lunes 26/10/20

Por una democracia participativa | I

La expresidenta madrileña Esperanza Aguirre dijo en una ocasión, al inicio de la eclosión del 15M, que la democracia no tenía adjetivos, dando a entender que incluso era peligroso adjetivarla.

La expresidenta madrileña Esperanza Aguirre dijo en una ocasión, al inicio de la eclosión del 15M, que la democracia no tenía adjetivos, dando a entender que incluso era peligroso adjetivarla. Aquella declaración, una más en su larga lista de ocurrencias, parecía evidenciar que la otrora lideresa había hecho novillos, en sus tiempos de universitaria, en algunas clases de Derecho Político o, al menos, que con algunos temas no había aplicado bien los codos. Mal que le pese a Aguirre, la democracia, afortunadamente, tiene adjetivos, y los ha tenido especialmente desde su firme implantación liberal en el siglo XIX. Esa adjetivación de la democracia es, precisamente, lo que permite reconstruirla y perfeccionarla.

La mejora de la democracia representativa, que es la que tenemos, es una de las demandas permanentes del movimiento 15-M, secundada también por la Coordinadora 25-S, Rodea el Congreso, que este mes ha vuelto a convocar a los ciudadanos el 23 y el 27-O. Y también, por supuesto, es la demanda de otros partidos políticos y movimientos sociales, algunos con propuestas para avanzar hacia un régimen republicano y otros para avanzar hacia un nuevo proceso constituyente, reformando la norma suprema de 1978 o incluso promulgando una nueva Constitución.

Estas demandas no son solo legítimas sino necesarias, pues la solución neoliberal a la crisis económico-financiera en algunos países de Europa ha aflorado las debilidades de la democracia representativa en un contexto económico global dominado por las grandes corporaciones. Así, la actuación de los poderes representativos (gobiernos y parlamentos) al dictado de los intereses particulares de bancos y grandes empresas, respaldados por gobiernos ajenos, ha vulnerado el primer mandamiento del poder democrático cual es la actuación en defensa de los intereses generales de los gobernados y representados.

Por lo tanto, la primera demanda y la más importante debería ser la introducción en las democracias representativas de instrumentos jurídico-políticos para una mayor transparencia y un mejor y más amplio control de los poderes representativos, al margen de las reformas que sería necesario introducir en la regulación financiera para que esta “estafa” que algunos llaman “crisis” no volviera a repetirse. Y, sobre todo, para que el sector financiero no volviera a condicionar la voluntad política general representada en los gobiernos y parlamentos.

Mejorar la transparencia y ampliar el control de los poderes representativos es lo que muchos llamamos “democracia participativa”. Algunos la ensalzan porque la identifican con la democracia directa y otros la desprecian porque también la confunden con ella. Yo entiendo la democracia participativa como una democracia representativa más amplia que la actual, es decir, con mayor y mejor participación de los gobernados y representados en la actuación política de sus gobernantes y representantes. La democracia participativa debe llegar a través del convencimiento de nuestros representantes o a través de la presión pacífica que logremos hacer sobre ellos, pues cualquier idea cabe dentro de un ordenamiento jurídico democrático, siempre que nuestros representantes decidan que cabe.

Si queremos construir una democracia participativa que, además, supere lastres del pasado, habría que convocar, como requisito previo, un referéndum con tres preguntas. La primera sería: “¿Qué forma de Jefatura del Estado quiere usted para España, monarquía o república? La segunda pregunta sería: “Si ha elegido república, ¿qué sistema de gobierno prefiere usted, parlamentario o presidencialista? Y la tercera pregunta sería: “Si ha elegido república, ¿qué forma territorial de Estado prefiere para España, autonómico o federal?”.

Una vez resuelto lo anterior, una de las primeras medidas urgentes e imprescindibles debería ser la reforma de la actual ley electoral (LOREG) para establecer una asignación de escaños más proporcional que la actual en las elecciones al Congreso de los Diputados, fueran éstas elecciones generales (en monarquía o república parlamentaria) o elecciones legislativas (en república presidencialista). Para ello habría que suprimir la circunscripción electoral provincial, sustituyéndola por una única circunscripción electoral nacional o federal, al igual que se hace para las elecciones europeas. Si en el Congreso de los Diputados se elaboran hoy leyes de aplicación nacional (en un futuro quizá leyes de aplicación federal), ¿qué sentido tiene que sean elegidos los diputados por provincias? Uno solo: favorecer los intereses de los partidos mayoritarios, bien implantados en provincias poco pobladas. Esta desproporción en la asignación de escaños que introduce la circunscripción provincial fue introducida ya por la primera ley electoral que promulgó Adolfo Suárez, todavía en régimen preconstitucional. Hoy, la mayor parte de la sociedad demanda un principio electoral más igualitario: un ciudadano (sea de donde sea), un voto.

Las elecciones autonómicas o estatales (en un supuesto Estado federal) y las elecciones al Senado o Cámara Alta deberían contar con la Comunidad Autónoma o Estado federado como circunscripción electoral, convirtiendo al Senado o Cámara Alta en una cámara territorial donde se adecuen las normas nacionales o federales a las normas autonómicas o estatales y viceversa. La provincia solo debería contar como circunscripción electoral para la formación de la Diputación Provincial, desvinculándola de las elecciones municipales; eso si no se suprimieran, directamente, dichas diputaciones.

Otra medida necesaria debería ser una mejor y mayor fiscalización pública de las campañas electorales de los partidos, para evitar la posible contraprestación por créditos recibidos en forma de medidas legislativas o ejecutivas que favorezcan ciertos intereses sectoriales, cuando no intereses particulares camuflados en aquellos. La financiación electoral podría ser pública, pero suprimiendo lo superfluo y excesivamente costoso a todos los partidos por igual. Para ampliar la participación política no solo se podría financiar la campaña a los partidos con representación sino también a los partidos sin representación. Unos y otros tendrían, en ese supuesto, que recoger un número determinado de avales para acceder a la financiación pública de sus campañas, número de avales que podría ser en todo caso superior al exigido actualmente para presentarse a las elecciones. De esa manera, partidos sin representación tendrían las mismas oportunidades de llegar a todos los electores que los partidos con representación. Así, la posibilidad efectiva de relevar a organizaciones, personas e ideas introduciría al menos la esperanza de cambios cuando los recambios también se agotan.

Para no limitar, sin embargo, el derecho a la participación, los partidos que obtuvieran avales para presentarse a las elecciones pero no para financiar públicamente su campaña, podrían optar a una financiación privada restringida a personas físicas, con un tope máximo como único donativo por persona, ingresado en una cuenta gestionada por la Administración Pública y en un plazo de tiempo concreto asignado para dicha captación de fondos. Lo recaudado por este procedimiento estaría limitado a la misma cantidad asignada a los partidos con financiación pública, de manera que todos tuvieran los mismos recursos, devolviendo el sobrante a los donantes particulares. La Administración Pública tendría la obligación de fiscalizar las cuentas asignadas a los partidos durante la campaña electoral, que tendrían que justificar cada gasto dentro del presupuesto público o privado asignado por igual a cada partido, pagando dichos gastos exclusivamente con el dinero de la cuenta asignada a tal efecto. Además, cualquier gasto pagado con dinero ajeno a la cuenta de financiación electoral sería inmediatamente invalidado. Este sistema requiere, por supuesto, un cuerpo administrativo de auditores pero, al reducir considerablemente el coste de las campañas y fiscalizarlas públicamente, se evitarían casos de corrupción como Filesa o Gürtel.

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