Ante las informaciones vertidas ayer en los medios por el presidente de la patronal española, Juan Rosell, sobre datos del empleo público en España, quiero destacar el hecho de que actualmente existen datos suficientes y acreditados de organismos encargados del estudio y elaboración de informes estadísticos internacionales, como EUROSTAT que arrojan, datos imparciales y radicalmente diferentes a los emitidos ayer.
Según estos datos en España, la población empleada en el sector público es inferior al 10%, frente al 16% de la media europea, superada en países como Irlanda (12,2%), Finlandia (18,9%) o Dinamarca (25,7%). Además, uno de cada cuatro asalariados públicos no tiene empleo estable y en algunos sectores, como la sanidad, la educación o la Administración local, la temporalidad supera el 35%.
Igualmente es inexacta la pretendida subida de poder adquisitivo a la que alude la patronal en su informe, pues desde el año 1982, los empleados públicos han sufrido una pérdida de poder adquisitivo del 24,5%.
La supuesta subida salarial a la que alude el presidente de la patronal se deriva del hecho de que no tienen en cuenta en sus informes los salarios de los altos cargos y directivos como categorías diferentes de los asalariados ya que al incluirlas en el cómputo global hacen subir la media. La realidad es de todos conocida, ya que solo en los dos últimos años los empleados públicos han sido objeto de un recorte continuado del 5% de media en sus salarios unido a las subidas en años anteriores siempre por debajo del IPC real, mas las congelaciones de años anteriores, con lo cual es imposible establecer subida de poder adquisitivo de los salarios de los empleados públicos en su conjunto.
En cuanto a la posibilidad de despido de empleados públicos, hay que recordar que la estabilidad en el empleo público no es mas que la garantía constitucional del modelo de servicios públicos de nuestro estado para que los ciudadanos puedan disfrutar de los servicios públicos sin que estos estén sometidos exclusivamente a motivos económicos, pues es en momentos de crisis cuando hay mas demanda de servicios y si solo operaran criterios economicistas, o de mercado, se pondría en peligro la asistencia, en las necesidades de servicios, a la ciudadanía.
Además la estabilidad en el empleo de la administración pública debería ser un modelo ejemplarizante para el sector privado, cómo sino se podría desde los gobiernos exigir el objetivo de estabilidad en el empleo al sector privado, si esta no se tiene como modelo y referente en la administración pública.
Se da la circunstancia de que, en cuanto a la privatización o externalización de Servicios Públicos, el Tribunal de Cuentas, en su ultimo informe ha constatado que en todo el periodo democrático la externalizacion de servicios públicos ha tenido como consecuencia, un mayor coste de estos para la ciudadanía, unido a una merma importante de la calidad de estos.
Por último, queda claro en las declaraciones emitidas por el presidente de la patronal, que lo que pretende es influir sobre la opinión pública en la posibilidad de que los servicios públicos pasen a ser negocios privados, algo que desde la FSP-UGT y poniendo en valor los principios democráticos y constitucionales de nuestro estado, rechazamos de forma contundente.