27 de enero de 2009, 6:55
No hay mal que por bien no venga. ¡Claro que todos habríamos deseado que Irlanda respaldara en su referéndum el Tratado de Lisboa! Pero el NO expresado en esa consulta puede servir para que la Unión Europea encare de una vez la gran decisión que tiene pendiente desde hace demasiado tiempo: estancarnos todos cada vez que alguien toca el freno o establecer mecanismos para que, preservando lo conseguido como un conjunto, quienes deseen ir más lejos puedan hacerlo.
No se trata de proponer fugas hacia delante, pero sí de constatar que, sea por razones objetivas o subjetivas, en una UE a 27 o a más miembros será imposible alcanzar el máximo común denominador, imponiéndose la pura gestión del mínimo, algo que ni el mundo globalizado ni las legítimas aspiraciones de la ciudadanía pueden permitirse sin costes inasumibles. Es, por tanto, necesario encarar la organización de una Unión a diferentes velocidades, algo que, en una estructura no federal como la Unión, es plenamente lógico.
Ahora hay que continuar el proceso de ratificación del Tratado de Lisboa, para que aquellos países que lo culminen exitosamente puedan plantearse su entrada en vigor, estableciendo con los estados que no lo hagan relaciones jurídicas y políticas sobre la base de los compromisos compartidos hoy por la totalidad de socios comunitarios. De hecho, el Tratado de Lisboa �recogiendo directamente, como en todos sus avances, los contenidos de la Constitución Europea elaborada por la Convención- ya preveía una enorme extensión de las cooperaciones reforzadas. ¿Qué impide poner en marcha dos niveles de relación entre los estados comunitarios?
Dos cuestiones más.
Una, frente a un procedimiento de ratificación que se convierte en una ruleta rusa esclavizada por la unanimidad, la respuesta no es criminalizar la figura del referéndum, ¡faltaría más! Al contrario, como muchos propusimos en la Convención Europea, es preciso volver a reivindicar el referéndum europeo para que las reformas del Tratado se adopten con una doble mayoría de estados y ciudadanos.
Dos, ante decisiones que no compartimos como el proyecto -subrayo, proyecto- de Directiva sobre el tiempo de trabajo, lo que corresponde es explicar que son producto de la hegemonía ganada democráticamente en las urnas por la derecha europea y buscar mayorías políticas y sociales para modificarlas. Lo que no toca es criminalizar a la UE afirmando por activa o por pasiva que tales propuestas son casi fruto de la maldad neoliberal intrínseca de la UE, pues eso sería tanto como afirmar que las medidas antisociales del Gobierno de Aznar tras ganar las elecciones eran producto de la democracia constitucional española.
Es fácil caer en la desesperanza o en la demagogia. Pero la izquierda de gobierno no puede ni debe permitirse ni la una ni la otra.
No se trata de proponer fugas hacia delante, pero sí de constatar que, sea por razones objetivas o subjetivas, en una UE a 27 o a más miembros será imposible alcanzar el máximo común denominador, imponiéndose la pura gestión del mínimo, algo que ni el mundo globalizado ni las legítimas aspiraciones de la ciudadanía pueden permitirse sin costes inasumibles. Es, por tanto, necesario encarar la organización de una Unión a diferentes velocidades, algo que, en una estructura no federal como la Unión, es plenamente lógico.
Ahora hay que continuar el proceso de ratificación del Tratado de Lisboa, para que aquellos países que lo culminen exitosamente puedan plantearse su entrada en vigor, estableciendo con los estados que no lo hagan relaciones jurídicas y políticas sobre la base de los compromisos compartidos hoy por la totalidad de socios comunitarios. De hecho, el Tratado de Lisboa �recogiendo directamente, como en todos sus avances, los contenidos de la Constitución Europea elaborada por la Convención- ya preveía una enorme extensión de las cooperaciones reforzadas. ¿Qué impide poner en marcha dos niveles de relación entre los estados comunitarios?
Dos cuestiones más.
Una, frente a un procedimiento de ratificación que se convierte en una ruleta rusa esclavizada por la unanimidad, la respuesta no es criminalizar la figura del referéndum, ¡faltaría más! Al contrario, como muchos propusimos en la Convención Europea, es preciso volver a reivindicar el referéndum europeo para que las reformas del Tratado se adopten con una doble mayoría de estados y ciudadanos.
Dos, ante decisiones que no compartimos como el proyecto -subrayo, proyecto- de Directiva sobre el tiempo de trabajo, lo que corresponde es explicar que son producto de la hegemonía ganada democráticamente en las urnas por la derecha europea y buscar mayorías políticas y sociales para modificarlas. Lo que no toca es criminalizar a la UE afirmando por activa o por pasiva que tales propuestas son casi fruto de la maldad neoliberal intrínseca de la UE, pues eso sería tanto como afirmar que las medidas antisociales del Gobierno de Aznar tras ganar las elecciones eran producto de la democracia constitucional española.
Es fácil caer en la desesperanza o en la demagogia. Pero la izquierda de gobierno no puede ni debe permitirse ni la una ni la otra.