La velocidad con la que PSOE y PP se han puesto a buscar un acuerdo para frenar los desahucios es inversamente proporcional al deterioro de su credibilidad por los ciudadanos. En la actualidad poco más de la mitad de los electores estarían dispuestos a votar a los dos partidos que se han alternado en el poder en España en los últimos treinta años. Pero el pacto-express que se espera que se alcance antes de este viernes, con una huelga general por medio, que casualidad, será previsiblemente el parto de los montes. Ya que todo tiene el tufillo de una campaña orquestada entre ambos partidos para frenar, no los desahucios, sino su acelerada erosión electoral y social.
El principal problema de las propuestas que parece que barajan ambos partidos es que no son radicales, es decir, no atacan la raíz del problema. Ninguna afronta el principal problema: la falsedad contable que rige la relación entre propietarios endeudados y acreedores bancarios. Las hipotecas siguen valiendo lo mismo que antes de la crisis, mientras que el activo colateral sobre el que se garantizaban, las casas, ha devaluado su valor hasta el 60%, como reconocía el presidente de La Caixa hace ya un año. Que rápido pasa el tiempo, posiblemente en un año se hayan incrementado en varios puntos más las previsiones de pérdida de valor de las viviendas realizadas por una de las personas que más debe saber de esto en nuestro país.
El primer paso, por tanto, es que los bancos reconozcan en sus balances que los préstamos concedidos para financiar la compra de vivienda no tienen el valor que figuran en las ¿sagradas? escrituras. Esto permitiría que, a quienes no pueden hacer frente a la hipoteca y no quieren mantener la vivienda comprada, se les saldara la deuda con la devolución del piso, la tan mentada dación por pago que puso en nuestro vocabulario habitual el 15-M. Algo absolutamente lógico en cualquier transacción económica en una economía capitalista, pagar por un bien su valor de mercado, es algo tabú en la relación entre propietarios endeudados por la compra de una vivienda y sus acreedores bancarios. También sería una solución para aquellas personas que pudieran hacer pago a unas cuotas hipotecarias menores y quisieran mantener la propiedad. Frente a esto se aduce, por parte de los bancos, que esta opción podría suponer regalar dinero a los propietarios cuando, en un futuro indeterminado, los precios de las viviendas volvieran a subir. Pues para esto también hay solución, se pueden buscar formulas para que en las escrituras de concesión del préstamo, una vez efectuada una rebaja del valor que refleje la realidad actual, se recoja la posibilidad de que el valor de la hipoteca se incremente en un futuro en función de la evolución del precio de mercado de las casas, de forma que los bancos no resulten “estafados”. De esta forma los bancos podrían garantizarse que reciben una adecuada retribución de los préstamos concedidos, pero lo que no es admisible en ningún caso es seguir garantizando legalmente sus actuales beneficios, que están basados en la codicia y en el desahucio social y ciudadano de miles de personas. Quedan 178.000 procesos de desahucio en proceso judicial.
Si en el pacto-express no se considera una medida de este tipo quiere decir que los partidos mayoritarios siguen avalando la monumental estafa inmobiliaria que ellos favorecieron, permitieron o toleraron, lo que indudablemente seguirá deteriorando su credibilidad social. También deberían ponerse en marcha otras medidas radicales mas estructurales, demandadas desde hace años por los sindicatos, y que incluso fueron avaladas por el Consejo Económico y Social hace más de una década, como el desarrollo de una amplia política de alquiler social que facilite el acceso al uso y disfrute de una vivienda digna a muchos millones de personas que tienen dificultades para acceder a una vivienda en propiedad. Merece la pena recordar que en Holanda, un país que no es precisamente pobre, pero que tiene una política de fomento del alquiler social desde hace más de cien años, una de cada tres personas vive en una vivienda de alquiler social.