Alfredo Pérez Rubalcaba ha venido a decir que endeudarse no es de izquierdas. ¡Claro! ¿Qué por qué? Por varias razones, como que
- hace pagar a todos por igual (sin distinguir su nivel de renta o patrimonio) los costes que genera, teniendo un carácter nítidamente regresivo;
- hipoteca la capacidad de decisión de los que vendrán más tarde, compelidos a pagar lo comprometido por quienes les precedieron adoptando decisiones que les obligan sin haber tenido en ellas ni arte ni parte;
- hace depender de la voluntad de sus compradores (si la adquieren o no y a qué precio) la capacidad del estado para afrontar gastos esenciales, como los derivados del modelo del bienestar o del funcionariado;
- compradores que, por lo tanto, sin haber sido elegidos por nadie en las urnas e incluso sin ser nacionales del estado o comunidad política de que se hable, limitan o distorsionan la soberanía de la misma y su capacidad de decisión;
- desvía la búsqueda de ingresos del estado vía impuestos (algo progresivo) hacia un camino, como hemos dicho antes, regresivo.
La deuda solo puede ser considerada como un instrumento extraordinario para financiar al estado y permitirle cumplir con sus funciones. Lo contrario, lo que sucede hoy –la deuda como el pan nuestro de cada día- solo se explica y “justifica” por los gastos extraordinarios generados por la crisis en 2008 y 2009 y la caída de ingresos que la misma ha conllevado.
Por eso es correcto plantearse disminuir la deuda y el déficit públicos, situando ambas variables en niveles gestionables.
Niveles, no lo olvidemos, ya establecidos una vez en su día por la UE (Pacto de Estabilidad y Crecimiento que permitió la creación del euro) y que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico en virtud del artículo 93 de nuestra Constitución, que reconoce la prevalencia del derecho europeo, explicitado, en este caso, en el artículo 126 y en el Protocolo 12 del Tratado de Funcionamiento de la UE.
Partiendo de esas premisas, la reforma de la Constitución promovida por el PSOE y el PP, una vez aceptada por las Cortes Generales, abrirá un interesante doble debate, que es el que realmente debería ocupar a las izquierdas y las derechas políticas y sociales:
- ¿cómo van a equilibrarse las cuentas públicas: reduciendo gastos sociales o aumentando la progresividad impositiva? Nunca más oportuno este interrogante, cuando los programas de los partidos políticos deben proponer al electorado aumentar la progresividad fiscal para que pague más quien más tiene (en IRPF, recuperación del Impuesto sobre el Patrimonio, reforma del Impuesto de Sociedades, eliminación de desgravaciones excesivas en todos los casos) o no.
- si se marcha por la senda de la constitucionalización de techo de déficit de los estados de la zona euro, debe plantearse una contrapartida clara: caminar hacia un gobierno económico federal de la UE que contemple la emisión de eurobonos, la creación de un Tesoro comunitario y la armonización fiscal, entre otras medidas.
Todos nos sabemos el famoso proverbio chino que dice (cambio una palabra que me parece demasiado fuerte) “cuando el dedo señala la Luna, el despistado mira al dedo”.
En la discusión sobre la reforma constitucional, hay una coyuntura (facilitar que el BCE no se encuentre con vetos insalvables para comprar deuda española si es menester, frente a los especuladores, como se ha hecho en agosto) y una estructura: en esta se sitúa pasar a la ofensiva aprovechando el cambio de la Carta Magna para avanzar decididamente en la lucha por una mayor justicia fiscal (y redistributiva, a fin de cuentas) y por una Europa federal con las que mantener el estado del bienestar.
Porque quien puede cargarse el estado del bienestar no es la reforma constitucional, sino la insostenible situación de deuda pública por la que atravesamos.
Así que, para mí, la ecuación es clara: reforma constitucional debería ser igual a más progresividad fiscal y Europa federal. Si es la que la izquierda quiere marchar por ese camino.
Por cierto, temas planteados hace ya un mes –antes de todo este debate- por el documento para la Conferencia Política del PSOE encabezado por Diego López Garrido, suscrito, entre otros, por el autor de este artículo, y publicado por Nueva Tribuna.