12 de octubre de 2010, 15:02
NUEVATRIBUNA.ES - 10.3.2010
La cooperación al desarrollo es una herramienta de justicia económico-social de carácter internacional, de las naciones desarrolladas, para impedir o paliar las nefastas consecuencias sociales y políticas que padecen los países encallados en la pobreza.
Dentro del Informe sobre Desarrollo Humano de la ONU Colombia ocupa el puesto 77, formando parte del grupo de países de 'Desarrollo Humano medio'. En el mismo grupo, pero por debajo, se sitúan Perú (78) y Ecuador (80). Y en el de 'Desarrollo Humano bajo' en la región latinoamericana, Bolivia ocupa el puesto 113, Guatemala el 122, y Haíti el 149.
Siete países latinoamericanos están en peores condiciones económicas que Colombia y, sin embargo, para la Comunidad de Madrid es el país con el que más 'coopera' desde el momento mismo en que Uribe asumió la presidencia, desmarcándose así de las prioridades de los Objetivos del milenio. Obviamente el problema son las formas en las que se “coopera” con el país suramericano. Jamás estaré en contra de que cualquier país en vías de desarrollo reciba ayuda. Menos aún cuando se trata de Colombia.
Pero es necesario denunciar que el Partido Popular en Madrid, según denuncian las ONG que trabajan sobre el terreno, confunde dedicar los dineros públicos, que éticamente están destinados a impulsar el desarrollo, con fortalecer los proyectos de empoderamiento socio-económico de los sectores más recalcitrantes de la derecha colombiana.
Esos sectores están personificados en el presidente Uribe, quien precisamente no puede dar lecciones de honestidad y justicia. El gobierno colombiano está condenado por violación sistemática de los derechos humanos por el Comité Interamericano de Derechos Humanos de la OEA, siendo responsable como poco de centenares de causas por asesinatos y violación de los derechos civiles de mujeres, hombres y niños.
A pesar de ello, la Comunidad de Madrid no tiene reparos en ayudar al proyecto “Conformación y fortalecimiento de organizaciones solidarias de las familias beneficiarias del Programa Familias Guardabosques”. El monto de las sucesivas ayudas se desconoce y lo mismo sucede con el proyecto “Guardabosques sostenible”, que ya se encuentra en la fase V de desarrollo y que año tras año es subvencionado. Son sólo dos ejemplos.
Desde el 2004 se han aprobado 48 proyectos de cooperación directa con el gobierno de Colombia. Es decir, es el segundo país que más recibe de la Comunidad y lo peor de todo es que esto sucede sin que tan siquiera se haga una evaluación.
Pero las piezas del puzzle van encajando cuando nos enteramos de que el gobierno de la Comunidad de Madrid ha exiliado en territorio colombiano al “alter ego” de la señora Aguirre y presunto implicado en el Caso Gürtel: el ex viceconsejero de Inmigración Carlos Clemente. Clemente ejerce en Colombia funciones de padrinazgo en el entramado gris de las diferentes entidades privadas, alentadas e irrigadas con los dineros de la cooperación de los contribuyentes madrileños.
Antes de su viaje, cuando era viceconsejero, financió a la Fundación Iberemprende, la cual recibió al menos dos cuantiosas subvenciones de la consejería para actividades en Colombia. Una, en el 2006, para el programa Antioquia emprende, por un total de 472.132 euros, y otra, en 2007, bajo el epígrafe Proyecto de formación para el autoempleo dirigido a mujeres en Colombia, por 150.000. Es decir, 600.000 euros en total. Dicha fundación fue creada en 2003, y al frente de su secretaría general se colocó a Pablo Collado, la presunta 'mano derecha' de Francisco Correa.
Guerrillas, paramilitares, sectores descontrolados de las fuerzas armadas y policía son la expresión del terrorismo que asola al pueblo colombiano. En ese marco de descomposición no cabe el oportunismo de alentar el conflicto, que es justamente lo que estaría ocurriendo si se demuestran los indicios de que se están detrayendo fondos públicos de la cooperación para el desarrollo para destinarlos a los aparatos de instrumentalización social de ese conflicto.
La decencia y la ética demandan hoy, por el bien del desarrollo económico y político de Colombia, una condena y aislamiento de todos los sectores que en el país suramericano empuñan las armas para imponer el terror y con ello sus intereses. Las guerrillas, las diversas organizaciones paramilitares y todos los grupos comprometidos con esos vándalos deben ser aislados y puestos en el dique seco. Ni un euro de la cooperación debe ser desviado a quienes apuntalan la guerra en Colombia.
Yolanda Villavicencio M. es diputada Socialista Asamblea de Madrid. Es licenciada en Económicas y Ciencias Empresariales, especialista en Cooperación Internacional al Desarrollo, especialista en Mujer y Desarrollo, máster en Migraciones y Relaciones Intracomunitarias y en los últimos ocho años ha dirigido la entidad AESCO, especializada en migraciones, cooperación al desarrollo y codesarrollo.
La cooperación al desarrollo es una herramienta de justicia económico-social de carácter internacional, de las naciones desarrolladas, para impedir o paliar las nefastas consecuencias sociales y políticas que padecen los países encallados en la pobreza.
Dentro del Informe sobre Desarrollo Humano de la ONU Colombia ocupa el puesto 77, formando parte del grupo de países de 'Desarrollo Humano medio'. En el mismo grupo, pero por debajo, se sitúan Perú (78) y Ecuador (80). Y en el de 'Desarrollo Humano bajo' en la región latinoamericana, Bolivia ocupa el puesto 113, Guatemala el 122, y Haíti el 149.
Siete países latinoamericanos están en peores condiciones económicas que Colombia y, sin embargo, para la Comunidad de Madrid es el país con el que más 'coopera' desde el momento mismo en que Uribe asumió la presidencia, desmarcándose así de las prioridades de los Objetivos del milenio. Obviamente el problema son las formas en las que se “coopera” con el país suramericano. Jamás estaré en contra de que cualquier país en vías de desarrollo reciba ayuda. Menos aún cuando se trata de Colombia.
Pero es necesario denunciar que el Partido Popular en Madrid, según denuncian las ONG que trabajan sobre el terreno, confunde dedicar los dineros públicos, que éticamente están destinados a impulsar el desarrollo, con fortalecer los proyectos de empoderamiento socio-económico de los sectores más recalcitrantes de la derecha colombiana.
Esos sectores están personificados en el presidente Uribe, quien precisamente no puede dar lecciones de honestidad y justicia. El gobierno colombiano está condenado por violación sistemática de los derechos humanos por el Comité Interamericano de Derechos Humanos de la OEA, siendo responsable como poco de centenares de causas por asesinatos y violación de los derechos civiles de mujeres, hombres y niños.
A pesar de ello, la Comunidad de Madrid no tiene reparos en ayudar al proyecto “Conformación y fortalecimiento de organizaciones solidarias de las familias beneficiarias del Programa Familias Guardabosques”. El monto de las sucesivas ayudas se desconoce y lo mismo sucede con el proyecto “Guardabosques sostenible”, que ya se encuentra en la fase V de desarrollo y que año tras año es subvencionado. Son sólo dos ejemplos.
Desde el 2004 se han aprobado 48 proyectos de cooperación directa con el gobierno de Colombia. Es decir, es el segundo país que más recibe de la Comunidad y lo peor de todo es que esto sucede sin que tan siquiera se haga una evaluación.
Pero las piezas del puzzle van encajando cuando nos enteramos de que el gobierno de la Comunidad de Madrid ha exiliado en territorio colombiano al “alter ego” de la señora Aguirre y presunto implicado en el Caso Gürtel: el ex viceconsejero de Inmigración Carlos Clemente. Clemente ejerce en Colombia funciones de padrinazgo en el entramado gris de las diferentes entidades privadas, alentadas e irrigadas con los dineros de la cooperación de los contribuyentes madrileños.
Antes de su viaje, cuando era viceconsejero, financió a la Fundación Iberemprende, la cual recibió al menos dos cuantiosas subvenciones de la consejería para actividades en Colombia. Una, en el 2006, para el programa Antioquia emprende, por un total de 472.132 euros, y otra, en 2007, bajo el epígrafe Proyecto de formación para el autoempleo dirigido a mujeres en Colombia, por 150.000. Es decir, 600.000 euros en total. Dicha fundación fue creada en 2003, y al frente de su secretaría general se colocó a Pablo Collado, la presunta 'mano derecha' de Francisco Correa.
Guerrillas, paramilitares, sectores descontrolados de las fuerzas armadas y policía son la expresión del terrorismo que asola al pueblo colombiano. En ese marco de descomposición no cabe el oportunismo de alentar el conflicto, que es justamente lo que estaría ocurriendo si se demuestran los indicios de que se están detrayendo fondos públicos de la cooperación para el desarrollo para destinarlos a los aparatos de instrumentalización social de ese conflicto.
La decencia y la ética demandan hoy, por el bien del desarrollo económico y político de Colombia, una condena y aislamiento de todos los sectores que en el país suramericano empuñan las armas para imponer el terror y con ello sus intereses. Las guerrillas, las diversas organizaciones paramilitares y todos los grupos comprometidos con esos vándalos deben ser aislados y puestos en el dique seco. Ni un euro de la cooperación debe ser desviado a quienes apuntalan la guerra en Colombia.
Yolanda Villavicencio M. es diputada Socialista Asamblea de Madrid. Es licenciada en Económicas y Ciencias Empresariales, especialista en Cooperación Internacional al Desarrollo, especialista en Mujer y Desarrollo, máster en Migraciones y Relaciones Intracomunitarias y en los últimos ocho años ha dirigido la entidad AESCO, especializada en migraciones, cooperación al desarrollo y codesarrollo.