28 de octubre de 2010, 14:57
NUEVATRIBUNA.ES - 6.4.2010
...tendiendo a su asistencialización y dejando en una posición más indefensa a la mayoría de clases subordinadas, y, por otro lado, promover la individualización de la cobertura de los riesgos sociales y su fragmentación, salvando las mayores posibilidades de las capas acomodadas a través de mecanismos privados. Son objetivos políticos y socioeconómicos de los ‘poderosos’, de minorias privilegiadas que pretenden enmascararlos en opciones de apariencia técnica y de ‘neutralidad’ social, cuando perjudican a la mayoría de la población, a las clases populares. El futuro no está determinado por las variables demográficas o por la inevitabilidad de la subordinación a los intereses de los mercados financieros. El problema y la solución son, sobre todo, sociopolíticos y tienen una dimensión cultural y de afirmación democrática. Los retos europeos son, fundamentalmente, de constitución de fuerzas impulsoras del cambio económico y social, de renovación e impulso de la izquierda social.
Llegados hasta aquí, es pertinente hacerse varios interrogantes: ¿en el horizonte de las próximas décadas, no se van a modificar las bases del crecimiento económico, con un aparato productivo más eficiente y generador de más empleo de calidad? ¿No se va a abordar la superación de la dependencia y debilidad de la estructura económica de España, el relativo fracaso de su modernización comparado con los paises europeos centrales? ¿Estamos condenados a un modelo de empleo precario y barato, a una débil protección social, a un atrasado Estado de bienestar? ¿Las élites economicas y politicas van a mantener las mismas dinámicas económicas, predominantemente liberales, que no han servido para una mejor, eficiente y más justa modernización económica? En definitiva, ¿va a ser capaz la izquierda social de promover el avance hacia una democracia económica y social más avanzada, objetivo pendiente desde la transición política y que constituyó un reto –en la época de la huelga general del 14-D-1988, cuyo fantasma ha aparecido ahora- para impulsar un giro social de la politica socioecónomica dominante?.
La amplia oposición suscitada contra el recorte de las pensiones, encauzada y representada por los sindicatos, ha generado un conflicto significativo que ha expresado tendencias sociales profundas. Por un lado, una mayoría social que desea una mejor protección social, un empleo más seguro y de calidad, mejores servicios públicos, mayor igualdad, una economía más al servicio de la sociedad y no al revés. Para la mayoría de la población el problema principal es superar el paro y la incertidumbre socioeconómica actual, abriendo un camino de mayor bienestar y equidad. Por otro lado, los ‘poderosos’ que pretenden hacer recaer los costes de la crisis economica en las propias clases trabajadoras, en los sectores en paro y con desventajas sociales. Su pretexto es poner en primer plano la reducción del gasto público y social y las reformas laborales regresivas, intentando eludir sus responsabilidades –por acción u omisión reguladora- sobre la crisis económica. Este tema es indicativo de la pugna por la salida de la crisis, por cómo van a quedar los diferentes sectores socioeconómicos, los distintos agentes sociales, económicos y políticos.
Para neutralizar las dinámicas más regresivas sólo cabe la retirada de la propuesta sobre el recorte de las pensiones del Gobierno. Éste se ha quedado relativamente perplejo al no calcular la fuerte oposición popular y sindical que podía suscitar su giro liberal, su desentendimiento de ‘compromisos sociales’ significativos, sus nuevos planes de austeridad. Al mismo tiempo, no ha contado con la comprensión y apoyo de la derecha, con la que podría esperar formar un amplio consenso parlamentario con el que hacer frente al malestar social. Su error no ha sido de comunicación sino de infravalorar esos dos hechos y actuar con prepotencia. La opción gubernamental no es la vuelta atrás de las medidas sino aplazar su debate y aplicación en espera que la tempestad amaine y se diluya la oposición a las mismas. Podría ser otro error que contribuyese a hacerle perder las elecciones, al no ganar apoyo de sectores centristas y perderlo entre sus bases sociales de izquierda. La alternativa del PP, en esta ocasión, en la que comparte la posición de fondo de recortar el sistema público de pensiones y, en general, el gasto público social, ha sido dar prioridad a su objetivo politico central: dejar que el Gobierno se desgaste socialmente para ganar terreno electoral.
No obstante, aunque se aplace la decisión definitiva en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo y el Congreso de Diputados y se deje para después de las elecciones generales del año 2012, el riesgo de su aprobación posterior por mayoria parlamentaria es muy grande. Si gana el PP, el PSOE no tendría credibilidad para oponerse a las mismas medidas –o peores- cuando ahora ha sido suya la iniciativa. Si gana el PSOE, el objetivo politico inmediato para la derecha -conseguir el poder mediante esa estrategia- estaría en un segundo plano y el PP podría negociar e incorporarse al acuerdo, y la reforma podría apoyarse en la supuesta legitimidad electoral frente al actual clamor social en contra. La disociación entre la opinión popular y la de la mayoría parlamentaria no contribuiría, precisamente, a afianzar las instituciones democráticas y la credibilidad de las élites políticas. Por tanto, la salida necesaria a corto plazo es la retirada de la propuesta: evitar que el PSOE –con algún socio minoritario como CIU- la aplique ahora, antes del año 2012. Al mismo tiempo, se generan más dificultades para que pueda llevarse a cabo después, gane quien gane las elecciones generales próximas.
En resumen, el alcance y sentido del conflicto social contra este recorte de las pensiones, condicionado por los distintos equilibrios políticos y el modelo de relaciones laborales, va a ser relevante para establecer el camino por el que vamos a transitar la próxima legislatura (y lo que queda de ésta), el horizonte sociopolítico, el modelo social y laboral que la sociedad española, la izquierda social y el sindicalismo pueden construir en esta década. El futuro no está predeterminado, está en manos de la propia sociedad.
Antonio Antón - Profesor de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid.
...tendiendo a su asistencialización y dejando en una posición más indefensa a la mayoría de clases subordinadas, y, por otro lado, promover la individualización de la cobertura de los riesgos sociales y su fragmentación, salvando las mayores posibilidades de las capas acomodadas a través de mecanismos privados. Son objetivos políticos y socioeconómicos de los ‘poderosos’, de minorias privilegiadas que pretenden enmascararlos en opciones de apariencia técnica y de ‘neutralidad’ social, cuando perjudican a la mayoría de la población, a las clases populares. El futuro no está determinado por las variables demográficas o por la inevitabilidad de la subordinación a los intereses de los mercados financieros. El problema y la solución son, sobre todo, sociopolíticos y tienen una dimensión cultural y de afirmación democrática. Los retos europeos son, fundamentalmente, de constitución de fuerzas impulsoras del cambio económico y social, de renovación e impulso de la izquierda social.
Llegados hasta aquí, es pertinente hacerse varios interrogantes: ¿en el horizonte de las próximas décadas, no se van a modificar las bases del crecimiento económico, con un aparato productivo más eficiente y generador de más empleo de calidad? ¿No se va a abordar la superación de la dependencia y debilidad de la estructura económica de España, el relativo fracaso de su modernización comparado con los paises europeos centrales? ¿Estamos condenados a un modelo de empleo precario y barato, a una débil protección social, a un atrasado Estado de bienestar? ¿Las élites economicas y politicas van a mantener las mismas dinámicas económicas, predominantemente liberales, que no han servido para una mejor, eficiente y más justa modernización económica? En definitiva, ¿va a ser capaz la izquierda social de promover el avance hacia una democracia económica y social más avanzada, objetivo pendiente desde la transición política y que constituyó un reto –en la época de la huelga general del 14-D-1988, cuyo fantasma ha aparecido ahora- para impulsar un giro social de la politica socioecónomica dominante?.
La amplia oposición suscitada contra el recorte de las pensiones, encauzada y representada por los sindicatos, ha generado un conflicto significativo que ha expresado tendencias sociales profundas. Por un lado, una mayoría social que desea una mejor protección social, un empleo más seguro y de calidad, mejores servicios públicos, mayor igualdad, una economía más al servicio de la sociedad y no al revés. Para la mayoría de la población el problema principal es superar el paro y la incertidumbre socioeconómica actual, abriendo un camino de mayor bienestar y equidad. Por otro lado, los ‘poderosos’ que pretenden hacer recaer los costes de la crisis economica en las propias clases trabajadoras, en los sectores en paro y con desventajas sociales. Su pretexto es poner en primer plano la reducción del gasto público y social y las reformas laborales regresivas, intentando eludir sus responsabilidades –por acción u omisión reguladora- sobre la crisis económica. Este tema es indicativo de la pugna por la salida de la crisis, por cómo van a quedar los diferentes sectores socioeconómicos, los distintos agentes sociales, económicos y políticos.
Para neutralizar las dinámicas más regresivas sólo cabe la retirada de la propuesta sobre el recorte de las pensiones del Gobierno. Éste se ha quedado relativamente perplejo al no calcular la fuerte oposición popular y sindical que podía suscitar su giro liberal, su desentendimiento de ‘compromisos sociales’ significativos, sus nuevos planes de austeridad. Al mismo tiempo, no ha contado con la comprensión y apoyo de la derecha, con la que podría esperar formar un amplio consenso parlamentario con el que hacer frente al malestar social. Su error no ha sido de comunicación sino de infravalorar esos dos hechos y actuar con prepotencia. La opción gubernamental no es la vuelta atrás de las medidas sino aplazar su debate y aplicación en espera que la tempestad amaine y se diluya la oposición a las mismas. Podría ser otro error que contribuyese a hacerle perder las elecciones, al no ganar apoyo de sectores centristas y perderlo entre sus bases sociales de izquierda. La alternativa del PP, en esta ocasión, en la que comparte la posición de fondo de recortar el sistema público de pensiones y, en general, el gasto público social, ha sido dar prioridad a su objetivo politico central: dejar que el Gobierno se desgaste socialmente para ganar terreno electoral.
No obstante, aunque se aplace la decisión definitiva en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo y el Congreso de Diputados y se deje para después de las elecciones generales del año 2012, el riesgo de su aprobación posterior por mayoria parlamentaria es muy grande. Si gana el PP, el PSOE no tendría credibilidad para oponerse a las mismas medidas –o peores- cuando ahora ha sido suya la iniciativa. Si gana el PSOE, el objetivo politico inmediato para la derecha -conseguir el poder mediante esa estrategia- estaría en un segundo plano y el PP podría negociar e incorporarse al acuerdo, y la reforma podría apoyarse en la supuesta legitimidad electoral frente al actual clamor social en contra. La disociación entre la opinión popular y la de la mayoría parlamentaria no contribuiría, precisamente, a afianzar las instituciones democráticas y la credibilidad de las élites políticas. Por tanto, la salida necesaria a corto plazo es la retirada de la propuesta: evitar que el PSOE –con algún socio minoritario como CIU- la aplique ahora, antes del año 2012. Al mismo tiempo, se generan más dificultades para que pueda llevarse a cabo después, gane quien gane las elecciones generales próximas.
En resumen, el alcance y sentido del conflicto social contra este recorte de las pensiones, condicionado por los distintos equilibrios políticos y el modelo de relaciones laborales, va a ser relevante para establecer el camino por el que vamos a transitar la próxima legislatura (y lo que queda de ésta), el horizonte sociopolítico, el modelo social y laboral que la sociedad española, la izquierda social y el sindicalismo pueden construir en esta década. El futuro no está predeterminado, está en manos de la propia sociedad.
Antonio Antón - Profesor de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid.