Las elecciones europeas del 25 de mayo han confirmado el hartazgo de la mayoría de los ciudadanos, como consecuencia de las políticas de austeridad llevadas a cabo por el Gobierno Rajoy y, en concreto, por el escandaloso desempleo y los consiguientes recortes de los salarios, de la protección social y de los servicios públicos y sociales. Estas políticas han terminado por generar un considerable aumento de las desigualdades y de la pobreza, como no se conocía desde hace muchísimos años en nuestro país, con el agravante de que han estado conviviendo con casos extremos de corrupción y de financiación ilegal del partido en el gobierno, con total impunidad.
El fuerte rechazo de la ciudadanía a estas políticas se ha reflejado en una enorme abstención y ha alcanzado de lleno al PP y al Gobierno, a pesar de que los medios de comunicación afines no estén reflejando su debacle electoral (pierde cuatro millones de votos, lo que representa una caída de 18,5 puntos sobre las elecciones del año 2011) y de que nadie se haya hecho responsable de los negativos resultados del PP que, todo indica, pueden empeorar en las próximas elecciones municipales - y en algunas CCAA- a celebrar en el año 2015.
Lógicamente, una buena parte de los votos perdidos del PP se han desplazado a la izquierda (que ha conseguido el 70% de los votos); sin embargo, no se ha beneficiado de ello el principal partido de la oposición. Por el contrario, el PSOE ha retrocedido casi seis puntos sobre las elecciones del 2011, lo que ha contribuido a que se desplome el llamadobipartidismo (por primera vez no alcanza el 50% de los votos), al que se le acusa de no oponerse frontalmente a las políticas neoliberales e, incluso, de aplicarlas en nuestro país, a pesar de las diferencias notables que existen entre el PP y el PSOE.
Además de soportar un duro revés electoral, el PSOE está sufriendo las consecuencias de una lamentable crisis interna, agravada por la gestión relacionada con la renuncia de Rubalcaba a la secretaría general del partido y la convocatoria de un congreso extraordinario, después de haber asumido, con todas las consecuencias, la responsabilidad de los resultados electorales. En la actual situación, dirigentes destacados del partido se afanan en hacer declaraciones a los medios de comunicación, con el propósito de trasladar opiniones diversas -cuando no antagónicas- sobre la solución de los problemas, como si eso no fuera posible debatirlo en los órganos de dirección correspondientes del partido, con el agravante de que se está polemizando sobre el procedimiento a seguir -lo que no interesa nada a los ciudadanos- y no sobre el diagnóstico de lo que viene ocurriendo desde hace años atrás.
Todo parece indicar que se han resuelto las limitaciones estatutarias y que, por lo tanto, los afiliados podrán participar en la elección del futuro secretario general que, por sentido común, debería tener dedicación exclusiva, evitando con ellola acumulación de cargos, el cesarismo y un control desmedido del aparato del partido, en coherencia con las críticas que se han venido haciendo a la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, ejemplo supremo de acumulación de cargos en la vida pública española. También se ha confirmado que se van a convocar las anunciadas primarias -en este caso con la participación de los afiliados y simpatizantes-, a pesar de que van a estar muy marcadas por la elección del nuevo secretario general, como algunos han denunciado; simplemente porque será muy difícil que en unas primarias se vote a una persona distinta al secretario general elegido en un congreso abierto celebrado meses antes.
En cualquier caso, la participación de los afiliados en la elección del secretario general está siendo valorada muy positivamente; no obstante, no podemos ignorar que la elección de los responsables del partido y de los candidatos a unas elecciones no garantizan por si solas el cambio de las políticas que viene desarrollando el partido. En este sentido, debemos recordar el fallido congreso del PSOE celebrado en Sevilla, en el año 2012, y las primarias del Partido Socialista Francés (con la participación de afiliados y simpatizantes), para llegar a la conclusión de que estos procesos no son la solución definitiva de los problemas actuales, si nos atenemos a los resultados obtenidos por el PSOE y por el Partido Socialista Francés en las últimas elecciones europeas.
El principal problema del PSOE es la falta de credibilidad, la desconfianza que genera en los ciudadanos y su alejamiento de la realidad social. También son preocupantes sus fuertes carencias organizativas a todos los niveles, así como las dificultades para diferenciarse de la derecha política en tiempos de crisis. La ciudadanía ha venido exigiendo un reconocimiento rotundo y contundente de los errores cometidos en la última etapa del anterior Gobierno socialista (Zapatero), cosa que no se ha producido de manera suficiente a juicio de muchos ciudadanos. Por otra parte, los ciudadanos no tienen ninguna garantía de que, si se vuelve a gobernar, no se van a cometer los mismos errores: secundar los intereses de los acreedores financieros, como ha venido exigiendo Merkel, al margen de la dirección del partido, de la democracia partidaria y de los compromisos programáticos contraídos con los ciudadanos. Por eso, los ciudadanos exigen que se cuente -para representar al partido- con personas no comprometidas con el anterior Gobierno socialista.
No será fácil resolver estos problemas. En todo caso, hay que reflexionar sobre dos apartados muy definidos: el modelo de partido y la ideología y contenidos de las políticas a proponer a la ciudadanía para salir de la crisis y avanzar en la creación de empleo, en el fortalecimiento de las políticas sociales y de los servicios públicos básicos, que tienen relación con el llamado Estado de Bienestar Social.
El PSOE tiene urgentemente que abordar una profunda renovación de la estructura partidaria, dando por hecho que esta tarea resulta ardua y no garantiza logros a corto plazo; sin embargo, resulta imprescindible para un partido de izquierda y será muy beneficioso a medio y largo plazo. En este sentido, hay que garantizar de manera radical la democracia interna a todos los niveles de la organización, respetar a las minorías y revitalizar el funcionamiento de las diversas agrupaciones del partido, como requisito imprescindible para ser eficaces y fomentar la participación militante de los afiliados y el debate sobre las ideas. Ello ayudará a fortalecer la cultura de la participación de los afiliados en el tejido social: sindicatos, redes sociales, Mareas, ONG y en las diversas organizaciones ciudadanas, lo que resulta básico para un partido de izquierdas.
En relación con la propuesta programática, el PSOE debe encabezar el combate contra el desempleo, la desigualdad y la pobreza, como fundamento de su proyecto político. Sin embargo, esta declaración de principios debe concretarse aún más para que llegue a los ciudadanos. En este sentido, el PSOE debe actuar con valentía dejando claras las políticas que piensa desarrollar en un hipotético Gobierno socialista. Es preciso eliminar el artículo 135 de nuestra Constitución (aprobado con los votos del PP y PSOE) y, por lo tanto, anteponer los intereses básicos de los ciudadanos (sobre todo los relacionados con el desempleo de los jóvenes y con los parados de larga duración) a la reducción del déficit y al pago de la deuda; derogar la nefasta reforma laboral; aumentar la cuantía de la financiación de los servicios públicos (sanidad y educación); exigir al sistema financiero (rescatado con dinero público) que facilite créditos a familias y empresas; implantar una renta básica garantizada para los que no tengan ningún tipo de ingresos; eliminar los desahucios; resolver el problema de las preferentes; recuperar la empresa pública en sectores estratégicos (sector financiero, energético, telecomunicaciones…); y abordar una política fiscal más justa que tenga como prioridad la lucha contra los paraísos fiscales, la evasión de capitales y el fraude fiscal (entre otras medidas, se debe aumentar el número de inspectores de la Hacienda Pública y, en particular, perseguir el tremendo fraude que se produce en las grandes empresas en el impuesto de sociedades). De la misma manera se debe aplicar ya el impuesto a las transferencias financieras y, en todo caso, garantizar que paguen más los que más tienen, apostando por los impuestos directos y no por los (regresivos) impuestos indirectos, simplemente porque afectan a todos por igual independientemente de su nivel de renta.
Estas medidas se tienen que defender con valentía en el ámbito de la Unión Europea y deben reflejar el compromiso prioritario del PSOE en la defensa a ultranza de los más desfavorecidos por la crisis; si es posible de acuerdo y en colaboración con los partidos socialdemócratas europeos. Esta política resulta más necesaria que nunca porque la Unión Europea, el BCE y el FMI van a seguir exigiendo nuevas políticas de austeridad (nuevos recortes) en salarios, en el costo del despido, en la protección social (pensiones y desempleo) y en los servicios públicos, con el propósito de seguir reduciendo el déficit y pagar la deuda pública que se sitúa en torno al 100% del PIB.
En coherencia con ello, el FMI ha hecho unas recomendaciones de marcado carácter ideológico, el pasado 27 de mayo en Madrid, encaminadas a subir el IVA general y el IVA reducido de algunos productos del 10% al 21%; aumentar los impuestos especiales y medioambientales; reducir el impuesto (a las empresas) de sociedades, como pretende el Gobierno; dar otra vuelta de tuerca a la reforma laboral; facilitar a las empresas que puedan reducir aún más los salarios en la negociación colectiva; y reducir las cotizaciones de los empresarios a la seguridad social.
En definitiva, se propone nuevamente que las transferencias de rentas del trabajo al capital soporten una nueva devaluación interna que, de llevarse a cabo, agravarían considerablemente el desempleo y la dramática situación social de los más débiles, además de resultar contraproducente para el consumo interno y la actividad económica y, por lo tanto, para reducir el déficit y pagar la deuda pública.
Debemos recordar que, según los datos recogidos por UGT de la Encuesta de Condiciones de Vida, en 2013, el ingreso medio anual por hogar se situó en 26.775 euros, disminuyendo el 3,5% respecto al año anterior; el 16,9% de los hogares españoles manifiesta llegar a fines de mes con muchas dificultades; el 41% de los hogares no tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos; y el 45,8% no se puede permitir ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año.
Esta situación no admite paños calientes. Por lo tanto, no es de recibo la provocativa y obscena publicidad sobre la recuperación económica que se viene haciendo desde el Gobierno, sin ningún fundamento. Por eso, la oposición, encabezada por el PSOE, debe presentar alternativas a las políticas de austeridad, claramente diferenciadas de las políticas de ajuste neoliberales que está aplicando el Gobierno.
En todo caso, la tarea principal que debe desarrollar el PSOE, una vez resuelta su crisis de liderazgo y haber decidido reformar su modelo de partido, así como perfilado su proyecto político para el futuro, es generar ilusión en los jóvenes y recuperar la esperanza de los que sufren encadenados a la pobreza, comenzando por liderar la regeneración democrática y eliminar la corrupción… Muchos militantes de base y muchos ciudadanos desencantados están a la espera de que lo consiga.