Poco a poco se van conociendo los contenidos del Memorándum que el Gobierno español deberá firmar con la Unión Europea el próximo 20 de julio para poder recibir fondos europeos destinados a las ayudas a los Bancos.
Las prevenciones que un servidor tenía el 29 de Junio en relación a los triunfalismos de la Cumbre se han confirmado. En mi anterior artículo ya sugería prudencia en los análisis de lo que de verdad se había acordado en el Consejo. Y hoy todo apunta que la supuesta victoria de Rajoy y Monti sobre Merkel se desvanece.
Cada vez tengo más dudas de cuales son las causas profundas de esta “futbolización” de la política. Cuesta distinguir quién contribuye más a ello, si las intoxicaciones interesadas que se generan desde algunos gabinetes de comunicación de partidos y gobiernos o la necesidad de los medios de comunicación de dar noticias siguiendo las pautas de los partidos de futbol.
Hoy, ya se puede afirmar –aunque en honor a la verdad algunos periodistas ya lo hicieron el mismo 29 de junio– que los fondos para capitalizar bancos se dan a España a través del FROB y por tanto con la garantía del Estado. Que el procedimiento de ayudas directas a los bancos de momento es solo una buena intención, que debe discutirse durante el próximo año –por cierto, así lo decía literalmente el comunicado del Consejo de los días 28 y 29 de Junio–.
Cada vez resulta más claro que el Gobierno español va a ser obligado a crear un “banco malo”, una de las muchas medidas que ha negado mil veces y que ahora deberá poner en marcha por imposición de la UE. Un banco malo que si agrupa los activos inmobiliarios de todas las entidades quebradas debería ser utilizado como una oportunidad para dar un uso social a las viviendas de su propiedad, aunque desgraciadamente la mayor parte de sus activos sean suelo con pocas posibilidades de ser usado en los próximos años
Sabemos también que los términos del Memorándum incluyen elementos de clara intervención de la economía española y de cesión de soberanía del Estado español. Y lo más grave es que esta cesión de soberanía no se hace a instituciones europeas democráticas, sino a instancias sin ningún tipo de control democrático.
Por supuesto, el Memorándum no solo contiene obligaciones a cumplir por las entidades financieras receptoras de ayuda o por el conjunto del sistema financiero. Se van a fijar también contrapartidas en las políticas macroeconómicas, a pesar de las reiteradas negativas del Presidente Rajoy, de su Ministro Guindos, incluso en sede parlamentaria.
Algunas de estas medidas parecen responder más a la voluntad de obtener un botín de guerra que a la lógica económica. Por ejemplo, exigir que las Cajas tengan prohibido por ley la mayoría de control de los bancos participados, no tiene lógica alguna cuando se trata de Cajas sin problemas de solvencia. Estas medidas solo se justifican por la voluntad de hacer desaparecer definitivamente el modelo de las Cajas. Al final parece que el exgobernador del Banco de España, Sr. Fernández Ordóñez va a conseguir su objetivo de acabar con la “anomalía” de un sector financiero con presencia de entidades como las Cajas. Aunque la verdad el camino para la desaparición de las Cajas esta siendo muy tortuoso y costoso para la sociedad española.
Uno de los efectos colaterales de la crisis es que al final del túnel, el sistema financiero español este fuertemente concentrado y acabe siendo un oligopolio, con los riesgos de exclusión financiera de sectores de la población que ello comporta. La desaparición de bancos controlados por Cajas puede incrementar los riesgos de concentración bancaria y de oligopolio financiero. Por eso habrá que dar la batalla para que los oportunistas de la crisis no consigan aprovechar la necesidad de capitalización de bancos y el rescate europeo de España para obtener otro botín de guerra. Esperemos que el Gobierno de Catalunya y Euskadi sean conscientes de ello y jueguen sus bazas.
Y más allá de las contrapartidas directas, recogidas en el memorándum, también se van conociendo algunas de las contrapartidas sociales. Pero la falta de transparencia del Gobierno Rajoy y la escasa fiabilidad de sus palabras, aún no permiten saber a ciencia cierta cual base a ser la magnitud del botín de guerra exigido en este apartado.
Pretender una reducción del déficit público de esta magnitud en dos o tres años es una barbaridad que solo va a provocar más sufrimiento en los sectores más débiles y profundizar en el pozo de la crisis.
Uno de los aspectos en los que el botín de guerra parece más claro es el de la jibarización del poder político de Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. Las condiciones de los eurobonos que se anunciaran oficialmente a finales de semana o la propia Ley de estabilidad presupuestaria aprobada por los votos, entre otros de CIU, ya dejan claro las intenciones intervencionistas del Gobierno.
En otro orden de cosas, el texto conocido del Anteproyecto de Reforma de la Ley de Bases de Régimen Local es la prueba de cómo los oportunistas de la crisis quieren aprovecharla para imponer su modelo de sociedad.
La pérdida de poder político de los ayuntamientos –especialmente de los de menos de 20.000 habitantes– que no se olvide son instituciones cercanas a la ciudadanía y con niveles importantes de participación democrática de los ciudadanos es uno de los objetivos de la contrarreforma del PP. Cuando parece que lo lógico era la paulatina desaparición de las Diputaciones en beneficio de una mayor descentralización en ayuntamientos o en entes consorciales de gestión es servicios públicos el PP opta por la dirección contraria. Esperemos a conocer el texto definitivo, pero parece que la tentación del PP para quitar peso a instituciones democráticas como los ayuntamientos en favor de instancias de segundo nivel como las diputaciones, que además han demostrado ser un espacio propicio al caciquismo territorial es una tentación muy poderosa.
Hay aún muchos interrogantes abiertos que el Presidente del Gobierno debería cerrar en su intervención de este miércoles en el Congreso de Diputados. Algunos que afectan a las condiciones de vida de personas que están al límite. Recordemos que solo el 65% de los desempleados tienen algún tipo de prestación. Que solo el 46% de los parados perciben la prestación contributiva, que 1.900.000 personas no tienen prestación alguna, que 1.728.000 personas viven en hogares con todos sus miembros en situación de desempleo y que 584.000 viven en hogares sin ningún tipo de ingreso formal.
Con esta realidad argumentar que la reducción de las prestaciones de desempleo va a incentivar la búsqueda activa de empleo, cuando además se están desmontando los servicios públicos de intermediación laboral, es un comportamiento político que raya el sadismo social.