28 de octubre de 2010, 14:56
NUEVATRIBUNA.ES - 6.4.2010
Siguen los titulares de periódicos afirmando que un país determinado – por ejemplo España, pero el tema es general - "destruye empleo" a un ritmo frenético. La enunciación de la noticia en transitivo, sin el clásico pronombre reflexivo que las suele acompañar - "se destruye empleo" - da lugar a preguntarse sobre la voluntariedad de estos procesos que tienen como efecto quebrar la fuerza colectiva de los trabajadores, fragmentar sus niveles de tutela y situarles en la competencia derivada de lo que los antiguos liberales denominaban “la libertad de trabajo”.
Es más común sin embargo que se presente de forma impersonal la publicación de las estadísticas de empleo. "Se destruye el empleo", "aumenta el paro", son los términos más corrientes. Como si hubiera en efecto una mano invisible que de forma casi mágica procediera a la eliminación de puestos de trabajo.
No es así: los procesos de destrucción de empleo no son impersonales, tienen una materialidad que se expresa social y jurídicamente en determinados actos, comunicaciones y mediaciones institucionales. Ante todo hay alguien que toma la decisión de despedir o de no renovar el contrato a un trabajador o de iniciar un expediente de regulación de empleo. Esa persona es el titular de la organización productiva o alguno de sus cuadros dirigentes. Es cierto que esta presencia necesaria de una voluntad consciente que toma la decisión no es visible mediáticamente. No se hace explícito que son los empresarios quienes están destruyendo empleo. Al contrario, un juicio de este tipo se interpretaría como una culpabilización impropia del grupo social que más está sufriendo la crisis, que, en la inversión de la realidad a la que se nos acostumbra, resulta ser el sector empresarial y no los trabajadores.
Desde esta desresponsabilización en la destrucción de empleo, la posibilidad de establecer pactos de permanencia de plantillas o de estabilidad de efectivos resulta casi una pretensión extravagante. Enlazar el concepto tan publicitado de la responsabilidad social de las empresas con los compromisos en no destruir empleo en las empresas que se declaran socialmente responsables, resulta ilusorio en el caso español. Sin embargo hay ejemplos de convenios colectivos que han incorporado, ante crisis concretas de empresa, interesantes compromisos y garantías de empleo. No se habla de ello actualmente.
No se relaciona la capacidad de ganancia extraordinaria de los miembros del Consejo de Administración y directivos de las empresas cotizadas en bolsa con la puesta en práctica de medidas de eliminación de puestos de trabajo. La restricción de esas ganancias exorbitantes derivadas del capital permitirían el mantenimiento de un importante número de trabajadores que se quiere despedir o prejubilar a edades muy lejanas de la pensionable. Recientemente hemos sabido la cantidad que tres personas del Consejo de Administración de Telefónica han cobrado como "bonus" extraordinario en concepto de beneficios, y que ha ascendido a quince millones de euros. Esa cantidad supone prácticamente el salario anual de casi seiscientos trabajadores de esa empresa, que ha anunciado la apertura de un expediente de regulación de empleo para sus trabajadores.
Tampoco las indemnizaciones y estímulos a la iniciativa empresarial que llevan a cabo los poderes públicos estatales o autonómicos se condicionan, políticamente, a un compromiso de mantenimiento de empleo. Hay por el contrario una práctica extendida de considerar políticamente incorrecto condicionar el apoyo público a la restricción de la libertad empresarial en desprenderse de los denominados excedentes de fuerza de trabajo.
Es oportuno cuestionarse la destrucción de empleo como un proceso sin sujeto, al modo de un destino ciego. El empleo es destruido por los empresarios, son los empresarios quienes activan, en lo concreto, el mecanismo de eliminación de puestos de trabajo que se traduce luego en las estadísticas del desempleo. Y como todo proceso que guían los sujetos sociales, es susceptible de intervención y de manipulación, de transacción y de acuerdo. Entra por tanto en el centro del debate sobre las políticas de salida a la crisis.
Antonio Baylos - Catedrático de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad de Castilla La Mancha.
Siguen los titulares de periódicos afirmando que un país determinado – por ejemplo España, pero el tema es general - "destruye empleo" a un ritmo frenético. La enunciación de la noticia en transitivo, sin el clásico pronombre reflexivo que las suele acompañar - "se destruye empleo" - da lugar a preguntarse sobre la voluntariedad de estos procesos que tienen como efecto quebrar la fuerza colectiva de los trabajadores, fragmentar sus niveles de tutela y situarles en la competencia derivada de lo que los antiguos liberales denominaban “la libertad de trabajo”.
Es más común sin embargo que se presente de forma impersonal la publicación de las estadísticas de empleo. "Se destruye el empleo", "aumenta el paro", son los términos más corrientes. Como si hubiera en efecto una mano invisible que de forma casi mágica procediera a la eliminación de puestos de trabajo.
No es así: los procesos de destrucción de empleo no son impersonales, tienen una materialidad que se expresa social y jurídicamente en determinados actos, comunicaciones y mediaciones institucionales. Ante todo hay alguien que toma la decisión de despedir o de no renovar el contrato a un trabajador o de iniciar un expediente de regulación de empleo. Esa persona es el titular de la organización productiva o alguno de sus cuadros dirigentes. Es cierto que esta presencia necesaria de una voluntad consciente que toma la decisión no es visible mediáticamente. No se hace explícito que son los empresarios quienes están destruyendo empleo. Al contrario, un juicio de este tipo se interpretaría como una culpabilización impropia del grupo social que más está sufriendo la crisis, que, en la inversión de la realidad a la que se nos acostumbra, resulta ser el sector empresarial y no los trabajadores.
Desde esta desresponsabilización en la destrucción de empleo, la posibilidad de establecer pactos de permanencia de plantillas o de estabilidad de efectivos resulta casi una pretensión extravagante. Enlazar el concepto tan publicitado de la responsabilidad social de las empresas con los compromisos en no destruir empleo en las empresas que se declaran socialmente responsables, resulta ilusorio en el caso español. Sin embargo hay ejemplos de convenios colectivos que han incorporado, ante crisis concretas de empresa, interesantes compromisos y garantías de empleo. No se habla de ello actualmente.
No se relaciona la capacidad de ganancia extraordinaria de los miembros del Consejo de Administración y directivos de las empresas cotizadas en bolsa con la puesta en práctica de medidas de eliminación de puestos de trabajo. La restricción de esas ganancias exorbitantes derivadas del capital permitirían el mantenimiento de un importante número de trabajadores que se quiere despedir o prejubilar a edades muy lejanas de la pensionable. Recientemente hemos sabido la cantidad que tres personas del Consejo de Administración de Telefónica han cobrado como "bonus" extraordinario en concepto de beneficios, y que ha ascendido a quince millones de euros. Esa cantidad supone prácticamente el salario anual de casi seiscientos trabajadores de esa empresa, que ha anunciado la apertura de un expediente de regulación de empleo para sus trabajadores.
Tampoco las indemnizaciones y estímulos a la iniciativa empresarial que llevan a cabo los poderes públicos estatales o autonómicos se condicionan, políticamente, a un compromiso de mantenimiento de empleo. Hay por el contrario una práctica extendida de considerar políticamente incorrecto condicionar el apoyo público a la restricción de la libertad empresarial en desprenderse de los denominados excedentes de fuerza de trabajo.
Es oportuno cuestionarse la destrucción de empleo como un proceso sin sujeto, al modo de un destino ciego. El empleo es destruido por los empresarios, son los empresarios quienes activan, en lo concreto, el mecanismo de eliminación de puestos de trabajo que se traduce luego en las estadísticas del desempleo. Y como todo proceso que guían los sujetos sociales, es susceptible de intervención y de manipulación, de transacción y de acuerdo. Entra por tanto en el centro del debate sobre las políticas de salida a la crisis.
Antonio Baylos - Catedrático de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad de Castilla La Mancha.