20 de septiembre de 2010, 16:24
NUEVATRIBUNA.ES - 1.9.2009
PARA FUNDACIÓN SISTEMA
La fiscalidad ha sido siempre uno de los elementos predilectos para el debate en el seno de la izquierda. Durante los últimos Congresos del PSOE se impuso una posición pragmática. La izquierda no respaldaba dogmáticamente ni la subida generalizada de impuestos ni los recortes indiscriminados en la presión fiscal. Los socialistas plantearíamos aumentos o descensos de la fiscalidad dependiendo del contexto económico, a partir de unos principios irrenunciables: la suficiencia, la progresividad y la justicia social. Buscamos el crecimiento económico, el empleo de calidad y la equidad social. Y si para ello es preciso subir unos impuestos y/o bajar otros impuestos, no nos pararíamos en prejuicios ideológicos periclitados.
En virtud de esta filosofía, los socialistas hemos ejecutado durante los últimos años desde el Gobierno de España importantísimos recortes sobre los principales impuestos. En un contexto de crecimiento económico fuerte y de superávit en las cuentas públicas parecía sensato aliviar determinadas cargas fiscales para consolidar la actividad y el empleo. Del mismo modo, a nadie debería extrañar que ahora, en un contexto de recesión económica y de grave descenso en los ingresos del Estado, se plantee una subida “moderada y temporal” en algunos impuestos, para poder financiar las políticas de estímulo a la demanda y las medidas de protección social ante los más desfavorecidos. Si lo primero era propio de una izquierda moderna y sensata, lo segundo me parece imprescindible para una izquierda igualmente sensata y comprometida.
Las declaraciones de José Blanco durante este verano, por tanto, están cargadas de razón. Y debemos recordar que no solo las ha pronunciado en calidad de Ministro del Gobierno de España, sino también como Vicesecretario General del PSOE. La argumentación que sostiene su propuesta de elevación de algunos impuestos es diáfana e incontestable. Si algo hemos aprendido de la crisis gravísima que padecemos es que las tesis defensoras de un papel reductor del Estado han resultado clamorosamente fallidas, hasta el punto de que alguno sus más ilustres voceros vienen reclamando “un paréntesis en la economía de mercado”. Necesitamos un Estado presente, activo y con instrumentos eficaces para recuperar la fluidez crediticia, para promover la actividad con inversión pública, para proteger el empleo, para estimular los factores que cimentarán un nuevo modelo productivo más estable y más sostenible (la educación, la formación, la I+D+i), para sostener unas políticas sociales eficaces…
Y el Estado necesita recursos para financiar estas acciones. ¿De dónde obtenerlos? Los recursos propios ahorrados durante los ejercicios de superávit se han agotado. Los niveles de endeudamiento y déficit alcanzan cotas más que significativas, muy criticadas desde la derecha por cierto. ¿Qué otras opciones existen? Hacer uso de la política fiscal, desde luego. Con “moderación y temporalidad” si se quiere. Sin excesos. Sin castigar a las rentas bajas y medias, que sufren las consecuencias de la crisis con especial intensidad. Sin poner en riesgo el emprendimiento empresarial y la reactivación económica. Pero si el Estado necesita recursos para atender el interés general, debe obtenerlos de donde los hay.
Actuar fiscalmente sobre las rentas más altas y sobre las rentas del capital, aplicando a la vez límites severos para los premios y bonificaciones que se adjudican algunos de los grandes ejecutivos, supondría actuar en línea con los países más avanzados del mundo, como Estados Unidos o Alemania. Actualizar en clave de progresividad algunas de las ventajas fiscales más recientes, como los 400 euros del IRPF o los 2.500 por nacimiento, tampoco parece desatinado. Y revisar las llamadas SICAV, las sociedades mediante las que los más adinerados orillan sus obligaciones con el fisco, me parece hasta obligado y con retraso. También resultaría sensato aplicar criterios ambientales en la determinación de algunos tipos impositivos, con el objeto de contribuir a la lucha contra el cambio climático.
La mejor prueba de que este planteamiento no es ninguna locura se encuentra en el diferencial que aún mantiene la fiscalidad española respecto al resto de la Unión Europea. Según los datos suministrados el pasado mes de junio por Eurostat, la presión fiscal estaba durante 2007 en el 37,1% sobre el PIB, por debajo de la media europea (39.8%) y muy lejos de la media en la eurozona (40,4%). Es verdad que algunos países aplican menos impuestos a sus ciudadanos, pero quizás algún día los españoles tendremos que optar entre las condiciones de vida de suecos y daneses (por encima del 48%) y la realidad de rumanos y eslovacos (por debajo del 35%).
Resulta llamativa la demagogia con la que la derecha actúa en este ámbito. El PP español no es una fuerza política de discurso liberal coherente. Solo son liberales en relación a los ingresos públicos, pidiendo desde la oposición recortes de impuestos que no practican donde gobiernan. Sin embargo, en lo relativo al gasto público son insaciables. Cada día reclaman al Gobierno más ayudas públicas para todos los sectores económicos, más subvenciones a los empresarios, más infraestructuras públicas en todos los municipios de España, y más políticas sociales también (cuando no son ellos quienes las han de financiar y gestionar). La física impide la acción simultánea del sorber y el soplar. Pero a la derecha española le da lo mismo. Sorben reclamando recortes fiscales, y soplan pidiendo más y más gasto público.
En definitiva, las decisiones sobre nuestra fiscalidad en estos tiempos de tribulación requieren de mucho estudio, de sosiego y de sentido común. Ahora bien, si en su día se entendió razonable prescindir de prejuicios ideológicos para rebajar impuestos porque esto era lo sensato, cabe esperar que esos y otros prejuicios no impidan actuar en estos momentos con la misma sensatez pero en sentido contrario.
Rafael Simancas es diputado del PSOE en el Congreso.
PARA FUNDACIÓN SISTEMA
La fiscalidad ha sido siempre uno de los elementos predilectos para el debate en el seno de la izquierda. Durante los últimos Congresos del PSOE se impuso una posición pragmática. La izquierda no respaldaba dogmáticamente ni la subida generalizada de impuestos ni los recortes indiscriminados en la presión fiscal. Los socialistas plantearíamos aumentos o descensos de la fiscalidad dependiendo del contexto económico, a partir de unos principios irrenunciables: la suficiencia, la progresividad y la justicia social. Buscamos el crecimiento económico, el empleo de calidad y la equidad social. Y si para ello es preciso subir unos impuestos y/o bajar otros impuestos, no nos pararíamos en prejuicios ideológicos periclitados.
En virtud de esta filosofía, los socialistas hemos ejecutado durante los últimos años desde el Gobierno de España importantísimos recortes sobre los principales impuestos. En un contexto de crecimiento económico fuerte y de superávit en las cuentas públicas parecía sensato aliviar determinadas cargas fiscales para consolidar la actividad y el empleo. Del mismo modo, a nadie debería extrañar que ahora, en un contexto de recesión económica y de grave descenso en los ingresos del Estado, se plantee una subida “moderada y temporal” en algunos impuestos, para poder financiar las políticas de estímulo a la demanda y las medidas de protección social ante los más desfavorecidos. Si lo primero era propio de una izquierda moderna y sensata, lo segundo me parece imprescindible para una izquierda igualmente sensata y comprometida.
Las declaraciones de José Blanco durante este verano, por tanto, están cargadas de razón. Y debemos recordar que no solo las ha pronunciado en calidad de Ministro del Gobierno de España, sino también como Vicesecretario General del PSOE. La argumentación que sostiene su propuesta de elevación de algunos impuestos es diáfana e incontestable. Si algo hemos aprendido de la crisis gravísima que padecemos es que las tesis defensoras de un papel reductor del Estado han resultado clamorosamente fallidas, hasta el punto de que alguno sus más ilustres voceros vienen reclamando “un paréntesis en la economía de mercado”. Necesitamos un Estado presente, activo y con instrumentos eficaces para recuperar la fluidez crediticia, para promover la actividad con inversión pública, para proteger el empleo, para estimular los factores que cimentarán un nuevo modelo productivo más estable y más sostenible (la educación, la formación, la I+D+i), para sostener unas políticas sociales eficaces…
Y el Estado necesita recursos para financiar estas acciones. ¿De dónde obtenerlos? Los recursos propios ahorrados durante los ejercicios de superávit se han agotado. Los niveles de endeudamiento y déficit alcanzan cotas más que significativas, muy criticadas desde la derecha por cierto. ¿Qué otras opciones existen? Hacer uso de la política fiscal, desde luego. Con “moderación y temporalidad” si se quiere. Sin excesos. Sin castigar a las rentas bajas y medias, que sufren las consecuencias de la crisis con especial intensidad. Sin poner en riesgo el emprendimiento empresarial y la reactivación económica. Pero si el Estado necesita recursos para atender el interés general, debe obtenerlos de donde los hay.
Actuar fiscalmente sobre las rentas más altas y sobre las rentas del capital, aplicando a la vez límites severos para los premios y bonificaciones que se adjudican algunos de los grandes ejecutivos, supondría actuar en línea con los países más avanzados del mundo, como Estados Unidos o Alemania. Actualizar en clave de progresividad algunas de las ventajas fiscales más recientes, como los 400 euros del IRPF o los 2.500 por nacimiento, tampoco parece desatinado. Y revisar las llamadas SICAV, las sociedades mediante las que los más adinerados orillan sus obligaciones con el fisco, me parece hasta obligado y con retraso. También resultaría sensato aplicar criterios ambientales en la determinación de algunos tipos impositivos, con el objeto de contribuir a la lucha contra el cambio climático.
La mejor prueba de que este planteamiento no es ninguna locura se encuentra en el diferencial que aún mantiene la fiscalidad española respecto al resto de la Unión Europea. Según los datos suministrados el pasado mes de junio por Eurostat, la presión fiscal estaba durante 2007 en el 37,1% sobre el PIB, por debajo de la media europea (39.8%) y muy lejos de la media en la eurozona (40,4%). Es verdad que algunos países aplican menos impuestos a sus ciudadanos, pero quizás algún día los españoles tendremos que optar entre las condiciones de vida de suecos y daneses (por encima del 48%) y la realidad de rumanos y eslovacos (por debajo del 35%).
Resulta llamativa la demagogia con la que la derecha actúa en este ámbito. El PP español no es una fuerza política de discurso liberal coherente. Solo son liberales en relación a los ingresos públicos, pidiendo desde la oposición recortes de impuestos que no practican donde gobiernan. Sin embargo, en lo relativo al gasto público son insaciables. Cada día reclaman al Gobierno más ayudas públicas para todos los sectores económicos, más subvenciones a los empresarios, más infraestructuras públicas en todos los municipios de España, y más políticas sociales también (cuando no son ellos quienes las han de financiar y gestionar). La física impide la acción simultánea del sorber y el soplar. Pero a la derecha española le da lo mismo. Sorben reclamando recortes fiscales, y soplan pidiendo más y más gasto público.
En definitiva, las decisiones sobre nuestra fiscalidad en estos tiempos de tribulación requieren de mucho estudio, de sosiego y de sentido común. Ahora bien, si en su día se entendió razonable prescindir de prejuicios ideológicos para rebajar impuestos porque esto era lo sensato, cabe esperar que esos y otros prejuicios no impidan actuar en estos momentos con la misma sensatez pero en sentido contrario.
Rafael Simancas es diputado del PSOE en el Congreso.