viernes. 29.03.2024

Remuneraciones y legitimidad del Estado

NUEVATRIBUNA.ES - 27.2.2009La decisión de los consejeros electorales del IFE* de promover un drástico aumento en sus percepciones como funcionarios públicos �pretensión sobre la que dieron marcha atrás finalmente� tiene repercusiones sobre la credibilidad de la autoridad electoral, pero también es síntoma de un problema más generalizado de, digamos, una pérdida de brújula de la función estatal en diversos funcionarios
NUEVATRIBUNA.ES - 27.2.2009

La decisión de los consejeros electorales del IFE* de promover un drástico aumento en sus percepciones como funcionarios públicos �pretensión sobre la que dieron marcha atrás finalmente� tiene repercusiones sobre la credibilidad de la autoridad electoral, pero también es síntoma de un problema más generalizado de, digamos, una pérdida de brújula de la función estatal en diversos funcionarios públicos de primer nivel.

En lo que toca al prestigio del IFE, sin esperar a los ejercicios demoscópicos que se publicarán la próxima semana, es evidente que la opinión pública �y ya no sólo la publicada o los poderes fácticos decididos a minar la autoridad moral de la institución� reaccionó con tanto enojo como desprecio ante el intento de los consejeros. Si de por sí la política, los partidos y los políticos alcanzan las cuotas más bajas de aprecio entre la ciudadanía, ahora los encargados de arbitrar la contienda electoral, de promover la cultura democrática, de estar por encima de los intereses de las partes, hacen que el descrédito cunda contra una de las instituciones del Estado más valiosas de las edificadas en las últimas décadas. Más allá de la impresión que queda acerca de las personas concretas que vieron un resquicio legal para llevar sus ingresos por arriba de los 300 mil pesos mensuales, con cargo al erario, el daño es al IFE. Es difícil no preguntarse si, cuando se solicitó a la Junta Ejecutiva del instituto el oneroso aumento, alguna vez se pensó en la institución pública a la que, en teoría, se sirve.

Pero los muy altos salarios de los servidores no son una exclusiva del IFE, es más, son ya un problema de legitimidad del Estado: los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación perciben ingresos superiores a los de mandatarios y jueces de países desarrollados; lo mismo los magistrados del Tribunal Electoral, y no son la excepción incluso los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información.

La desproporción entre el nivel de ingreso de este tipo de funcionarios públicos y el del trabajador medio, el contraste entre tales sueldos y el grado de desarrollo del país, así como la insensibilidad que esa situación demuestra frente a la desigualdad social y la pobreza que caracterizan a la sociedad mexicana, se han visto respaldadas por un discurso paradójicamente “eficientista” y de pretensiones “éticas” que conviene desmontar.

Se dice, por ejemplo, que los salarios excesivamente altos son al final una garantía para que el Estado tenga buenos funcionarios, quienes, de lo contrario, se irían a la iniciativa privada. Para empezar, lo anterior implica asumir que el único incentivo para el servicio público es pecuniario, el dinero que se gane. Si hay una persona que sólo tome sus decisiones profesionales en función del beneficio económico que espera obtener, más le valdría al Estado no tenerla en puesto de mando alguno. Pero además, es de dudar que todos los funcionarios con hiperingresos tendrían ofertas similares en la IP. Se trata de un discurso autojustificatorio que se desmorona en sí mismo: resulta que se quiere tener buenos funcionarios públicos precisamente atrayendo a quienes no tienen voluntad de servicio público, sino de mera ganancia.

En segundo lugar, los altos emolumentos se llegan a presentar como un “antídoto” contra la corrupción. Se cree que la corrupción es como tener sed: basta con beber agua para que se pase. Pero no hay ningún dato que revele que en materia de pretensiones de acumulación de dinero existan límites en los individuos ávidos de riqueza. Berlusconi es un ejemplo de talla mundial: uno de los hombres más ricos de Italia, y una personificación de la corrupción con difícil parangón. (El argumento también entraña un desprecio a los trabajadores de bajos ingresos, pues se les considera corruptos potenciales). Ahora resulta que la honestidad, más que ser un atributo ligado a la ética y a los valores, es resultado del estado de cuenta bancario. La honestidad se despliega a través de una ética pública asumida y contagiada por los servidores públicos, y se respalda a través de un contexto de exigencia y de rendición de cuentas real, no a través de sobregirar nóminas de unos cuantos. Al contrario, si el incentivo para ocupar un cargo público es que puede resultar el equivalente a ganarse la lotería, es difícil que los mejores individuos, los más honestos, sean los atraídos a los puestos de responsabilidad.

Pero además está el sentido del Estado mismo. El Estado moderno se creó para asegurar derechos individuales para todos, en ese sentido para desmontar desigualdades �ante la ley, en materia de acceso a ciertos satisfactores básicos�, para proteger el bien común y, por lo mismo, no puede ser espejo ni ejemplo de la desigualdad y el despilfarro. Una ética austera debe de acompañar a la acción estatal y la de sus conductores. Buenos salarios, que debe haberlos, no pueden querer decir enriquecimiento acelerado con cargo a las arcas públicas. A diferencia del aristócrata, del plutócrata o del señorito, el funcionario público debe estar y sentirse próximo al ciudadano. La legitimidad del Estado también pasa por eso: por el respeto y aprecio que se tenga hacia los funcionarios públicos que son el rostro de las instituciones. Por ello, sus sueldos no pueden ser simplemente ofensivos. Es hora de reconocer que el cargo de ministro, magistrado, consejero, comisionado, etcétera, implica asumir una encomienda republicana y no un título nobiliario, por cierto, abolidos por nuestra Constitución.

Ciro Murayama es economista y profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es editor de la revista “Nexos” y en la actualidad escribe semanalmente en “La Crónica”.


*El IFE es el Instituto Federal Electoral de México, cuyos consejeros han decidido incrementarse el salario en un 46 por ciento. Por considerarla imprudente, desafortunada e insensible ante la crisis económica que enfrentan millones de mexicanos, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, es decir, los coordinadores de las ocho fracciones parlamentarias, exhortaron a los consejeros el jueves, 26 de febrero, a reconsiderar la decisión.

Remuneraciones y legitimidad del Estado
Comentarios