sábado 18/9/21

Sólo rinden cuentas ante Dios o el diablo

NUEVATRIBUNA.ES - 9.4.2010Una vez abierto el sumario del caso Gürtel (Correa en Alemán), las declaraciones y expresiones de los principales portavoces del Partido Popular suenan a 'kafkianas'. Ahí tenemos a la señora de Cospedal que nos explica que el PP ha hecho todo lo que tenía que hacer en materia de combate a la corrupción.
NUEVATRIBUNA.ES - 9.4.2010

Una vez abierto el sumario del caso Gürtel (Correa en Alemán), las declaraciones y expresiones de los principales portavoces del Partido Popular suenan a 'kafkianas'. Ahí tenemos a la señora de Cospedal que nos explica que el PP ha hecho todo lo que tenía que hacer en materia de combate a la corrupción. ¿Mirar para otro lado o evaporar a Rajoy para que no dé ni siquiera respuestas tibias es hacer todo lo que se tenía que hacer?. Ahí tenemos los chascarrillos de la lideresa, explicando que ya se sabe todo del caso Gürtel y que no había ninguna sorpresa, y que fue ella quien destapó la trama. Es de sobra conocida la vieja estrategia de armar ruido y embroncar para que no se hable de lo que se tiene que hablar y tal vez por eso la opinión pública valora del mismo modo a los políticos que a los okupas, señores que, por otra parte, a mi particularmente me merecen todo el respeto.

Pero si pasamos del dicho al hecho (por sus obras los conoceréis, dice una vieja máxima) vemos el pago escandaloso de la fianza de Matas por 3 millones de euros, más el pago por el PP de los honorarios del aún senador popular Luis Bárcenas o de los diputados imputados en la Asamblea de Madrid...Está claro que el PP tiene mucho interés en pagar, algo incomprensible desde cualquier punto de vista. ¿Por qué?

Si son verdad, como se insinúa, todos los “donativos y privilegios” recibidos por estos sospechosos de manos de los imputados en la trama, o la más que aparente ventaja y enriquecimiento personal que han tenido determinados cargos públicos en este embrollo, o la realización de actos electales del PP por “los Gurtel”, ya la cosa se vuelve más peligrosa, sobre todo para los intereses de los ciudadanos.

Llama la atención porque esta cultura de mirar para otro lado o de ver siempre la paja en el ojo ajeno y proclamar que la culpa siempre es de los demás no es ni exclusiva del Partido Popular, ni de la política en general, sino una especie de regla de hierro que, como un mal, aqueja a toda la sociedad y que se ha interiorizado como el verdadero procedimiento de actuación ante los problemas. ¿Tal vez por eso nunca somos capaces de encontrar soluciones?

Cuando de corregir se trata, o de asumir responsabilidades políticas propias, a renglón seguido aparece el “y tú más”, como si esto sirviera para exculpar a los imputados. La corrupción no desaparece por enlodarlo todo, lanzando suspicazmente la idea maldita de “que todos somos ladrones y lo que importa es quien roba más y elude mejor el reproche penal”. Cuando se enloda y enmaraña un tema no se exculpa nada, únicamente se riega la degradación en todo y se envilece al conjunto de la sociedad.

Tampoco arregla el problema el acogerse a las lagunas legales o a los formalismos que permiten encontrar rendijas en el sistema legal para eludir las responsabilidades por la aplicación de figuras como las prescripciones, los defectos de forma o los de procedimiento. Si este garantismo legal, una conquista democrática, permite someter a procesos no arbitrarios y humanitarios las responsabilidades legales, lo cierto es que no evita las malas prácticas cuando la legalidad acaba diciendo que nada se puede hacer para perseguirlas a pesar de su tipicidad legal, ni de la ilegalidad de las malas acciones.

Tal vez ahora la presumible financiación ilegal de FUNDESCAM no sea perseguible legalmente por la prescripción o cualquier otra figura, pero eso no quiere decir que no existiera o que la legalidad aplauda y permita estas conductas deshonestas. Tal vez algunas pruebas del caso Gürtel no puedan ser tenidas como válidas para enjuiciar las acciones de los imputados, pero eso no quita gravedad a los hechos y, desde el punto de vista de la obligación ética y política, incumbe a los partidos políticos resolver por otros medios estas responsabilidades.

Pero no pretendemos aquí equiparar ilegalidad con el error administrativo, ni meter todos los comportamientos en el mismo saco. La grandeza de nuestro sistema legal debe estar en permitir que las investigaciones discurran por cauces limpios para que un poder democrático depure responsabilidades con arreglo a justicia. Dejemos que los jueces y sus sistemas de ordenación procesal y enjuiciamiento decidan sin intentar precondicionar sus fallos. Dejemos que el cauce político aplique criterios justos hacia los comportamientos y hacia las reglas de juego políticas. Exijamos castigo legal pero no persecución vengativa, ni retaliación alguna. Exijamos corrección democrática, pero no nos aprovechemos de la democracia para permitir la corrupción.

Que un partido, ahora el PP, pueda estar implicado en financiación ilegal no es lo mismo que unos señores se hayan aprovechado del Partido Popular o que unos cargos públicos, si llegara el caso, hayan hecho un mal uso de su autoridad y responsabilidad para ensuciarse y envilecer la política. Lo segundo es una cuestión que degrada y envilece a los autores y a sus cómplices y que merece la severidad de la ley como respuesta social. Lo primero envilece a la democracia y degrada la política en general porque un partido corrupto es la puerta de entrada de la delincuencia en la política.

De ahí la importancia de aclarar los hechos y las complicidades. De ahí la necesidad de apoyar la mayor justicia y transparencia de la investigación. De ahí la necesidad de introducir la regeneración democrática en la cultura de los propios partidos y de articular elementos anticorrupción a sus estructuras para garantizar la libertad y la justicia de nuestra democracia. Estamos hablando de los pilares del sistema democrático: los partidos políticos.

De ahí también la necesidad de luchar contra la lacra de la corrupción en la escala de valores de nuestra sociedad, en la misma empresa y sus prácticas. Y en la propia cultura social hoy tan clientelar y capaz de convivir o justificar la corrupción. La cultura de ofrecer sobornos no siempre viene de los políticos. Viene también de las empresas con el propósito de cambiar una legislación que les perjudica, enriquecerse aprovechándose de la ventaja de la información con el regalo o la comisión otorgada para obtener una subvención o cambiar el curso de una elección democrática.

Yo pongo como referente lo que ocurre en países de nuestro entorno y a los que queremos parecernos. Miremos, por ejemplo, lo que ha sucedido con el político más condecorado de toda Europa, Helmut Kohl. Una investigación parlamentaria sobre una donación desveló que la CDU admitió la donación de un millón de marcos por parte de un traficante de armas. Sus propios compañeros no tuvieron reparo en hostigar a Kohl con el fin de obtener una aclaración y salvaguardar la imagen del partido.

El ex canciller confesó que entre 1993 a 1998  la CDU recibió entre millón y medio y dos millones de marcos. El objetivo era reforzar las secciones de la CDU en los Estados del Este. Kohl hundió a su partido en la peor crisis de su historia, sobre todo al negarse a confesar la identidad de los donantes "por razones de lealtad".
 
La entonces secretaria general, Angela Merkel, llegó a afirmar que la era Kohl estaba "terminada sin remedio". Fue obligado a dimitir como presidente honorario de la CDU.
 
Antes había recibido el prestigioso Premio Carlomagno (Alemania, 1988, compartido con Mitterrand), el Premio Príncipe de Asturias a la Cooperación Internacional (España, 1996), la Medalla Presidencial de la Paz (Estados Unidos, 1998), la Orden del Águila Blanca (Polonia, 1998), la ya citada Medalla de la Libertad (Estados Unidos, 1999), la Orden del León Blanco (República Checa, 1999) y la Medalla de Oro del Milenio (Hungría, 2000).

Pensar que esto puede pasar en España es una quimera, pero ello no quiere decir que tengamos que resignarnos o que el caso Gürtel acabe tratándose como una especie de Gran Hermano y convertirse en un espectáculo que inocule con el virus del inmovilismo a la ciudadanía para que cunda la impresión de que todo está corrupto en la política.

Que los medios informen de los “escándalos” es positivo. Que la cámara aborde este tema con seriedad y con honradez, es positivo, pero actuar como ya lo hace el PP, utilizando las sesiones de control en la Asamblea para ocultar la verdad o impedir la investigación, convirtiéndolas en un espectáculo grotesco de búsqueda del titular resultón, es un error mayúsculo.

No es verdad que así se pueda eludir la responsabilidad política porque a largo plazo la sociedad acabará reaccionando contra la corrupción y pedirá que se haga un escarmiento en los culpables. Por mucho que el PP piense que sólo rendirán cuentas en este caso al diablo ya que entre los mandamientos más graves está el de NO ROBAR.

En todo caso, la corrupción no puede ser una forma de la financiación de los partidos políticos, ni siquiera desde el punto de vista economicista. La experiencia nos enseña que hay que aprender de las experiencias de los demás: la financiación ilegal e inmoral genera un conjunto de conductas y aprendizajes que acaban deteriorando a todas las organizaciones y que sumen a la sociedad en la indecencia, porque la ciudadanía también es responsable cuando no reclama y no ejerce su derecho y su poder en defensa de la honradez y la honestidad de una sociedad y sus valores. Una empresa cuya supervivencia dependa de los favores ganados mediante sobornos a políticos no tiene una estrategia sostenible, aunque pueda sobrevivir durante un tiempo e incluso forrarse en el corto plazo. Igualmente un partido que necesita los fondos ilegítimos para financiar sus actividades tampoco tiene una estrategia sostenible. Entrarán en la espiral de mentir, trampear y utilizar el dinero público que es el de todos/as con gastos crecientes: la corrupción tiene una tendencia inflacionaria y un gran coste para la vida democrática. Aunque sólo sea por lo primero, no debemos permitirlo.

Yolanda Villavicencio M. es diputada Socialista Asamblea de Madrid. Es licenciada en Económicas y Ciencias Empresariales, especialista en Cooperación Internacional al Desarrollo, especialista en Mujer y Desarrollo, máster en Migraciones y Relaciones Intracomunitarias y en los últimos ocho años ha dirigido la entidad AESCO, especializada en migraciones, cooperación al desarrollo y codesarrollo.


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