27 de enero de 2009, 7:00
No fue suficiente su contrato de inmigración, propuesto en elecciones generales, queriendo movilizar el voto con un discurso del miedo. Aquella vez fue derrotado, pero continuó en la antipedagogía llevando al Congreso de los Diputados de nuevo el contrato, que fue rechazado por todos los grupos políticos. Ahora lleva la inmigración a la agenda mediática asociando paro a inmigración.
Alarmarse porque los inmigrantes están cobrando el paro es desconocer que hablamos de personas con derechos, los mismos de cualquier trabajador en España. Lo que quiere decir Rajoy es aquello tan básico en las teorías segregacionistas de "primero los españoles". Ese pensamiento riñe con el liberalismo que dice defender. Estamos ante el PP que acude a los sentimientos más mezquinos para buscar la confrontación y el voto del miedo.
Echar la culpa a los inmigrantes de que los trabajadores españoles van en busca de la vendimia francesa es desconocer que el salario mínimo en Francia asciende a más del doble del que se paga en España, hablamos de 1.254 euros mes, calculado sobre la base de 35 horas semanales, la hora a 8,27 euros. En Francia y España el número de trabajadores que ganan este salario crece, lo que quiere decir que el mínimo se va volviendo en máximo.
Rajoy debe reconocer que la política que propugna quiere hacer pagar la crisis a los trabajadores. Veladamente lo que propone es echar a los inmigrantes parados, quizás no lo dice tan claramente porque una medida así resultaría impopular y tendría una respuesta social. Tampoco recuerda Rajoy que el subsidio del paro en la agricultura tal vez ha creado la cultura de asumirlo como un sueldo, ¿entonces para qué? trabajar tan mal pagado.
Que los salarios sean bajos, tampoco es culpa de los inmigrantes. Debería acordarse de los años de gobierno del PP, donde la explotación laboral y la falta de inspecciones laborales nos llevó a contar con un millón de indocumentados, vinculados al mercado de trabajo sumergido en empresas de la construcción y en la agricultura, lo que posibilitó el gran crecimiento de la economía española.
Pero aquella situación era insostenible, porque a costa de la explotación y de no contribuir a las arcas del Estado, se producía ingente riqueza de la cual la sociedad sólo recibía la vergüenza de contar con trabajadores cuasi esclavos. La regularización del Gobierno socialista trajo, además de este reconocimiento, la normalización de un trabajo con contrato y la contribución monetaria al sistema de pensiones para que un millón de trabajadores ya jubilados cobren su pensión.
La política de inmigración del PSOE acogerá a los inmigrantes que pueda acoger en función de un contrato de trabajo y mantendrá que los que residen en España cuentan con las mismas leyes y los mismos derechos que los españoles al amparo de la Constitución, de la que derivan leyes, principios y valores.
El programa en materia de inmigración para los próximos cuatro años está fundado sobre dos principios garantes de la convivencia: la igualdad plena de derechos y deberes para todos quienes residen regularmente en España, nacionales y extranjeros; y la legalidad en el respeto al marco de convivencia del que nos hemos dotado. Se apuesta por una inmigración ordenada en un marco de legalidad. De las declaraciones de Rajoy, se deduce la nostalgia por el pasado. Un pasado ominoso, que nos envileció a todos como sociedad y que no queremos repetir, por eso entre otras cosas no ha ganado las elecciones.
Alarmarse porque los inmigrantes están cobrando el paro es desconocer que hablamos de personas con derechos, los mismos de cualquier trabajador en España. Lo que quiere decir Rajoy es aquello tan básico en las teorías segregacionistas de "primero los españoles". Ese pensamiento riñe con el liberalismo que dice defender. Estamos ante el PP que acude a los sentimientos más mezquinos para buscar la confrontación y el voto del miedo.
Echar la culpa a los inmigrantes de que los trabajadores españoles van en busca de la vendimia francesa es desconocer que el salario mínimo en Francia asciende a más del doble del que se paga en España, hablamos de 1.254 euros mes, calculado sobre la base de 35 horas semanales, la hora a 8,27 euros. En Francia y España el número de trabajadores que ganan este salario crece, lo que quiere decir que el mínimo se va volviendo en máximo.
Rajoy debe reconocer que la política que propugna quiere hacer pagar la crisis a los trabajadores. Veladamente lo que propone es echar a los inmigrantes parados, quizás no lo dice tan claramente porque una medida así resultaría impopular y tendría una respuesta social. Tampoco recuerda Rajoy que el subsidio del paro en la agricultura tal vez ha creado la cultura de asumirlo como un sueldo, ¿entonces para qué? trabajar tan mal pagado.
Que los salarios sean bajos, tampoco es culpa de los inmigrantes. Debería acordarse de los años de gobierno del PP, donde la explotación laboral y la falta de inspecciones laborales nos llevó a contar con un millón de indocumentados, vinculados al mercado de trabajo sumergido en empresas de la construcción y en la agricultura, lo que posibilitó el gran crecimiento de la economía española.
Pero aquella situación era insostenible, porque a costa de la explotación y de no contribuir a las arcas del Estado, se producía ingente riqueza de la cual la sociedad sólo recibía la vergüenza de contar con trabajadores cuasi esclavos. La regularización del Gobierno socialista trajo, además de este reconocimiento, la normalización de un trabajo con contrato y la contribución monetaria al sistema de pensiones para que un millón de trabajadores ya jubilados cobren su pensión.
La política de inmigración del PSOE acogerá a los inmigrantes que pueda acoger en función de un contrato de trabajo y mantendrá que los que residen en España cuentan con las mismas leyes y los mismos derechos que los españoles al amparo de la Constitución, de la que derivan leyes, principios y valores.
El programa en materia de inmigración para los próximos cuatro años está fundado sobre dos principios garantes de la convivencia: la igualdad plena de derechos y deberes para todos quienes residen regularmente en España, nacionales y extranjeros; y la legalidad en el respeto al marco de convivencia del que nos hemos dotado. Se apuesta por una inmigración ordenada en un marco de legalidad. De las declaraciones de Rajoy, se deduce la nostalgia por el pasado. Un pasado ominoso, que nos envileció a todos como sociedad y que no queremos repetir, por eso entre otras cosas no ha ganado las elecciones.
- Yolanda Villavicencio M. es Diputada Socialista de la Asamblea de Madrid.