4 de noviembre de 2010, 14:51
NUEVATRIBUNA.ES - 12.5.2010
El futuro de la reforma laboral, propuesta por el Gobierno y que se está negociando en la mesa de diálogo social, se va a definir en breve. Los sindicatos, particularmente la dirección de CCOO, han manifestado sus reservas a algunos de sus aspectos problemáticos, y han realizado otras propuestas para favorecer el empleo estable y de calidad. Solicitan la aplicación inmediata de aquellas medidas –empleo para jóvenes, ajuste de bonificaciones, uso de la reducción de jornada- con posibilidad de fácil acuerdo e impacto inmediato, dejando para más adelante los temas más conflictivos –el bloque primero sobre contratación y despido-.
Por el contrario, las organizaciones empresariales, sin renunciar a su programa de máximos –contrato único con indemnización de 20 días, abaratamiento del despido, reducción sustancial de cotizaciones sociales- exigen medidas concretas y flexibilizadoras en esa dirección. El acuerdo de mínimos propuesto por los sindicatos les parece completamente insuficiente y apuestan por una reforma claramente regresiva para los derechos laborales.
El Gobierno, en una situación de estancamiento económico y persistencia del alto volumen de paro, recibe la fuerte presión externa, de los mercados financieros internacionales, e interna, de la oposición del PP y grupos económicos, y se va deslizando hacia opciones de política económica liberal: plan de austeridad pública, propuesta de recorte de las pensiones con la prolongación a 67 años de la edad de jubilación –parcialmente desactivada, aunque distintos foros insisten en reactivarla-.
Se acentúa la gravedad del paro, con más de 4,5 millones de desempleados y 1,3 millones de familias sin ningún ocupado junto con el agotamiento de las prestaciones de desempleo y la reducción de su cobertura a pesar de la prórroga del subsidio aprobada el verano pasado. Es el principal problema a afrontar mediante una política de estímulo a la creación de empleo y de refuerzo de la protección al desempleo. Esta reforma laboral no incide directamente en este aspecto crucial de la crisis de empleo. Tampoco adopta medidas consistentes para eliminar la temporalidad injustificada, objetivo central para los sindicatos.
La retórica gubernamental de acabar con la dualidad del mercado de trabajo tiende a interpretarse no como la desaparición del paro y la precariedad laboral y la creación de empleo de calidad, sino a través de la eliminación del empleo ‘fijo’ y la unificación de todo el empleo indefinido en el escalón más bajo de la protección (20 días). El acento oficial se va desplazando hacia la reducción del déficit público a través del recorte del gasto público, sin perspectivas de un significativo crecimiento económico y sin el incremento de la presión fiscal progresiva. Todo ello puede alargar el estancamiento económico, aumentar la incertidumbre y acentuar las grandes brechas sociales, con mayores dificultades para la integración social.
CCOO y UGT insisten en la importancia de conseguir un acuerdo y el refuerzo de la concertación social. En este contexto defensivo, un acuerdo de mínimos, sin componentes regresivos, les permitiría salir del paso. Quedarían sin abordar grandes problemas de fondo en los que se producen una polarización de intereses y posiciones respecto de la gestión de la crisis económica y del empleo y continuaría el equilibrio inestable. Pero es difícil que la CEOE se conforme con esa situación, empeñada, junto con otros sectores ‘poderosos’, en la exigencia de una reforma ‘estructural’ mucho más agresiva: mayor ajuste del mercado de trabajo, reforma de la negociación colectiva, plan de austeridad del gasto público y recorte drástico de la protección social y el sistema de pensiones.
Por otra parte, el Gobierno, aunque deseche ese plan de la patronal, a diferencia de hace un año, relativiza más sus ‘compromisos sociales’ y está decidido a sacar adelante medidas significativas de carácter regresivo. Trata de neutralizar la oposición sindical, pero encara la posibilidad de no seguir con la ‘contemporización’ con los sindicatos y sus bases sociales –tal como le critican desde la derecha- y legislar frente a su opinión.
Sin embargo, de mantener el Gobierno el grueso de sus propuestas negativas resulta difícil el aval de los sindicatos. El otro escenario sería la ausencia de acuerdo, dada la desconsideración de los demás componentes de la negociación a las contrapropuestas sindicales ¿Se está rompiendo el equilibrio de las relaciones laborales y el modelo de diálogo social?. Cada vez hay más fuerzas económicas y políticas que promueven un giro económico liberal y la aplicación de reformas laborales y ajustes del Estado de bienestar aunque sea sin el consenso sindical. La amenaza de la aplicación de estas medidas por decisión unilateral del Gobierno (amparado por otras fuerzas parlamentarias) es explícita.
La responsabilidad del sindicalismo, del conjunto de fuerzas progresistas, es importante para afrontar este reto. De inmediato, neutralizar esa opción de reforma laboral regresiva e impuesta y exigir respuestas ante el paro, la precariedad y sus consecuencias. La cuestión es persuadir al Gobierno para que dé marcha atrás e impedir su aplicación. En el horizonte, afrontar los peligros que se ciernen sobre los derechos sociales y laborales, y establecer una política progresiva frente a esta crisis económica y de empleo y por un modelo social solidario.
Antonio Antón - Profesor de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid.
El futuro de la reforma laboral, propuesta por el Gobierno y que se está negociando en la mesa de diálogo social, se va a definir en breve. Los sindicatos, particularmente la dirección de CCOO, han manifestado sus reservas a algunos de sus aspectos problemáticos, y han realizado otras propuestas para favorecer el empleo estable y de calidad. Solicitan la aplicación inmediata de aquellas medidas –empleo para jóvenes, ajuste de bonificaciones, uso de la reducción de jornada- con posibilidad de fácil acuerdo e impacto inmediato, dejando para más adelante los temas más conflictivos –el bloque primero sobre contratación y despido-.
Por el contrario, las organizaciones empresariales, sin renunciar a su programa de máximos –contrato único con indemnización de 20 días, abaratamiento del despido, reducción sustancial de cotizaciones sociales- exigen medidas concretas y flexibilizadoras en esa dirección. El acuerdo de mínimos propuesto por los sindicatos les parece completamente insuficiente y apuestan por una reforma claramente regresiva para los derechos laborales.
El Gobierno, en una situación de estancamiento económico y persistencia del alto volumen de paro, recibe la fuerte presión externa, de los mercados financieros internacionales, e interna, de la oposición del PP y grupos económicos, y se va deslizando hacia opciones de política económica liberal: plan de austeridad pública, propuesta de recorte de las pensiones con la prolongación a 67 años de la edad de jubilación –parcialmente desactivada, aunque distintos foros insisten en reactivarla-.
Se acentúa la gravedad del paro, con más de 4,5 millones de desempleados y 1,3 millones de familias sin ningún ocupado junto con el agotamiento de las prestaciones de desempleo y la reducción de su cobertura a pesar de la prórroga del subsidio aprobada el verano pasado. Es el principal problema a afrontar mediante una política de estímulo a la creación de empleo y de refuerzo de la protección al desempleo. Esta reforma laboral no incide directamente en este aspecto crucial de la crisis de empleo. Tampoco adopta medidas consistentes para eliminar la temporalidad injustificada, objetivo central para los sindicatos.
La retórica gubernamental de acabar con la dualidad del mercado de trabajo tiende a interpretarse no como la desaparición del paro y la precariedad laboral y la creación de empleo de calidad, sino a través de la eliminación del empleo ‘fijo’ y la unificación de todo el empleo indefinido en el escalón más bajo de la protección (20 días). El acento oficial se va desplazando hacia la reducción del déficit público a través del recorte del gasto público, sin perspectivas de un significativo crecimiento económico y sin el incremento de la presión fiscal progresiva. Todo ello puede alargar el estancamiento económico, aumentar la incertidumbre y acentuar las grandes brechas sociales, con mayores dificultades para la integración social.
CCOO y UGT insisten en la importancia de conseguir un acuerdo y el refuerzo de la concertación social. En este contexto defensivo, un acuerdo de mínimos, sin componentes regresivos, les permitiría salir del paso. Quedarían sin abordar grandes problemas de fondo en los que se producen una polarización de intereses y posiciones respecto de la gestión de la crisis económica y del empleo y continuaría el equilibrio inestable. Pero es difícil que la CEOE se conforme con esa situación, empeñada, junto con otros sectores ‘poderosos’, en la exigencia de una reforma ‘estructural’ mucho más agresiva: mayor ajuste del mercado de trabajo, reforma de la negociación colectiva, plan de austeridad del gasto público y recorte drástico de la protección social y el sistema de pensiones.
Por otra parte, el Gobierno, aunque deseche ese plan de la patronal, a diferencia de hace un año, relativiza más sus ‘compromisos sociales’ y está decidido a sacar adelante medidas significativas de carácter regresivo. Trata de neutralizar la oposición sindical, pero encara la posibilidad de no seguir con la ‘contemporización’ con los sindicatos y sus bases sociales –tal como le critican desde la derecha- y legislar frente a su opinión.
Sin embargo, de mantener el Gobierno el grueso de sus propuestas negativas resulta difícil el aval de los sindicatos. El otro escenario sería la ausencia de acuerdo, dada la desconsideración de los demás componentes de la negociación a las contrapropuestas sindicales ¿Se está rompiendo el equilibrio de las relaciones laborales y el modelo de diálogo social?. Cada vez hay más fuerzas económicas y políticas que promueven un giro económico liberal y la aplicación de reformas laborales y ajustes del Estado de bienestar aunque sea sin el consenso sindical. La amenaza de la aplicación de estas medidas por decisión unilateral del Gobierno (amparado por otras fuerzas parlamentarias) es explícita.
La responsabilidad del sindicalismo, del conjunto de fuerzas progresistas, es importante para afrontar este reto. De inmediato, neutralizar esa opción de reforma laboral regresiva e impuesta y exigir respuestas ante el paro, la precariedad y sus consecuencias. La cuestión es persuadir al Gobierno para que dé marcha atrás e impedir su aplicación. En el horizonte, afrontar los peligros que se ciernen sobre los derechos sociales y laborales, y establecer una política progresiva frente a esta crisis económica y de empleo y por un modelo social solidario.
Antonio Antón - Profesor de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid.