Inmediatamente después de presentar las líneas maestras de su propuesta de Reforma Constitucional, el Secretario General del PSOE aceptó renunciar al eco de su foto de grupo con los dirigentes territoriales para sustituirla por la imagen de un encuentro con el Presidente del Gobierno en el Palacio de la Moncloa. Una decisión correcta. La reunión, tras la cual se emitió un corto comunicado, transmitió la idea de que los dos grandes partidos nacionales habían aparcado sus diferencias de método a la hora de solventar la crisis de relación entre Cataluña y el Estado, impelidos por la urgencia de dar una respuesta de unidad ante el acelerón del proceso independentista que cuestiona ya, abiertamente, el respeto a las normas constitucionales y las leyes de obligado cumplimiento en todo el territorio nacional.
La realidad política española, marcada por una campaña electoral en la que se mide cualquier gesto en términos de unas hipotéticas rentabilidades en las urnas, no debe impedir que en cuestiones que afectan a los grandes principios de organización del Estado impere el buen sentido del dialogo y se subrayen los puntos de coincidencia, aunque se exija, simultáneamente, una capacidad de influir en la elaboración del discurso final y en las propuestas e iniciativas que corresponda adoptar presentar al actual Gobierno. No se trata de un acto de generosidad sino de la lógica asunción de una pluralidad de ideas existentes que, sumadas, enriquecen el diagnóstico y refuerzan la aplicación de las recetas consensuadas.
Poco ha trascendido de la conversación entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez. Es de suponer que será ahora, en diálogos discretos, cuando se perfilen los detalles. A ese trabajo va a unirse, por expresa voluntad de los dos principales interlocutores con representación parlamentaria, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, en su condición de dirigente de un partido que lidera la oposición en el Parlamento de Cataluña, pero también -seamos realistas- porque aparece ya como una fuerza de peso en el futuro del Parlamento Español. Y porque sus ideas antinacionalistas no harán muy dificultoso cualquier acuerdo.
La presidenta de la Junta Andalucía fue una de las primeras voces en reclamar a Mariano Rajoy una convocatoria de urgencia en La Moncloa para dar respuesta a la “provocación” emanada de los grupos independentistas catalanes. Susana Díaz no hacía exclusiones, pensaba que deberían estar presentes todos los partidos políticos. Hasta el momento, no parece que la voluntad del Presidente del Gobierno sea incorporar a aquellos grupos, como Podemos o la coalición que encabeza Alberto Garzón, que aún manifestándose inequívocamente en contra del secesionismo catalán apuntan la conveniencia de apoyar el llamado “derecho a decidir” y la articulación constitucional de un referéndum. La estrategia de asegurar un mensaje compartido sin excesivos escollos de elaboración por los tres partidos -PP, PSOE y C´s- que pueden articular un futuro Gobierno a partir del 20 de diciembre, se presenta como muy tentadora, y es comprensible que cuente con abundantes respaldos. Cabe una objeción: que se interprete como el germen de un acuerdo de más largo alcance y estimule y alimente la idea de una exclusión de las fuerzas de la izquierda, que ejercen ya responsabilidades de gobierno locales y autonómicas, con especial incidencia en territorios donde el nacionalismo -Valencia, Galicia, Navarra…- observa muy atentamente el proceso catalán.
Mejor, sumar. Es tiempo de prudencia, pero es también tiempo de firmeza en las convicciones. La coincidencia en que la Ley ha de imperar en cualquier caso, no puede ocultar que sigue siendo necesario buscar soluciones políticas de gran calado. La reforma de la Constitución, con todas las líneas rojas que se quieran, habrá de abordarse más pronto que tarde. Y en esos debates, si se pretende lograr un consenso similar al que consiguió la vigente norma constitucional, tendrán que estar presentes todos. Como en la respuesta de hoy al desafío independentista.