzales suelen dispensar a los otros partidos allí donde gobiernan.
Estrecho se ha puesto el PP con esta decisión, que es un error, porque en otras legislaturas la Mesa no ha tenido en cuenta el porcentaje de votos en Navarra para conceder grupo parlamentario al PNV, y lo propio ha sucedido con Coalición Canaria, ERC o IU, en unos casos desestimando porcentajes provinciales y en otros permitiendo el préstamo de diputados. Lo cual no deja de ser chocante, pues los diputados se eligen para defender un programa, no dos. Más chocante es el paso fugaz del diputado de FAC por UPyD, para formar grupo, tras cuyo “trámite” se integrará en el grupo mixto. Estas prácticas parecen necesarias para formalizar un parlamento que sea manejable, pero no dejan de ser cambalaches con los votos recibidos de los ciudadanos.
Después habrá quien se extrañe de la opinión que “los indignados” tienen del vigente sistema democrático cuando afirman: lo llaman democracia y no lo es.