viernes. 24.05.2024

Toda la fuerza de la ley frente al chantaje de los controladores

nuevatribuna.es | 04.12.2012Los españoles deben conocer qué es exactamente lo que estos delincuentes (cada vez menos presuntos) pretenden obtener del chantaje al Estado.

nuevatribuna.es | 04.12.2012

Los españoles deben conocer qué es exactamente lo que estos delincuentes (cada vez menos presuntos) pretenden obtener del chantaje al Estado. Su propósito consiste en dejar en suspenso la última reforma de la Ley de Navegación Aérea por la que se racionalizaba la prestación del servicio de control aéreo, se homologaban sus condiciones laborales con las del resto de nuestros socios europeos, y se suprimían algunos privilegios que los controladores españoles venían disfrutando contra toda lógica y gracias a su extraordinaria capacidad de presión.

Los privilegios que los controladores pretenden recuperar son los siguientes:
  • Contabilizar como horas extraordinarias hasta un tercio de su jornada de trabajo habitual, a fin de alcanzar unos salarios de entre 300.000 y 1.000.000 de euros anuales, por jornadas de trabajo efectivo que rara vez superan las 10 horas semanales. Eso sí, con cargo al tesoro público y a los impuestos de los ciudadanos.
  • Jubilarse a partir de los 52 años percibiendo el salario íntegro, horas extraordinarias incluidas.
  • Organizar su propio régimen de trabajo y su propio régimen salarial, de tal manera que sean ellos mismos, a través de su “sindicato”, quienes determinen cuándo, cómo y cuánto se trabaja, y cuánto se cobra, independientemente de las necesidades del servicio. Buscan, por ejemplo, acumular jornadas de trabajo y guardias para asegurarse vacaciones de dos semanas por cada tres días de trabajo efectivo.
  • Garantizar el control por parte de su “sindicato” del acceso a la profesión y la formación de los nuevos profesionales, a fin de solo sean sus familiares y amigos quienes se incorporen a la “casta” de privilegiados.
  • Convertir la legislación vigente en papel mojado ante sus reivindicaciones, de tal manera que cualquier disposición legal aprobada legítimamente por los representantes de los ciudadanos deba derogarse frente a sus chantajes.

La gran mayoría de los ciudadanos españoles entienden que estos planteamientos son absolutamente intolerables e inasumibles. Primero por injustos, porque en un contexto de crisis económica no pueden aceptarse reclamaciones tan desmesuradas como las mencionadas con anterioridad. En segundo lugar, porque admitir tales demandas imposibilitaría la rebaja de las tasas de navegación aérea prevista por el Gobierno, para mejorar la competitividad de nuestro transporte aéreo y de nuestra industria turística. Por culpa de los sueldos astronómicos de los controladores, aún tenemos en España las tasas de navegación aérea más elevadas de Europa. Y tercero, el Gobierno tiene la obligación de salvar la dignidad del Estado y de la sociedad española frente al comportamiento criminal (cada vez menos presunto) de los controladores.

El Gobierno de España ha hecho lo que tenía que hacer. Ante todo, salvaguardar la seguridad de los viajeros, y por eso se cerró el espacio aéreo en cuanto la falta de profesionales hizo imposible su control efectivo. Después, informar a los afectados y proporcionarles medios para el transporte alternativo o para la espera en condiciones razonables. Y a la vez, hacer uso de toda la fuerza de la ley para conminar a los chantajistas a deponer su actitud irresponsable y volver a la normalidad. La militarización de los servicios de control aéreo y la declaración del estado de alarma tienen este objetivo.

El Gobierno, por tanto, trabaja para recuperar cuanto antes la normalidad en el tránsito aéreo y para que el comportamiento irresponsable de esta casta de privilegiados no quede impune. Y los grupos parlamentarios que representamos a los ciudadanos españoles hemos de prestar apoyo al Gobierno en esta labor. También los de la oposición.

El PP, por desgracia, una vez más, ha optado por el “cuanto peor mejor”, eludiendo su responsabilidad hacia el interés general, y buscando la crítica fácil al Gobierno. Los ciudadanos saben que en esta batalla solo hay dos bandos: o se está con el Gobierno, con los españoles y con la ley, o se está con el chantaje de los controladores. Y me temo que el PP ha vuelto a elegir el bando equivocado.

Rafael Simancas | rafaelsimancas.wordpress.com

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