Como en la anterior legislatura, en cuanto la prensa de extrema derecha ha vuelto a hablar de ETA, Rajoy, como movido por un resorte, ha salido de su mutismo. Ha pasado sin transición del silencio sobre las medidas para salir de la recesión económica a la verborrea sobre las presuntas relaciones entre ETA y el Gobierno, y con él, todo el Partido Popular, y delante de todos ellos, como un abanderado de la deslealtad, Aznar ha afirmado que existe una negociación.
Pruebas no hay, sino todo lo contrario, pero eso no importa. Han tomado como pretexto unas presuntas actas de ETA, sin luz ni taquígrafos, sobre la pasada negociación para esgrimirlas como prueba. Es curioso, pero sobre todo es preocupante, que un partido que aspira a gobernar España, que un ex ministro y que un ex presidente de un gobierno que negoció con ETA concedan más crédito a lo que dicen unos papeles de la banda terrorista, es de suponer que para echarse flores ante los suyos, que a lo que sostiene el ministro del Interior, que ha sido ya calificado de todo lo peor.
Con todo este ruido, en el PP quieren tapar las lagunas de su programa en asuntos mucho más importantes, caldear el ambiente de cara a las elecciones locales y autonómicas, que están abordando como si fueran la primera parte de las generales, y para erosionar todo lo que puedan a un posible rival de Rajoy, como es Rubalcaba, que les inspira verdadero pavor. Pero con esta impostada intransigencia ante ETA, pretenden hacer olvidar las circunstancias y los detalles de cuando el gobierno de Aznar negoció con ETA. Así que hagamos memoria.
El Partido Popular no obtuvo mayoría absoluta en las elecciones de marzo de 1996. Razón por la cual, Aznar tuvo que contar en su investidura con los votos del PNV (Ibarretxe se los negó a Zapatero) y de CiU. Comenzó la etapa, corta, de idilio con los partidos nacionalistas, cuando Aznar hablaba catalán en la intimidad y Arzalluz decía de él: “Aznar es un hombre de fiar”, “ha hecho más por el autogobierno vasco en un año que los demás en veinte”.
El 17 de enero de 1996, ETA había secuestrado al funcionario de prisiones Ortega Lara, para lograr el traslado de sus presos a penitenciarías vascas a cambio de su liberación. El 14 de febrero asesinó a Tomás y Valiente, miembro del Consejo de Estado, el día 4 de marzo asesinó al inspector de la Ertzaintza, Montxo Doral, y en el mes de noviembre de ese año secuestró a Cosme Delclaux. Ortega Lara fue liberado por la guardia civil el 2 de julio de 1997, y las condiciones de su cautiverio conmocionaron a todo el país. En un acto de venganza, el día 10 de ese mes, ETA secuestró al concejal del PP de Ermua, Miguel Ángel Blanco, para forzar la reunificación de los presos. El Gobierno no accedió y ETA asesinó al edil, provocando el rechazo de millones de personas en toda España y la decisión de los partidos democráticos vascos de aislar al llamado entorno legal de ETA, acusado de cómplice en el asesinato.
La movilización ciudadana llevó a Aznar a cambiar la política antiterrorista y el 15 de julio cerró cualquier posible vía de negociación con ETA, solicitando la expulsión de Antxon y de Macario de la República Dominicana. Para el PNV, la situación era muy preocupante, pues temía una reacción electoral que acabase con su hegemonía y que el fin de ETA pudiera arrastrar consigo a las fuerzas nacionalistas. Tras fracasar el Plan Ardanza, estaban dadas las condiciones para llegar, en septiembre de 1998, al frente nacionalista de Estella y a la tregua de ETA. Condiciones favorecidas por el retroceso electoral de Herri Batasuna y por las conversaciones entre el gobierno británico y el Sinn Fein, que culminan en el acuerdo de Stormont, en abril de 1998.
En noviembre de 1998, el Congreso aprobó una moción instando al Gobierno a reorientar la política penitenciaria para favorecer el final de la violencia. Y el Pleno del Congreso del 15 de junio de 1999, aprobó otra instando al Gobierno a culminar dicha reorientación. Pero antes, Aznar había dicho que estaba dispuesto a ser generoso si los terroristas dejaban las armas.
El Gobierno y yo personalmente hemos procurado a lo largo de estas semanas, en declaraciones y en hechos, transmitir señales de lo que estamos dispuestos a hacer por la paz, señaló Aznar el 11 de octubre de 1998. Días después, el 3 de noviembre, reconoció la existencia de contactos con ETA: El Gobierno y yo personalmente he autorizado contactos con el entorno del Movimiento Vasco de Liberación. El día 12, lo ratificó Rajoy: Los contactos los llevaremos directamente y sin intermediación.
Dos diarios hoy tan críticos con un posible diálogo del Gobierno con ETA, como son el ABC y El Mundo, dedicaron el día 4 de noviembre amplia información a la iniciativa de Aznar. ABC dedicaba al tema un editorial titulado “Horizonte de esperanza” y El Mundo titulaba el suyo “Otro valiente paso de Aznar hacia la paz”.
Con respecto a los “hechos” aludidos por Aznar en su declaración de octubre, hay que decir que días antes de celebrarse las elecciones autonómicas vascas, el Ministerio del Interior había trasladado a cuatro presos enfermos a cárceles del País Vasco. En diciembre se trasladaron 21 presos a la península, entre ellos el sanguinario De Juana Chaos, luego utilizado por el PP para sacar sus masas a la calle; traslados que continuaron hasta el mes de septiembre de 1999. Entre dicho mes y el del año anterior, el Gobierno de Aznar ordenó el acercamiento de más de 120 presos y permitió el regreso de más de 300 personas exiliadas, de manera que cuando se produjo el encuentro de los delegados del Estado español con los representantes de ETA, el Gobierno ya había hecho bastantes entregas a cuenta de los resultados de la negociación, que hoy serían juzgadas por la prensa que apoya a Rajoy como pruebas de amistad con los terroristas.
Como en otros casos, Aznar y los suyos han acusado, sin prueba ni evidencia alguna, a Zapatero de hacer algo similar a lo que ellos hicieron.
El 19 de mayo de 1999, ocho meses después de que ETA declarase la tregua, Javier Zarzalejos, Secretario General de Presidencia, Ricardo Martín Fluxá, Secretario de Estado de Seguridad y el asesor personal de Aznar, Pedro Arriola se entrevistaron en Zúrich con Mikel Albizu, Antza, y Belén González Peñalva, Carmen. Después no hubo más reuniones. Y la ruptura de la tregua por parte de ETA llevó al Partido Popular a ensayar otra política contra el terrorismo, que se vería favorecida por la obtención de la mayoría absoluta en las elecciones generales del año 2000 y por las consecuencias políticas, jurídicas y policiales de los atentados del 11 de septiembre en EE.UU.
Durante los mandatos de Aznar se produjeron 311 excarcelaciones de etarras, de las cuales 64 correspondieron a terroristas condenados a penas superiores a veinte años y algunos superiores a los doscientos. Un caso significativo por su reincidencia es el de Iñaki Bilbao, condenado a 52 años de cárcel, que quedaron reducidos a 30, de los que por redención de penas cumplió diecisiete. Bilbao fue excarcelado el 28 de septiembre del año 2000, y el 21 de marzo del 2001 asesinó a Juan Priede, concejal socialista del ayuntamiento de Orio.
Rajoy era entonces ministro del Interior.