8 de febrero de 2011, 3:41
nuevatribuna.es | 04.02.2011
Es decir, privatizado. Sustituir el sistema actual de reparto, en el que el trabajador de ahora paga la jubilación de los pensionistas actuales, por un sistema de capitalización, en el que cada cual se paga su pensión futura, metiendo el dinero en bolsa, en un Fondo de inversión, en un Plan de Pensiones, con lo cual terminas cobrando lo que la bolsa te permite. Y otros muchos terminan en una pensión de beneficencia. Eso sí, dejando mucho dinero y beneficio en el “mercado”. Es decir en los bolsillos de los mercaderes.
El trabajo cambia. Nuestra vida cambia. La sociedad cambia. Cambia el empleo, la esperanza de vida.
Por eso el sistema público de pensiones tiene que analizarse, evaluarse y revisarse de forma continua y permanente, entre otras cosas porque habrá que pagar más pensiones, durante más tiempo y, a ser posible, con cuantías más dignas, especialmente las más bajas.
Desde 1995, cuando se inició la negociación del Pacto de Toledo, con un Gobierno socialista y que culminó en 1996, con un Gobierno del Partido Popular, se han producido las reformas del 1996, del 2001 y del 2006, que han permitido pagar más pensiones, con mejores cuantías, con una salud financiera incuestionable del sistema, que genera superávit incluso en tiempos de crisis, y creando un Fondo de Reserva de más de 64.000 millones de euros.
El sistema público de pensiones goza de buena salud en España gracias al acuerdo, al consenso político y social y a las reformas ajustadas y equilibradas que se han ido produciendo.
La salud del sistema, sin embargo, no debe impedir que veamos los riesgos de futuro en el medio y largo plazo. Afrontar estos riesgos es la mejor garantía de que se cortan las vías y la ofensiva permanente de quienes quisieran ver los cuantiosos recursos de las pensiones en manos de los mercados, es decir de los bancos, aseguradoras y fondos de inversión. Además toca revisar el Pacto de Toledo y, aunque no es el mejor momento, hay momentos que no podemos sortear.
La demografía no es el único argumento, pero hay que tomarla en cuenta y allá por mediados de la década 2030-2040, tendremos 15 millones de pensionistas, que cobrarán una pensión durante 18 años de media. Además serán pensiones más altas, como es lógico. Ahora la media de las nuevas pensiones en el Régimen General es de 1.404 euros/mes, frente a la media de 1.106 euros/mes de las bajas que se producen.
La cuantía de las pensiones crece cada año un 2,2 por ciento por encima de la inflación, en tanto que la cuantía de las bases de cotización crece anualmente un 0,6 por ciento por encima de la inflación en el Régimen General.
Así las cosas, reformar el sistema de pensiones es necesario, pero será inútil si no mejoramos el empleo, o si no adoptamos políticas que permitan fomentar y aumentar la natalidad, al tiempo que enriquecemos la negociación colectiva.
Sin embargo el Gobierno condicionado por la presión de “los mercados”, pretendía evitar actuar sobre otros parámetros que no fueran recortar los gastos en pensiones y además hacerlo con rapidez acelerando los tiempos de aplicación.
Cambiar esa lógica, produciendo una reforma gradual en el tiempo, reduciendo los efectos negativos sobre la clase trabajadora y repartiendo el esfuerzo entre todas las generaciones ha sido resultado de la combinación de la presión y la negociación. La jubilación a los 67 no será ni obligatoria, ni generalizada.
Francisco Javier López Martín | Secretario General de CCOO de Madrid