14 de abril de 2009, 8:43
NUEVATRIBUNA.ES - 26.3.2009
El acelerado aumento del desempleo en el último año y la precariedad y temporalidad laborales no sólo no corregidas, sino convertidas casi en un mal endémico del mercado de trabajo español, son las peores consecuencias de esta crisis económica sobre cuyo origen, y sobre las causas desencadenantes de la misma, parece haber un consenso generalizado, que no se extiende, por desgracia, a las medidas y soluciones a adoptar para una pronta salida de los problemas actuales.
Porque si hay acuerdo en los nocivos efectos sociales y laborales que está provocando la actual situación e igualmente en la imperiosa necesidad de una reactivación económica que ponga fin a las turbulencias del presente, no se pueden entender los posicionamientos y propuestas de las cúpulas empresariales ni tampoco la pasividad de algunas Administraciones públicas.
Las patronales, tanto la nacional como la madrileña, se obcecan en lanzar su mismo y repetido discurso de siempre sobre abaratamiento del despido, sobre la invención de nuevos tipos de contrato, por si no fuesen suficientes los numerosos ya existentes, y acerca de la búsqueda de fórmulas para tener cada vez más las manos libres para llevar a cabo despidos colectivos sin ningún tipo de justificación económica o productiva.
Todo ello si ya es rechazable en cualquier circunstancia, en momentos como el actual no haría otra cosa que agravar la crisis, pues impediría o retrasaría aquella reactivación sin la cual va a resultar prácticamente imposible normalizar la situación y volver a una senda de crecimiento y de progreso social. El fomento del consumo, y con él la recuperación de la confianza en todos los sectores económicos y sociales, es pieza básica de esa reactivación y de la consiguiente recuperación del pulso económico y productivo de nuestro país y de nuestra Comunidad.
Pero es cierto que con millones de personas sin trabajo o amenazadas de quedarse sin él, con una población laboral crecientemente precarizada, sin empleos de calidad y con bajos o insuficientes salarios, es muy difícil que no se retraiga el consumo y, por tanto, es muy factible que se pueda ir deteriorando la confianza, tal y como ya se está viendo en los índices oficiales que se van haciendo públicos en los últimos meses.
La detención de esta sangría del paro y el estímulo para la creación de un empleo estable, seguro, de calidad y con salarios dignos, es una prioridad, como no puede ser de otra manera, de UGT-Madrid y del movimiento sindical, una exigencia de justicia, máxime en esta hora de dificultades, pero a la vez son condiciones imprescindibles para poder salir de una situación que únicamente por medio de estas iniciativas encontrará el camino de la superación de las convulsiones actuales. Son estos unos condicionantes en los que se amalgama una preferente atención a los problemas de los trabajadores junto con esa reactivación productiva y económica que igualmente puede depender en gran medida de la capacidad que llegue a tener el conjunto de la ciudadanía para movilizar sus propios recursos.
Y es en este contexto, y ante estas perspectivas, donde adquiere toda su relevancia la actuación de las diferentes Administraciones públicas. Desde la Unión General de Trabajadores entendemos que es el momento del protagonismo de las políticas públicas como reactivadoras de la economía y donde, además, resulta urgente el incremento de las ayudas sociales que requieren los trabajadores y los ciudadanos más afectados por la crisis.
Por eso, llegados a este punto, no cabe, como decíamos, ninguna pasividad al respecto. Si en la Comunidad de Madrid se constituyeron a finales de enero pasado dos mesas de diálogo del Gobierno autonómico con la patronal y los sindicatos fue, justamente, para adoptar medidas en el sentido que acabamos de indicar y sin que se demoren en el tiempo, un tiempo del que no disponen los ciudadanos y, menos aún, los trabajadores madrileños que ya están en el paro, que se ven amenazados por el mismo o que sufren las inclemencias de la temporalidad y la precariedad laborales.
José Ricardo Martínez Castro es Secretario General de UGT-Madrid
El acelerado aumento del desempleo en el último año y la precariedad y temporalidad laborales no sólo no corregidas, sino convertidas casi en un mal endémico del mercado de trabajo español, son las peores consecuencias de esta crisis económica sobre cuyo origen, y sobre las causas desencadenantes de la misma, parece haber un consenso generalizado, que no se extiende, por desgracia, a las medidas y soluciones a adoptar para una pronta salida de los problemas actuales.
Porque si hay acuerdo en los nocivos efectos sociales y laborales que está provocando la actual situación e igualmente en la imperiosa necesidad de una reactivación económica que ponga fin a las turbulencias del presente, no se pueden entender los posicionamientos y propuestas de las cúpulas empresariales ni tampoco la pasividad de algunas Administraciones públicas.
Las patronales, tanto la nacional como la madrileña, se obcecan en lanzar su mismo y repetido discurso de siempre sobre abaratamiento del despido, sobre la invención de nuevos tipos de contrato, por si no fuesen suficientes los numerosos ya existentes, y acerca de la búsqueda de fórmulas para tener cada vez más las manos libres para llevar a cabo despidos colectivos sin ningún tipo de justificación económica o productiva.
Todo ello si ya es rechazable en cualquier circunstancia, en momentos como el actual no haría otra cosa que agravar la crisis, pues impediría o retrasaría aquella reactivación sin la cual va a resultar prácticamente imposible normalizar la situación y volver a una senda de crecimiento y de progreso social. El fomento del consumo, y con él la recuperación de la confianza en todos los sectores económicos y sociales, es pieza básica de esa reactivación y de la consiguiente recuperación del pulso económico y productivo de nuestro país y de nuestra Comunidad.
Pero es cierto que con millones de personas sin trabajo o amenazadas de quedarse sin él, con una población laboral crecientemente precarizada, sin empleos de calidad y con bajos o insuficientes salarios, es muy difícil que no se retraiga el consumo y, por tanto, es muy factible que se pueda ir deteriorando la confianza, tal y como ya se está viendo en los índices oficiales que se van haciendo públicos en los últimos meses.
La detención de esta sangría del paro y el estímulo para la creación de un empleo estable, seguro, de calidad y con salarios dignos, es una prioridad, como no puede ser de otra manera, de UGT-Madrid y del movimiento sindical, una exigencia de justicia, máxime en esta hora de dificultades, pero a la vez son condiciones imprescindibles para poder salir de una situación que únicamente por medio de estas iniciativas encontrará el camino de la superación de las convulsiones actuales. Son estos unos condicionantes en los que se amalgama una preferente atención a los problemas de los trabajadores junto con esa reactivación productiva y económica que igualmente puede depender en gran medida de la capacidad que llegue a tener el conjunto de la ciudadanía para movilizar sus propios recursos.
Y es en este contexto, y ante estas perspectivas, donde adquiere toda su relevancia la actuación de las diferentes Administraciones públicas. Desde la Unión General de Trabajadores entendemos que es el momento del protagonismo de las políticas públicas como reactivadoras de la economía y donde, además, resulta urgente el incremento de las ayudas sociales que requieren los trabajadores y los ciudadanos más afectados por la crisis.
Por eso, llegados a este punto, no cabe, como decíamos, ninguna pasividad al respecto. Si en la Comunidad de Madrid se constituyeron a finales de enero pasado dos mesas de diálogo del Gobierno autonómico con la patronal y los sindicatos fue, justamente, para adoptar medidas en el sentido que acabamos de indicar y sin que se demoren en el tiempo, un tiempo del que no disponen los ciudadanos y, menos aún, los trabajadores madrileños que ya están en el paro, que se ven amenazados por el mismo o que sufren las inclemencias de la temporalidad y la precariedad laborales.
José Ricardo Martínez Castro es Secretario General de UGT-Madrid