jueves. 28.03.2024

Solos

Terminó ya el trámite parlamentario de los Presupuestos de la Comunidad de Madrid para el 2013, y su Ley de Medidas Fiscales y Administrativas que lo acompañan, intensificando en nuestra región la apuesta clara del Partido Popular por la austeridad y el cumplimiento estricto de los objetivos de déficit público.

Terminó ya el trámite parlamentario de los Presupuestos de la Comunidad de Madrid para el 2013, y su Ley de Medidas Fiscales y Administrativas que lo acompañan, intensificando en nuestra región la apuesta clara del Partido Popular por la austeridad y el cumplimiento estricto de los objetivos de déficit público. Lo hacen sabiendo que las consecuencias de esta estrategia es pulverizar el Estado Social, las políticas sociales que cohesionaban de forma solidaria a nuestra sociedad. Y es que las matemáticas son exactas: si no hay un modelo fiscal justo y progresivo, ni un modelo productivo definido y el único reto es la austeridad, en el resultado de la ecuación sólo salen recortes de derechos sociales porque no hay dinero para sufragarlas. Es decir, la sanidad, la educación y los servicios sociales para quien pueda. Porque la administración no tiene recursos para prestarlos.

Esta última frase es la más recurrida por el PP para justificar sus contrarreformas y recortes, ahora que se ha cumplido un año del Gobierno de Mariano Rajoy. Utilizando los habituales eufemismos, las regulaciones llevadas a cabo en materia laboral, sanitaria, educativa y fiscal y justificadas como “medidas de ajuste”, “reformas”, cuando no “planes sostenibles”, no han servido más que para presentar indicadores económicos absolutamente insostenibles, crear más sufrimiento a los ciudadanos y, sobre todo, recortar una serie de derechos sociales que son inherentes a nuestra propia Constitución.

A golpe de Decreto-Ley, y bajo la coartada de la crisis económica, están llevando a cabo una acción de gobierno que supone una auténtica estrategia reaccionaria en todos los terrenos. Lejos de garantizar en este contexto político-económico el denominado Estado del Bienestar, sencillamente se está desmantelando.

Volviendo a Madrid, con estos Presupuestos, van a poner en marcha un plan sanitario que ya no supone el clásico recorte de partidas de gestión pública e incremento de transferencias a la iniciativa privada para que realice nuestra asistencia sanitaria. Este plan supone ya gestionar el sistema sanitario público en el marco de la privatización. La concesión a empresas privadas para la gestión total de 6 hospitales, en total serían 9, de los servicios no sanitarios del resto o de la Atención Primaria de 27 centros de salud, no es una colaboración público-privada. Llamemos las cosas por su nombre: es privatizar. Privatizar nuestro sistema sanitario público. Privatizar un derecho reconocido a todos los ciudadanos en nuestro ordenamiento jurídico, como es la Sanidad Pública.

El Gobierno Regional ha argumentado que este sistema es más eficaz y económico. Supongo que el Gobierno Regional no pondrá como ejemplo de eficacia el recién construido hospital de Collado Villalba y no puesto en funcionamiento, donde a la empresa concesionaria se le pagará 900.000 euros mensuales a pesar de no estar prestando ninguna asistencia sanitaria. O no pondrán como ejemplo económico un sistema de gestión de hospitales (PFI) que cuando termine el periodo de concesión de 30 años habrá costado hasta 7 veces más que si se hubiera construido y gestionado de forma pública. Supongo que no pondrán como ejemplo de calidad ante la posible situación laboral de los profesionales sanitarios que presten su asistencia en estos centros gestionados por una empresas que buscarán, como es lógico, y en primer lugar su beneficio económico. El Gobierno como responsable de dirigir la Administración, renuncia a gestionarla de forma directa. Curiosa paradoja para hablar de sostenibilidad. Más bien lo que se va a ayudar sostener es a empresas sanitarias que ya gozan de muy buena salud… económica.

Echando la vista a atrás, desde que presentaron el plan el pasado 1 de noviembre, la respuesta no ha podido ser más contundente. Jamás una medida ha unido tanto a un sector tan diversificado y heterogéneo como es la comunidad sanitaria, y ha concienciado a la ciudadanía en defender algo que es de todos. Todos los sindicatos de los profesionales y colegios de médicos salieron públicamente rechazar este plan. Todas las entidades sociales de la comunidad de Madrid han manifestado también su oposición. Los equipos directivos de 118 de 270 centros de salud públicos ya han firmado su dimisión. Igual que decenas facultativos miembros de comités técnicos de distintos hospitales lo han presentado en el Colegio de Médicos de Madrid. 3 mareas blancas han colapsado la ciudad de Madrid. Hasta el momento se han llevado a cabo 5 semanas de huelga en todos los centros sanitarios públicos. La Plataforma Asamblearia de Trabajadores y Usuarios por la Sanidad ya ha presentado un millón de firmas de rechazo. Hasta el mismo Gobierno de Rajoy ha mostrado su contrariedad a el Euro por Receta, un impuesto a la enfermedad que también viene en el paquete de este plan de sostenibilidad, sabiendo que hasta la base electoral del PP está manifestando su negativa a este escandaloso cambio de modelo.

Se han quedado solos. Están solos. Nadie defiende su plan de desmantelamiento de la sanidad pública. Solamente es amparado por un partido, que dentro de su delirio neoliberal, no ha visto límite en privatizar el sistema de protección pública a la salud que ha sido una de las señas de identidad de nuestro país y respetado por todos y por todas.

La última declaración del Presidente madrileño, Ignacio González, es que ante las 40.000 consultas canceladas y las 6.000 operaciones pospuestas por la huelga de empleados sanitarios, “los médicos no operan porque no quieren, así de claro”.

Unas declaraciones fruto de la soledad y salvaguardadas en una mayoría absoluta que le permiten llevar a cabo este cambio de modelo. Pero lo que no se dan cuenta es que son unas declaraciones que unen, cada vez más, a profesionales sanitarios y ciudadanía en unas movilizaciones que no pararán hasta conseguir el objetivo de detener este grave ataque a nuestra sanidad y a nuestra democracia.

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