La crisis ha acelerado en España la emergencia de un nuevo grupo social, haciéndolo mucho más visible en términos mediáticos, sociales y políticos, que me atrevo a denominar como “precariado ilustrado” (algunos autores anglosajones utilizan el término “precariado de cuello blanco”, aunque yo creo que el término “precariado ilustrado” lo define mejor).
No me estoy refiriendo al “precariado” en sentido amplio, un concepto que empezó a utilizar la sociología francesa a partir de los ochenta para definir a una nueva clase social compuesta por aquellas personas para las que la principal característica en su experiencia laboral es la discontinuidad en trabajos mal remunerados y, en general, de poca cualificación. Este continuo cambio de empresas y sectores de actividad les impide construir una identidad profesional, generando lo que R. Sennett denomina la “corrosión del carácter”. En todo caso, a mi modesto entender, la precariedad, o en términos más amplios la inseguridad laboral, no es algo nuevo en la relación entre los trabajadores y el mundo del trabajo. La regulación de las relaciones laborales, tras la implosión que en el mundo gremial supuso la revolución industrial, es algo relativamente reciente en los países desarrollados, fruto de las luchas sindicales y de las políticas progresistas dirigidas a desarrollar el Estado del Bienestar. Como nos recuerda Ken Loach en la magnífica película “El espíritu del 45”.
El “precariado ilustrado” se ha situado en un lugar central de los cambios sociales que estamos viviendo y, por tanto, su análisis resulta clave para entenderlos. En primer lugar hay que plantearse: ¿Qué define a este nuevo grupo social?, esto es, ¿Cuales son sus características diferenciales sobre otros grupos sociales ya existentes?
Una relación inestable y discontinua con sus empleadores es algo común a todo el “precariado”, por eso yo creo que al “precariado ilustrado” le define, añadido a lo anterior, lo que Guy Standing (El precariado, una nueva clase social; 2013) llama la “discordancia de estatus”. Eso es, personas que tienen un nivel de educación formal relativamente alto pero que se ven obligadas a aceptar empleos con un estatus o ingresos muy por debajo de los que considerarían acorde con su cualificación. Un ejemplo paradigmático, casi esperpéntico, de esa “discordancia de estatus” son los requerimientos de titulación que recientemente ha hecho una empresa para un puesto de trabajo que consiste en repartir bollos en Murcia a partir de las cuatro de la madrugada: “titulados en administración y dirección de empresas”.
Las consecuencias de esta “discordancia de estatus” es una notable frustración, e incluso resentimiento social, en muchas de estas personas. Tener esto en cuenta es muy importante para analizar los posibles comportamientos sociales y políticos del “precariado ilustrado”. A su juicio, ellos han cumplido con la sociedad, haciendo un notable esfuerzo en formarse y cualificarse y luego la sociedad les ha fallado (desde mi punto de vista este es un factor clave para comprender el seguimiento masivo que tuvieron las iniciales movilizaciones vinculadas al 15-M). Se podría resumir, más coloquialmente, con la frase con la que muchos hijos, licenciados y en paro o con contratos precarios, recriminan a sus progenitores: "Me has mentido. He estudiado, he hecho todo lo que me has dicho y no ha servido de nada.
Es cierto que el “precariado ilustrado” no solo está compuesto por jóvenes, también lo conforman inmigrantes, y trabajadores españoles de mayor edad que ha sido despedidos de sus empleos y cuya reinserción en el mercado de trabajo no se hace con el mismo nivel salarial y de reconocimiento profesional. Pero es muy relevante el hecho de que los jóvenes sean mayoritarios. Ya que supondrá que, en la medida que en nuestro país se produzca una lenta salida de la crisis (lo que mantendrá altas tasas de desempleo durante mucho tiempo), y que no se corrija la actual tendencia al deterioro de la legislación laboral y al debilitamiento de la posición de los representantes de los trabajadores en la negociación colectiva (lo que supondrá elevados volúmenes de empleo indecente), el “precariado ilustrado” se estabilice como un grupo social durante un largo periodo de tiempo, con características y demandas propias, que hay que empezar a analizar. La brecha que separa a este grupo social con las organizaciones políticas y sociales progresistas existentes (el reiterado “no nos representan”) muestra la incapacidad actual de estas de ofrecer una respuesta satisfactoria a sus aspiraciones.
En relación con las organizaciones sociales, y particularmente con los sindicatos, lo primero que hay que tener en cuenta es que su inserción en el mundo del trabajo no se produce solo a través del trabajo asalariado. Se mueven en un espacio fangoso en el que se suceden sin continuidad lógica el trabajo asalariado precario, el desempleo y el autoempleo, la mayor parte de las veces en actividades que no tienen nada que ver con su cualificación profesional, e incluso las iniciativas empresariales colectivas. Por tanto, tienen necesidades de acción sindical diferentes a las del trabajador asalariado tradicional. Lo más relevante para ellos no son sistemas de información y de defensa (incluso jurídica) de los derechos laborales regulados, sino en muchos casos información y ayuda en otras cuestiones muy prácticas (no vinculadas a una profesión u oficio concreto), más en sintonía con lo que es la asistencia sindical a trabajadores autónomos. Para integrar a parte importante de este colectivo no creo que sea suficiente, desde el mundo sindical, con reiterar la necesidad de una mayor regulación de las relaciones laborales. Ellos están en otro universo y hay que acercarse a él.
En este sentido, los sindicatos también deberíamos analizar qué modificaciones de la estructura organizativa son necesarias. La actual, basada en federaciones sectoriales de origen fordista, es absolutamente disfuncional para esos trabajadores, ya que no responde a su realidad laboral en permanente mutación. Tal vez una estructura organizativa especifica (de “Nuevas realidades laborales”), que analice exhaustivamente las necesidades de estos trabajadores y cómo puede cubrirlas el sindicato, podría ofrecerles un continuidad afiliativa. Sin una relación estable con el sindicato se incrementa el riesgo de que estos “precarios ilustrados”, sometidos a una profunda discontinuidad empresarial-sectorial, se instalen en una desmovilizadora anomia laboral u opten por estructuras organizativas propias diferenciadas del sindicalismo actual, como ha sido el caso de los sindicatos furita japoneses, o, en un ámbito más cercano, la organización en nuestro país de un sindicato propio de los técnicos de cine y televisión.
En el ámbito político hasta ahora se ha evidenciado una clara disfunción relacional entre los “precarios ilustrados” y los partidos tradicionales de la izquierda (PSOE, e IU en menor medida), el 15-M es el ejemplo más palmario. En algunos casos porqué para ellos representan el sistema que les ha engañado, y en otros porqué el discurso de estos partidos se sigue centrando básicamente en la defensa de los derechos de los trabajadores asalariados de un mercado de trabajo regulado. También hay que tener en cuenta que las anquilosadas estructuras internas de debate y de toma de decisiones de las organizaciones políticas “clásicas” no son el mejor mecanismo para integrar a personas que, además de una elevada cualificación formal para el mercado de trabajo, también tienen altos niveles de formación general y de iniciativa personal.
Estos partidos de izquierda deben hacer un notable esfuerzo por identificar e integrar las nuevas demandas sociales del “precariado ilustrado”, entre las que destacan como prioridades novedosas las relacionadas con la vivienda, la renta mínima de inserción y un decidido apoyo público a sus iniciativas de autoempleo.
En caso contrario es muy posible que una parte importante de estos jóvenes opten por una identificación creciente con otros partidos políticos existentes, pero menos identificados con el sistema (UPyD, nacionalistas-independentistas e incluso grupúsculos ultraderechistas), o por plataformas electorales autónomas, surgidas a partir del imaginario colectivo del 15-M, sobre las que hay grandes dudas de que sean capaces de obtener una representación institucional. De confirmarse esta última hipótesis la consecuencia más probable sería que muchos de ellos acelerarían su desconexión consciente del entramado institucional de nuestra democracia, con los riesgos que ello supone.
Nada está escrito, de la inteligencia colectiva de unas u otras organizaciones, y de sus líderes, dependerá que conformar una sólida mayoría social progresista, capaz de ofrecer alternativas a las suicidas políticas de austeridad y de generación de desigualdades de la derecha, sea una posibilidad cercana en el tiempo o se convierta en la maldición de Sísifo.