Reforma constitucional: involución social
La reforma constitucional, compartida en España por el partido socialista y el partido popular, es el último eslabón -por ahora y tras la reforma regresiva de la negociación colectiva-, de la política conservadora y neoliberal dominante en la UE y los Estados miembros. Su objetivo es restringir el déficit público y la deuda pública, contentar a los mercados financieros y condicionar mayores recortes sociales por las nuevas dificultades de financiación. Y se ejecuta en pleno verano, sin debate público ni consulta ciudadana en referéndum.
Según esa nueva norma fundamental, la prioridad absoluta del gasto público sería pagar las deudas del Estado a los acreedores financieros. Las prestaciones públicas y los derechos sociales dejarían ya de tener un carácter subjetivo y universal y estarían sometidos a los criterios de estabilidad presupuestaria asumidos en la norma constitucional y determinados, en cada momento, por la mayoría parlamentaria de turno. Ello sin garantizar una presión fiscal necesaria para asegurar la suficiencia financiera del Estado de bienestar y la sostenibilidad de las políticas sociales.
Es una decisión que perjudica especialmente a países como España, con una presión fiscal inferior a la media europea, un Estado de bienestar más débil e importantes necesidades de apoyo público para impulsar la modernización económica, la reactivación de la economía y el desarrollo de la educación y los servicios públicos.
Se profundiza la reestructuración regresiva el Estado de bienestar, se recorta el modelo social europeo poniendo por encima los intereses de los mercados financieros y una redistribución regresiva de la riqueza. Se constitucionaliza el paradigma neoliberal frente a las garantías de la seguridad y el bienestar sociales de la sociedad. Además, se acompaña con medidas de ampliación de la temporalidad y la precariedad en el empleo.
A corto y medio plazo, incluido todo el año 2012, no existen indicios de reactivación económica significativa; todavía estaremos, probablemente, en medio de la crisis económica y de empleo. Incluso se puede ampliar la dimensión y la gravedad de los problemas sociales, particularmente la prolongación del paro masivo, nuevas políticas de recortes sociolaborales y medidas antisindicales con mayores presiones desde las derechas gobernantes, la propia UE y los mercados.
Han transcurrido ya cuatro años de crisis socioeconómica, desde finales del año 2007. Los dos primeros con un impacto demoledor en paro masivo, contracción económica y malestar social, seguidos de otros dos años de predominio de políticas de ajuste, particularmente en la UE, y el inicio de una contestación colectiva significativa.
La experiencia de estos casi dos años de descontento, incertidumbre y pugna social frente a la crisis ya ha demostrado un cambio social significativo: la existencia de un rechazo popular, una ciudadanía activa que no se deja someter al dictado de los poderosos y los mercados. El problema de credibilidad y legitimación social que tiene ese poder establecido condiciona, al menos, la amplitud, la profundidad y el ritmo de sus medidas impopulares.
La gravedad de la crisis, particularmente en los países periféricos como España, puede persistir, al menos, unos cuatro años más y sus efectos sociales y de empleo condicionar toda esta década. La reforma constitucional pretende poder un corsé a la ciudadanía para asegurar una salida liberal y conservadora a la crisis. Pero no todo está dicho en la pugna por una salida progresista y un modelo social avanzado. La respuesta sindical y ciudadana contra esta reforma constitucional y la exigencia de un referéndum, tal como han promovido los sindicatos y otros grupos ciudadanos, es un pulso necesario en ese camino para frenar la involución social y defender los derechos económicos y sociolaborales.