Las elecciones generales se van a celebrar en una situación muy compleja, se podría decir que dramática, debido a la manifestación de tres crisis de distinto origen, composición y entidad, cuya conjunción acentúa la gravedad del momento.
Por un lado, la crisis económica internacional agravada por las peculiaridades de nuestro modelo productivo, que, a las puertas de una nueva recesión, ya anuncia que no es otra crisis cíclica, superable en poco tiempo reformando el mismo sistema, sino una crisis del propio sistema capitalista, que dará lugar a algo distinto, pero no mejor si en su salida se siguen utilizando los mismos criterios que hasta ahora: dejar tal como está el sistema financiero, premiar a los culpables del desastre, exonerar a las rentas altas de cualquier contribución y cargar sobre las rentas medias y bajas el trabajo de satisfacer la voracidad de unos mercados financieros que se han revelado insaciables, aunque para ello sea preciso reducir la función asistencial del Estado y privatizar bienes públicos, que son, en su mayor parte, resultado de la aportación fiscal de las clases subalternas a lo largo de los años. La salida de la crisis según la receta neoliberal dictada por el FMI, la OCDE y la Unión Europea, está creando un circulo vicioso que aumenta la pobreza al mismo tiempo que hace necesarios nuevos créditos, difíciles de saldar en una situación en que se restringe el gasto público y se paraliza la inversión privada. Con tal solución, está garantizado el retroceso económico y se ensancha el preocupante abismo entre rentas.
Por otro lado, se constata una creciente desafección ciudadana respecto a la clase política, que por acción u omisión (indecisión o ambición) no está a la altura de lo que exige la situación; ni los partidos, ni las personas que están al frente de las instituciones. Es una clase gobernante, cerrada y autocooptada, que retiene en sus manos la potestad de configurar órganos y funciones de los aparatos del Estado y conserva gran autonomía respecto a electores. Una clase gobernante que ha dado muestras sobradas de su lejanía respecto a las condiciones de vida y trabajo de la mayor parte de la ciudadanía, y que, con honrosas excepciones, vive encerrada en sí misma, defendiendo con celo las prebendas de haber hecho de la opaca gestión de lo público una profesión privada y en no pocas ocasiones la base de pingües negocios, no siempre claros ni limpios; una clase imbricada en tupidas redes clientelares y en frecuentes casos de corrupción que la relacionan con los peores exponentes de una clase empresarial poco emprendedora e innovadora, que busca el dinero fácil y rápido y conserva resabios autoritarios propios de otra época.
En tercer lugar y vinculado a lo anterior, asistimos a los estertores del espíritu de la transición. Es preocupante constatar la incapacidad, la obsolescencia, la esclerosis o la viciada utilización de la legislación y de muchas de las instituciones surgidas tras el ocaso de la dictadura, sometidas, además, a deformaciones derivadas de intereses corporativos y de las tensiones de la lucha partidista.
Desde hace mucho tiempo, la transición está agotada en sus fuerzas pero inconclusa en sus metas, que eran instaurar una democracia avanzada, un Estado democrático de Derecho, que propugne como valores superiores la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, tal como señala la Constitución. Bien al contrario, hemos avanzado pero en sentido contrario: hemos retrocedido respecto a esas metas y, con un régimen canovista instaurado de hecho, vemos aparecer alarmantes signos de rehabilitación de un pasado impresentable.
Las décadas de hegemonía conservadora han despojado a las sociedades y a los gobiernos de principios provistos de los mínimos atisbos de humanidad y los han sustituido por los valores y conductas propios del neoliberalismo, como son el culto a los fuertes y a los vencedores, el desprecio de los débiles, el Estado social mínimo y el poder político fuerte y opaco, el individualismo patológico, la condena de lo público y colectivo, la ostentación de la riqueza, la búsqueda del dinero fácil y el triunfo personal en el marco de un capitalismo salvaje, acompañados por una moral religiosa pacata e intransigente, impulsada en España por un catolicismo rancio. Valores que el poco deseable triunfo electoral de una derecha exultante habrá de acentuar.
Por eso son necesarios como nunca referentes políticos capaces de mantener valores de izquierda como la igualdad de derechos y oportunidades, el reparto más equitativo de costes y rentas, la solidaridad con los que menos tienen, la libertad de opinión y de conciencia, la defensa de los bienes y servicios públicos, la democracia abierta y participativa, la transparencia y la honestidad en el ejercicio de los cargos públicos, el compromiso con los programas y la responsabilidad con los votantes, la relación con los movimientos sociales y un sentido utópico, contrario a la lógica del sistema, que guíe las reformas en un sentido de progreso. Gaspar Llamazares ha representado estos valores en el Congreso. Su trabajo se ha caracterizado por la honradez de la conciencia crítica, la voluntad de diálogo la firmeza contra las medidas de tipo neoliberal y conservador acordadas por los dos grandes partidos y la denuncia de la corrupción.
En la primera legislatura de Rodríguez Zapatero, la actividad política de Gaspar Llamazares contribuyó a que se aprobasen leyes relacionadas con derechos civiles y sociales de marcada intención progresista. Y cuando el Gobierno en su segunda legislatura giró hacia la política económica neoliberal, dictada por el FMI, la OCDE, y por el triunvirato que dirige la agónica Unión Europea (Merkel, Trichet, Sarkozy), cargando los peores efectos de la crisis sobre los perceptores de las rentas medias y bajas, su voz representó una defensa clara de los bienes y servicios públicos, de las reivindicaciones de los sindicatos y las demandas de los trabajadores contra los ataques a la estabilidad del empleo, a los salarios, a las pensiones y las prestaciones sociales, y la exigencia de respeto al procedimiento democrático ante la precipitada reforma de la Constitución para incluir en ella la prioritaria devolución de la deuda.
En la política nacional e internacional, ha representado también una posición coherente a favor del pacifismo. Quien expresó de forma clara su oposición a la guerra de Irak, se opone hoy también a la escalada militarista que suponen las estrategias de la OTAN en la Bahía de Cádiz con el escudo antimisiles. Se ha tratado de un pacifismo sincero y firme, no sometido a coyunturas electorales, inseparable del ecologismo, de la economía sostenible y de la solidaridad con otros pueblos. La protesta contra la precipitada reforma de la Constitución Española para adaptarla a las exigencias del BCE, de Merkel y Sarkozy, ha sido un ejemplo de compromiso cívico ante el mercadeo de valores del PSOE y del PP para atender un dictado mercantil.
Por todo lo anterior y porque creemos que en el Congreso se necesitan voces de izquierda, voces plurales, voces discrepantes con la tendencia política y económica dominante, los miembros del Colectivo Red Verde, porque estamos asqueados por unos, decepcionados por otros e indignados con casi todos, si viviésemos en Asturias, votaríamos a Gaspar Llamazares.
Colectivo Red Verde | Carmen Barbero; Óscar Cerezal; Blanca García; Alejandro León; Luis Marchand; Orencio Osuna; Jorge Porland; Ángel Requena, Pepe Roca; Roberto Vegas y Antonio Vidal.