Reformar el sistema electoral, para hacerlo más proporcional y cercano a los ciudadanos, es necesario, pero hay que ser conscientes que es vital, para que la democracia funcione, que exista un equilibrio entre sus dos objetivos fundamentales: garantizar que el Parlamento sea el reflejo lo más fiel posible de las preferencias de los ciudadanos y facilitar la formación de gobiernos estables. Si una de las dos patas falla, nos podemos encontrar con una profunda crisis que aumente, aún más, el malestar de los ciudadanos hacia la democracia.
La otra cosa que no debemos olvidar es que la reforma del sistema electoral debe de realizarse con prudencia, por consenso y, en ocasiones, paulatinamente, porque se quiera ver las consecuencias de algunos cambios o porque se presenten dificultades de acuerdo en algunos puntos.
La primera pregunta que debemos hacernos es si nuestro sistema electoral ha cumplido su función en estos años de democracia y actualmente la sigue cumpliendo. La respuesta, en este sentido, tiene que ser categórica. Nuestra ley electoral es un acierto y ha cosechado un gran éxito. ¿Por qué? Porque, en un país con la historia constitucional tan explosiva que hemos tenido, logra garantizar la representación que desean los ciudadanos y, a la vez, existen los mecanismos necesarios de estabilidad en la gobernabilidad de España. De hecho, se han producido distintas mayorías absolutas y también situaciones donde el partido vencedor en las elecciones sin obtener la mayoría absoluta ha pactado con grupos parlamentarios minoritarios que han dado estabilidad al gobierno a la hora de poder desarrollar su proyecto político.
La crítica que más se hace para argumentar la necesidad de una reforma, es que nuestro sistema electoral hace que el Parlamento no sea el fiel reflejo de lo que deciden mediante el voto los ciudadanos. Tres son los motivos que exponen: produce una sobrerrepresentación de los dos principales partidos políticos españoles(PSOE y PP), da un peso excesivo a los partidos nacionalistas, y provoca una infrarrepresentación de los partidos políticos de ámbito nacional más pequeños, fundamentalmente IU.
¿Es cierta la sobrerrepresentación?. Estudiando los distintos procesos electorales se puede afirmar que existe en los dos principales partidos políticos. Es decir, su peso en escaños en el Parlamento es mayor que su porcentaje de votos. Pero esta sobrerrepresentación ha bajado, en contra de lo que algunos argumentan, de prácticamente del 13%, en el año 79, hasta el 3,6%, en el año 2004, en el caso del partido político que gana las elecciones. Y se ha situado en torno al 4% en el partido político que queda en segunda posición.
¿Tienen un peso excesivo los partidos nacionalistas en el Parlamento o mejor dicho aquellos partidos con implantación territorial exclusiva en una Comunidad Autónoma?. Nuevamente, viendo los datos electorales se puede afirmar que no han tenido estos partidos una elevada sobrerrepresentación. Hablamos de porcentajes que van desde 0,1% al 0,5% dependiendo del proceso electoral. Pero los porcentajes son una cosa y otra bien distinta es su influencia en determinados momentos políticos, donde los partidos que han ganado las elecciones no han obtenido mayoría absoluta y los han necesitado para poder acceder al gobierno. En este caso, paradójicamente tuvieron su mayor peso cuando necesitó la investidura el PP en el año 1996.
¿Los partidos políticos pequeños de ámbito nacional tienen menos representación que votos? Es verdad. Es cierto que I.U por ejemplo en las elecciones generales de 2008 obtuvo el 3,8% de los votos y el 0.57 % de los escaños, es decir, solo dos. Pero no es menos cierto que el sistema electoral permite que exista una gran pluralidad en nuestro Parlamento con porcentajes bajos de voto. Y que esta formación política con la misma ley electoral obtuvo en el pasado muchos más escaños.
La segunda pregunta, que tenemos que responder, es si a pesar del éxito de la ley electoral se precisa su reforma para corregir los desajustes que hay. La respuesta también es clara, sí es necesaria la reforma para mejorar la proporcionalidad y la cercanía a los ciudadanos, pero sin exageraciones, ni ocurrencias.
La reforma de la ley electoral tiene que suponer un avance en la participación democrática, porque en las democracias actuales no solo se trata de que el sufragio universal sea real y pueda participar en la elección el mayor número posible de ciudadanos, sino también hacer que el voto de cada persona tenga el mismo valor que el del resto de electores a la hora de traducir los votos en representación, es decir, en escaños.
Una vez que se plantea la reforma, ésta hay que acotarla. Aquí, las cuestiones principales vienen determinadas por: el cambio o no de la provincia como circunscripción electoral; mantener o reducir el número mínimo de dos escaños por circunscripción; aumentar o no el número de diputados del Congreso; la modificación del Senado; y la fórmula electoral y el sistema de voto.
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA COMO CIRCUNSCRIPCIÓN. Bajo la premisa de que a mayor magnitud de la circunscripción se produce una mayor proporcionalidad, con este cambio conseguiríamos este objetivo, es decir, mayor grado de proporcionalidad, fundamentalmente en Andalucía y Castilla León, ya que hay siete comunidades uniprovinciales y otras con dos o tres provincias. La pega es que para cambiar la circunscripción se precisa una reforma de la Constitución y, además, sus bondades se pueden conseguir con otras modificaciones de la ley sin reformas constitucionales.
REDUCIR EL NÚMERO MÍNIMO DE ESCAÑOS POR CIRCUNSCRIPCIÓN. El número mínimo de dos escaños introduce una gran desproporcionalidad en el sistema. Hasta el punto que el valor del voto de un ciudadano de una provincia con gran número de habitantes, como puede ser Madrid o Barcelona, es mucho menor que el de un ciudadano que tenga su residencia en las provincias con menor densidad de población. Este hecho hace que existan provincias que están sobrerrepresentadas (las de menor población) y otras que están infrarrepresentadas ( las de mayor población).
Como parece que no es bueno que se produzca esta disfunción, que llega a que el voto de un ciudadano de Soria tenga un valor de entre 40 o 47 veces mayor al de un madrileño o barcelonés dependiendo de las elecciones, lo adecuado para mejorar el sistema sería un escaño mínimo por provincia.
AUMENTAR EL NÚMERO DE DIPUTADOS. Con el objetivo de acercar más los representantes a sus representados y que el parlamento sea el fiel reflejo de lo que votan los electores, sería una medida positiva aumentar el número de diputados hasta los 400 como permite la Constitución. Este aumento, junto a la reducción del número mínimo de escaños por provincia aumentaría la proporcionalidad del sistema electoral.
REFORMA DEL SENADO. Para convertir el Senado en la cámara territorial que necesita España es preciso realizar, más pronto que tarde, una reforma del Senado que se centre en modificar la elección y selección de los senadores; y también en delimitar las funciones y tareas que debe desarrollar en la España actual.
LA FORMULA ELECTORAL Y EL SISTEMA DE VOTO. Con el aumento del número de diputados a 400 se puede optar por varias vías, la más fácil puede ser un sistema nacional de restos con una barrera, o establecer un sistema de voto con doble papeleta donde elijes, por una parte, a candidatos individuales y, por otra, a la lista del partido político. Todo ello, sin desdeñar las posibilidades de la formula Sainte- Lagüe primitiva o mejorada.
Hay otras reformas del sistema electoral que se pueden hacer. Pero como decía al principio, las reformas de la ley deben realizarse con prudencia, por consenso y, en ocasiones, paulatinamente.
Estos cambios proporcionarán mayor confianza a los ciudadanos en la democracia. Y traerán, como otra de sus consecuencias, la necesidad de repensar la igualdad de oportunidades entre los distintos candidatos y partidos, y la exigencia de modificar el trabajo de los grupos parlamentarios dando más libertad a los diputados. En lo primero, el Estado debe garantizar cierta igualdad limitando el gasto electoral y cediendo recursos propagandísticos de difusión a los candidatos, para que todos tengan un mínimo de posibilidades. En lo segundo, esta exigencia traerá aparejada cambios en el funcionamiento interno de los partidos políticos.